Según publica Clarín Carlos Rivolo no encontró financiamiento ni vínculos políticos de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. Críticas a la custodia de la vice.
Por: Lucía Salinas
El fiscal Carlos Rívolo pidió el cierre de la instrucción del caso que investigó el atentado contra Cristina Kirchner y que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo sean enviados a juicio oral acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no hay elementos que sustente la idea de un financiamiento político detrás del ataque y criticó el accionar de la custodia de la vicepresidenta.
En diciembre pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe secundario del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y la premeditación, en grado de tentativa.
Esa resolución se conoció poco después de que la jueza procesara a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, por diseñar y llevar adelante un “plan criminal” para “asesinar a Cristina Fernández de Kirchner”.
La pareja quedó procesada por ser coautores de “homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”.
Como no hubo apelaciones sobre estos dos últimos procesamientos, los mismos quedaron firmes y en condiciones de avanzar hacia la próxima instancia: su elevación a juicio. Sucedió que en el transcurso de estos meses, Cristina intentó apartar a la jueza en dos ocasiones y hasta tanto no se resuelvan esos planteos, el juzgado no dio por clausurada la investigación.
Pero la Cámara Federal porteña, que supervisa el trabajo de los jueces federales de instrucción, solicitó que se avance hacia la próxima instancia, al entender que la instrucción estaba concluida respecto a los responsables del ataque contra la vicepresidenta y que además, los tres responsables se encuentran detenidos.
En ese contexto se pidió la opinión del fiscal. En su dictamen de 197 páginas se analizó toda la prueba reunida, concluyendo que el caso debe elevarse el caso a juicio oral y público.
A la hora de analizar el cuadro de situación, se consideró finalizada la etapa de investigación que se concentra en los tres jóvenes detenidos y procesados, Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. El fiscal entendió que no hay elementos para atribuir a un espacio político el financiamiento del ataque, contradiciendo el planteo de la vicepresidenta respecto a que debe investigarse un móvil político en este caso.
“Toda la información analizada, incluida la de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) da cuenta que los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado”, se indicó en el requerimiento de elevación a juicio.
En reiteradas ocasiones, la defensa de Cristina insistió en la intencionalidad política del atentado, señalando que debe investigar a “quienes estaban detrás de los atacantes” financiando el atentado. La justicia no encontró ninguna prueba que respalde este criterio.
Al rechazar cualquier financiamiento externo -desde un espacio político opositor- para que se concrete el ataque, el fiscal continuó explicando: “Todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”.
En esa misma línea, Rívolo indicó que toda la prueba incorporada al caso “impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”.
Sin desconocer la “indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional”, remarca la fiscalía, “de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”.
En el punteo de las pruebas analizadas en base a las cuales se descartó un financiamiento como también un móvil político en el intento de homicidio, el fiscal añadió que “tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos y, como vimos en detalle, tampoco en sus movimientos financieros”.
Por ese motivo es que se aclaró que la actividad desplegada por los Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, “para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”.
El rol de la custodia
Respecto a los hechos bajo investigación, se hizo un particular análisis sobre el comportamiento de la custodia de la vicepresidenta.
El operativo de la custodia “tal como fue llevado a cabo y más allá de cuanto resulta objeto de las investigaciones penal (en la causa conexa) y administrativa, no logró disuadir, advertir ni evitar la actividad criminal desplegada por Sabag Montiel contra la Vicepresidenta de la Nación”, explicó el fiscal Rívolo.
Las secuencias grabadas por los videos aportados por los testigos también muestran cómo, una vez acaecido el intento de disparo, “los manifestantes entablan un forcejeo con Sabag Montiel, a quien se lo llega a observar mezclado entre la multitud, vistiendo un gorro de color oscuro”.
Recordó el representante del Ministerio Público Fiscal que fueron dos militantes quienes “aprehendieron (a Sabag Montiel) para ponerlo a disposición del personal policial y resguardaron el arma en el lugar del hecho”. No fue la custodia.
La inacción del personal de la Policía Federal abocado al cuidado y protección de Cristina Kirchner posibilitó que Sabag Montiel, “con los aportes de Uliarte y Carrizo -como se analizará a continuación- llevara a cabo su plan delictivo hasta el final, al accionar el gatillo con el arma de fuego, perfectamente apta para producir disparos, con la intención de dar muerte a la víctima, designio que no logró concretar”. (Clarín)
