Mediante un comunicado firmado por Ricardo Nissen, titular de la IGJ, se subraya que las recientes declaraciones de Bullrich solo confirman la veracidad de las conclusiones que llevaron a la intervención del IEES. Según el documento, Bullrich admitió que utiliza la asociación como una forma de obtener ingresos propios, lo cual está prohibido debido a la naturaleza de la entidad jurídica involucrada.
Nissen desmiente la acusación de “persecución política” realizada por Bullrich y explica que el Juzgado Nacional Civil número 28 reconoció la facultad de la IGJ para solicitar la intervención de entidades en resguardo del interés público. Sin embargo, el juzgado determinó que la competencia para tomar dicha medida recae en el Ministro de Justicia. Esta resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, Sala M.
En base a esta competencia, y ante la solicitud de la IGJ, el Ministro de Justicia, Martín Soria, dispuso la intervención del instituto, según detalla la respuesta.
Nissen afirma que la información y documentación utilizadas para el dictamen sobre las irregularidades económicas en el IEES fueron proporcionadas por la propia institución, incluyendo copias de libros sociales y documentación contable, con la cual se formaron 19 cuerpos.
Con base en esta documentación, la IGJ concluyó que el Instituto presidido por Bullrich experimentó un crecimiento exponencial en sus ingresos durante el año 2022 en comparación con ejercicios anteriores. Los ingresos de la institución pasaron de $741,93 en 2019 a $488.989,70 en 2020, $7.942.106,69 en 2021 y aproximadamente $90.000.000 en 2022. Algunos de estos ingresos estaban relacionados con almuerzos y cenas, y la gran mayoría se refería a la organización de seminarios sin especificación de temática, lugar ni fecha de realización.
En cuanto a los egresos, se constató que se realizaron gastos millonarios destinados a financiar traslados, alojamientos y logística de la campaña política tanto en el país como en el extranjero. Además, se abonaron servicios de consultoras (encuestadoras) y honorarios de profesionales y colaboradores de la precandidata.
La respuesta de la IGJ asegura que las actuaciones estuvieron en todo momento a disposición de los interesados, garantizando el debido procedimiento administrativo. (Agencia OPI Santa Cruz)
Con información de NA
