La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó formalmente que se rechace la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante la Justicia para evitar una auditoría de sus fondos, e inició una recusación sin causa contra el juez contencioso administrativo federal Diego Cormick. La recusación fue acompañada de un escrito presentado por Miguel Blanco, titular de la SIGEN, quien argumentó que impedir la auditoría comprometería el interés público al dificultar la fiscalización de los recursos públicos destinados a la universidad.
Con esta recusación, el expediente fue enviado por Cormick a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá realizar un nuevo sorteo para designar al juez que continuará con la causa.
El conflicto comenzó el pasado 28 de octubre, cuando la UBA solicitó a la Justicia una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para evitar la auditoría programada por la SIGEN. En su demanda, la universidad sostuvo que la auditoría carece de competencia constitucional y violaría tanto sus derechos como su autonomía. En este sentido, la UBA pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07, que habilita la auditoría de los recursos que la Nación le transfiere a la universidad. Según la UBA, este decreto es incompatible con principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en diversas normativas y estatutos universitarios.
Por su parte, la SIGEN enfatizó que su función es “auditar, no intervenir” y que el objetivo de la auditoría es transparentar la gestión de los recursos públicos, sin afectar la autonomía académica de la universidad. En su respuesta al juez, el organismo señaló que la auditoría se limitaría a verificar el uso de los fondos otorgados por el Tesoro Nacional, excluyendo los planes de estudio y otros ingresos propios de la universidad, y subrayó que el proceso no generaría costos adicionales para la UBA.
Blanco, respaldado por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, advirtió en su presentación judicial que “impedir que la SIGEN audite los fondos que el Tesoro Nacional le gira a la UBA implica un grave perjuicio al interés público”. Asimismo, sostuvo que el bloqueo de la auditoría dejaría sin fiscalizar el uso de los “cuantiosos recursos asignados” a la universidad, comprometiendo la transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.
La UBA argumentó en su demanda que esta auditoría podría interpretarse como una intervención encubierta y reclamó que se ordene tanto al Poder Ejecutivo como a la SIGEN que se abstengan de realizar cualquier tipo de control interno en la universidad. Según la UBA, el decreto en cuestión vulnera disposiciones de la Constitución Nacional, así como artículos de la ley de educación superior y su estatuto universitario.
En las próximas semanas, la Cámara Contencioso Administrativo Federal deberá decidir cuál será el nuevo magistrado que tome la causa, mientras que el gobierno y la UBA permanecen en una disputa que podría sentar precedentes sobre los límites de la auditoría estatal en el ámbito universitario. (Agencia OPI Santa Cruz)
