Según publica La Nación La iniciativa es parte del acuerdo con los Estados Unidos que impulsa Sergio Massa; a quiénes excluye, qué impuestos fija y qué recompensas podrán conseguir los “colaboradores”; panorama adverso en el Parlamento.
El Poder Ejecutivo prevé girar hoy al Congreso un proyecto de ley de blanqueo denominado “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, que comprenderá a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Se trata de la iniciativa que Sergio Massa, intentó impulsar a fines de 2022 y luego anunció que se sancionaría durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso, sin éxito.
El ministro de Economía vuelve ahora a la carga, ante un panorama más complicado que el inicial: el proyecto deberá superar un Congreso paralizado por el año electoral, donde el Frente de Todos perdió fuerzas en ambas cámaras y aparece fragmentado, con un kirchnerismo reacio a aprobar cualquier iniciativa que lleve el membrete de Washington y el Fondo Monetario Internacional, y ante una oposición que difícilmente acepte un programa que impactará sobre el próximo gobierno. De hecho, la iniciativa aún no tiene siquiera el dictamen de legal de Presidencia, sin el cual no puede ser girada formalmente a Diputados.
Los bienes comprendidos en la iniciativa serán la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país o en el exterior, incluyendo créditos, detallaron fuentes del Palacio de Hacienda.
El proyecto es parte del acuerdo con los Estados Unidos que impulsa Massa. Se trata de la iniciativa de exteriorización de bienes que se analizó en paralelo a las negociaciones para un acuerdo de intercambio de información fiscal con Washington, que fueron completadas a fines del año pasado y que comenzaron formalmente a regir desde enero de este año.
Si supera el Congreso, el convenio le permitirá al Estado nacional contar con datos de ciudadanos argentinos con cuentas en ese país a partir de septiembre del año próximo. El panorama asoma complicado para las intenciones de Massa. “A seis meses de dejar el gobierno envían un proyecto de blanqueo de capitales. Lo principal para una iniciativa de este tipo es generar confianza (algo que DEMOLIÓ el oficialismo). ¿Quién va a querer entrar en un blanqueo de un gobierno que cae por un tobogán? ¿Algunos amigos?”, se preguntó Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR.
El proyecto abre un período de 360 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley para declarar “de manera voluntaria y excepcional” la tenencia de bienes en el país y el exterior. La iniciativa habilita a que una persona declare bienes que se encuentran a nombre de otras, cuando se trate de “su cónyuge, conviviente o de sus descendientes o ascendientes en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad”. No permite anotar bienes registrados a nombre de sociedades.
Entre los bienes no declarados que se podrán blanquear figuran pesos y moneda extranjera en el país o el exterior, activos financieros (desde acciones y bonos a criptomonedas y criptoactivos), muebles e inmuebles y créditos, también en el país y el exterior.
El proyecto solo habilita a declarar la tenencia de moneda extranjera “en países que cumplimenten normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo” y excluye “los países identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes”.
Además, el texto ordena depositar en una “cuenta ahorro argentino” el dinero no declarado que se encontraba en el país, pero no fija plazos para ese depósito. En otras palabras, se podría retirar una vez declarado y depositado. En el caso de moneda extranjera y activos financieros repatriados, deberán permanecer depositados entre uno y cinco años, según fije la AFIP.
Impuestos
El proyecto establece una escala creciente de impuestos según el momento en que se declaren los bienes que son repatriados: 5% en los primeros 120 días de entrada en vigencia de la ley, 10% en los siguientes 120 días y 20% en los últimos 120 días.
Si los bienes en el exterior no son repatriados, pagarán un 7,5% en los primeros 120 días de vigencia de la ley, 12,5% en los siguientes y 22,5 en el último tramo de 120 días. Para determinar la valuación de los bienes en moneda extranjera se tomará como referencia el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. Esto es, se usará la cotización oficial del dólar para quienes no declararon activos.
El proyecto establece que, al regular la ley, el Gobierno determinará cuál es el mínimo porcentaje de los activos en el exterior que deberán ser repatriados para evitar la carga adicional, “el que no podrá ser inferior al 10%”.
Beneficios
El proyecto de ley establece una serie de beneficios a quienes no hayan declarado dinero, activos financieros, bienes y créditos en el país y el exterior, y ahora se sumen al blanqueo. En principio, según el análisis realizado por Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, quedarán liberados “de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera, y sanciones administrativas”.
Además de no considerar incrementos patrimoniales no justificados, Domínguez señala que el proyecto libera también del pago “del impuesto a las ganancias, impuesto a las salidas no documentadas, a la transferencia de inmuebles de personas humanas y sucesiones indivisas, impuesto sobre los débitos y créditos, impuesto sobre los bienes personales, impuestos internos, el impuesto al valor agregado y la contribución especial sobre cooperativas”.
“En consecuencia, se verán beneficiaros quienes hayan incurrido en evasión de impuestos, en el incumplimiento a la exigencia de liquidación de divisas por exportaciones, entre otros”, señala Domínguez.
Tras recordar que el proyecto no impacta sobre el impuesto a la riqueza, el tributarista recomienda: “Quienes ingresen al blanqueo deben analizar, previamente, el impacto respecto a ese impuesto más intereses, multas y, eventualmente hasta la aplicación del Régimen Penal Tributario”.
Monotributistas
El proyecto también incluye a los monotributistas, que podrán blanquear hasta un máximo de US$50.000. Así, quienes estén comprendidos en el Régimen Simplificado y no estén alcanzados por el impuesto a la riqueza, podrán blanquear hasta el equivalente del 35% anual de su ingreso promedio en los últimos tres años, siempre por debajo de ese tope de US$50.000. Deberán abonar un impuesto especial del 1,5%.
La AFIP realizará un control ex post sobre el patrimonio, ingreso y consumo de los monotributistas “para verificar si la declaración voluntaria efectuada cumple con el requisito de monto máximo” blanqueado.
Delación premiada
El proyecto incluye la figura de “colaboradores y colaboradoras”, que deberán aportar información “veraz, confiable, conducente y sincera” para detectar activos no declarados a partir de la presentación de “documentación contable, títulos, balances, correos electrónicos, recibos y demás registros bancarios o financieros”.
Quienes firmen un “Acuerdo de Colaboración” con la AFIP podrán reclamar, a modo recompensa, hasta “el 20% del total de lo efectivamente recaudado por la AFIP o, si lo hubiera, un importe equivalente al 5% de los bienes exteriorizados, el que resulte inferior”. La recompensa estará exenta de todo impuesto.
Excluidos: funcionarios, condenados y quebrados
El proyecto deja afuera del blanqueo a los declarados en estado de quiebra, los condenados por delitos tributarios y aduanero, de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Cómo se exige una condena firme, que requiere un doble conforme, la aplicación de estas restricciones se reduce considerablemente.
También quedan excluidos funcionarios de los tres poderes del Estado y de organismos descentralizados, diplomáticos, efectivos militares y de seguridad, agentes de inteligencia, sus cónyuges, convivientes, padres e hijos.
Reservas
El proyecto de Massa señala que lo que se recaude con el blanqueo “será utilizado para fortalecer las reservas y para destinarlo a ‘Programas de Administración y Recompra de Deuda’ con la finalidad de mejorar el perfil de la deuda pública argentina”, en la siguiente proporción: 80% al Tesoro Nacional y 20% a “programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas que mejoren las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y la realización de obras, incluyendo las relacionadas con la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”. Un guiño a las organizaciones sociales aliadas al oficialismo y que tienen diputados en el Congreso. (La Nación)
