El Gobierno nacional oficializó la primera modificación del año en el presupuesto, redistribuyendo recursos para reforzar áreas clave como educación, seguridad y salud. La decisión fue establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el marco de la emergencia pública ratificada en la Ley Bases.
Según el texto oficial, el ajuste presupuestario responde a la necesidad de garantizar la prestación de servicios esenciales y asegurar una administración eficiente de los recursos del Estado. Entre los cambios más relevantes, se restableció la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.
Además, se reforzó el presupuesto del Ministerio de Seguridad para supervisar y monitorear a personas procesadas y condenadas, mientras que en Salud se incrementaron partidas para garantizar el funcionamiento del sistema y continuar con auditorías de pensiones por invalidez laboral.
En el área de energía, el decreto redujo las transferencias a CAMMESA y aumentó los fondos destinados a ENARSA, específicamente para la obra de aprovechamiento hidroeléctrico en el río Santa Cruz. También se habilitó un régimen especial para regularizar deudas con generadoras eléctricas y se facilitó el endeudamiento externo de las provincias.
Otro punto destacado del DNU es la posibilidad de que el Estado nacional utilice bienes inmuebles sin destino específico para saldar deudas con las provincias, con el objetivo de reducir el gasto público en mantenimiento de activos considerados no esenciales.
El decreto también contempla pagos de aportes internacionales, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como ajustes en el financiamiento de haberes militares y la Casa de Moneda. (Agencia OPI Santa Cruz)