Según publica Clarín Se armó con cruces de llamados y otros datos y es una de las pruebas centrales que tuvo el fiscal Rivolo para sostener que no hay un móvil político ni financiamiento ilegal a los implicados en el atentado.
Por: Lucía Salinas
Un informe de 19 páginas remitido al fiscal federal Carlos Rívolo fue una de las pruebas centrales en las que se basó para sostener que no hubo financiamiento externo ni el respaldo de ninguna organización política detrás del atentado del que fue víctima Cristina Kirchner. La vicepresidenta criticó la decisión del representante del Ministerio Público Fiscal de solicitarle a la jueza María Eugenia Capuchetti que cierre la investigación y envíe a juicio oral a los tres procesado y detenidos en la investigación.
“En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de (Brenda) Uliarte, (Fernando) Sabag Montiel y (Nicolás) Carrizo”, sostuvo Cristina Kirchner en una extensa carta publicada en sus redes sociales.
Continuó con sus críticas hacia la jueza del caso a quien buscó correr sin éxito en varias ocasiones: “No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investigará nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido. Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.
La causa se abrió con la carátula de tentativa de homicidio, pocas horas después del atentado que sufrió la vicepresidente el 1 de septiembre del año pasado. El fiscal Rívolo detalló en su dictamen 361 medidas de prueba que fueron contempladas y analizadas durante la instrucción del caso.
A la fecha hay tres personas detenidas, indagadas, procesadas y con las acusaciones en su contra, confirmadas por la instancia superior, la Cámara Federal de Apelaciones. Se trata de Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo -señalado como el “jefe de los Copitos-. El delito atribuido es la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación del hecho.
Esta estructura de hechos es el objeto central de este expediente que se abocó a determinar quiénes fueron los responsables de querer asesinar a Cristina Kirchner. La jueza María Eugenia Capuchetti procesó con diferencias de semanas a los tres jóvenes que permanecen presos desde el año pasado. Frente a este hecho, más la ponderación de las medidas de pruebas producidas, el fiscal Rívolo consideró que es tiempo de dar por concluida la pesquisa y avanzar hacia la próxima instancia: el juicio oral.
La decisión fue criticada por la vicepresidenta quien considera que no se investigó todo lo necesario para vincular los hechos de esta causa con la posible participación del espacio conocido como Revolución Federal, para sostener así la tesis de un ataque pergeñado desde ámbitos políticos opositores al kirchnerismo. En este punto refiere también a Nicolás Caputo como presunta responsable de financiar el atentado del que fue víctima.
Estos planteos fueron desestimados por el fiscal Rívolo: “Toda la información analizada, incluida la de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) da cuenta que los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado”, se indicó en el requerimiento de elevación a juicio.
Es decir: para el fiscal quien tiene delegada la investigación, el caso del intento de homicidio tiene tres responsables: Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, y por fuera de esa precaria estructura no hay más posibles vinculaciones, en función de las pruebas analizadas.
“Todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”, añadió el representante del Ministerio Público Fiscal.
En esa misma línea, Rívolo indicó que toda la prueba incorporada al caso “impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”.
Una prueba clave
¿En base a qué arribó a estas conclusiones? En su requerimiento, al momento de detallar las 361 medidas de pruebas, indica que en enero de este año recepcionó un informe del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El magistrado fue quien procesó a los integrantes de la agrupación Revolución Federal, entre ellos a su principal referente Jonathan Morel, por “organizar y tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas” a través de la violencia. Fueron procesados por incitación a la violencia sin prisión preventiva.
Es decir: en esa causa no se investiga un nexo político con el atentado a Cristina Kirchner, sino otro delito y dos jueces federales (Martínez De Giorgi y Capuchetti), junto a la Cámara federal porteña, coincidieron en sostener que jurídicamente, las causas deben tramitar por separado. Cristina Kirchner insiste en que esto tiene como único fin “garantizar impunidad, no averiguar la verdad”.
Entre sus fundamentos Rívolo dijo que ese informe que le fue remitido en el marco de la causa donde se investiga, en otro juzgado, a Revolución Federal, “no se dio con archivos que pudieran relacionarse con la vinculación de los integrantes de la agrupación” que lidera Morel, “y las personas imputadas en la causa “ que tiene a su cargo la jueza Capuchetti y que se concentra en el intento de homicidio contra la vice.
El fiscal agregó algo más de ese informe: “No se puede relacionar ni vincular la participación de aquellas persona (los jóvenes detenidos por el atentado) en actividades de la agrupación”.
Se trata de un análisis que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), para el cual se compulsó la extracción forense correspondiente al servicio de almacenamiento “Google Drive” de Jonathan Morel, uno de los líderes de la agrupación “Revolución Federal”.
Las conclusiones
Son cuatro los puntos que conforman las conclusiones de ese análisis: Uno de los puntos del análisis de ese drive debía responder si más allá de Sabrina Basile, Gastón Guerra y otras personas “han tomado parte en la agrupación Revolución Federal, estableciendo desde qué fecha lo hicieron y a qué eventos efectivamente concurrieron, determinando cuál fue su participación en aquellos”.
Los técnicos indicaron: “Si bien de algunas de las imágenes y videos destacados se desprende que personas concurrirían o no a las marchas organizadas por los miembros de “Revolución Federal”, resulta imposible determinar con exactitud quiénes efectivamente concurrieron y quiénes no a determinadas manifestaciones. Podría desprenderse que personas formaron parte de las diferentes manifestaciones, y de qué manera lo hicieron”.
Se pidió determinar la participación de “terceras personas en actividades vinculadas al financiamiento de la agrupación Revolución Federal, a través de aportes, incentivos o cualquier tipo de beneficio otorgado para concretar su formación o para promover su actuación en contra de determinados funcionarios, para lo cual debería tenerse en consideración la cronología de eventos”.
¿Qué se respondió al respecto? “Si bien no se logró determinar la financiación de la agrupación por parte de terceras personas, se destacaron fotografías y documentación que dan cuenta de transferencias bancarias, recibos y facturas donde se observa la presencia del Fideicomiso Espacio Añelo en transacciones por elevados montos de dinero”. Es éste punto el que destaca Cristina Kirchner para decir que parte de estos fondos se destinaron al financiamiento del ataque perpetrado en su contra.
Sin embargo, cuando el informe tuvo que determinar la vinculación de los integrantes de la agrupación Revolución Federal con los imputados en la causa que lleva como carátula tentativa de homicidio, se indicó que “no se dio con archivos que pudieran relacionarse con la vinculación de los integrantes de la agrupación Revolución Federal y las personas imputadas en la causa” a cargo de Capuchetti.
Tampoco se logró determinar que los tres jóvenes detenidos por el intento de homicidio contra la vicepresidenta, hayan participado de actividades organizadas por Revolución Federal.
El planteo del fiscal
Sin desconocer la “indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional”, remarca la fiscalía, “de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”.
En el punteo de las pruebas analizadas en base a las cuales se descartó un financiamiento como también un móvil político en el intento de homicidio, el fiscal añadió que “tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos y, como vimos en detalle, tampoco en sus movimientos financieros”.
Por ese motivo es que se aclaró que la actividad desplegada por los Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, “para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”. (Clarín)
