Tras la simulación de renuncia a los fueros de Fernando Españón, la Cámara le extendió un salvoconducto al diputado forzando la Constitución

(Por: Rubén Lasagno) – Hoy jueves 13 de marzo, ingresó a la Cámara de Diputados, el pedido del Juez de la Cámara en lo Criminal de 1° Instancia, de desafuero del diputado Fernando Españón por los delitos de Abuso sexual y abuso de autoridad para ser tratado sobre tablas.

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Sin embargo, la presidencia de la Cámara ingresó un documento donde en sus considerandos toma como válida la presentación realizada por el diputado Fernando Españón donde “pone en conocimiento su renuncia indeclinable a los fueros”, señala el documento y alude a lo establecido en el Artículo 96 de la Constitución provincial y remata diciendo “del mismo modo informa que seguirá desempeñando su labor como diputado provincial”.

Y luego dice que a fin de “regularizar la situación”, se deberá proceder a aceptar la renuncia del diputado “ad referendum” del Cuerpo “quienes deberán ratificar el procedimiento que aquí se dispone”.

Por tal motivo y en base a esos fundamentos forzados y claramente en contra de cualquier normativa legal de la provincia y procedimiento de la Cámara, el presidente de la Legislatura “resolvió” (ad referendum) “tomar conocimiento de la renuncia de Español a sus fueros”, “Declarar en abstracto el tratamiento del oficio judicial 535/25 “en virtud del Artículo 1° de la presente” y en el tercer artículo, comunicarlo a la Cámara en lo Criminal de 1° Instancia.

Salvarlo a cualquier precio

Claramente el instrumento firmado por Fabián Leguizamón es absolutamente anticonstitucional por donde se lo mire. Los diputados del Frente para la Victoria lo expusieron como tal en el recinto, sin embargo, no es ese partido el mejor ejemplo de constitucionalidad que haya dado Santa Cruz en los últimos 30 años.

Aún así y tal como lo habíamos adelantado con suficiente antelación, era obvio que el gobierno encubriría a Fernando Españón y así acaba de hacerlo, aún forzando cualquier tipo de mecanismos legales/institucionales de orden interno de la legislatura, del Códogo de Procedimiento Penal y de la propia Constitución provincial.

El Art 96 de la Constitución a que hace alusión la nota de la presidencia de la Cámara de Diputados dice expresamente:

Artículo 96.- Ningún Diputado podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, salvo el caso de flagrante delito no excarcelable, en cuyo caso el Juez de la causa deberá informar a la Cámara con remisión de las actuaciones dentro de los cinco días, debiendo ésta en igual término resolver si allana los fueros del procesado. Si resolviere lo contrario o no se expidiere en término, este recuperará su libertad.

En ningún caso la Constitución provincial dice o siquiera insinúa que un diputado puede unilateralmente renunciar a sus fueros y mucho menos seguir en el cargo. Está claro que quien decide sobre sus fueros y su permanencia en el cargo es la Cámara de Diputados y obviamente una Resolución de la Presidencia de la Legislatura que toma una decisión tajante y encubridora hacia un diputado, es absolutamente ilegal y anticonstitucional.

Tal como lo resume el texto de la resolución firmada por el presidente del Cuerpo, la presidencia le ordena a los diputados  que acepten la presentación de Españón (se deberá proceder a aceptar la renuncia a los fueros…) y como si esto fuera poco, después de indicar que se ponía “ad referendum” de la Cámara, el texto ordena expresamente a los diputados que deben aprobarlo (quiénes deberán ratificar el procedimiento que aquí se dispone).

Es decir, la presidencia de la Cámara toma a su cargo una función que no le corresponde, coloca una valla entre Españón y los diputados que deben decidir sobre su desafuero y les dice a todos los diputados que ya está decidido el salvataje del diputado y que todos ellos deben acatar las órdenes que baja la presidencia de la legislatura. Algo más inconstitucional y antidemocrático que esto, no se conoce.

Un baldón más

Si lo anterior parece sacado de un código surrealista de una republiqueta centroamericana de los años 80, el Artículo 2 de la Resolución de la Presidencia de la Cámara es mucho más grave.

Declara abstracto el tratamiento del Oficio Judicial 535/25, por el cual la justicia le pide a la Cámara de Diputados proceda a quitarle los fueros a Fernando Españón.

Por definición jurídica “Declarar algo en abstracto significa que no hay materia sobre la cual operar, o que el agravio a los derechos ha desaparecido”.

Es decir que, unilateralmente, la presidencia de la Cámara desechó el pedido del juez, entendiendo que no hay forma de que dicho pedido sea posible, por cuanto la Resolución tomada unilateral e ilegalmente por el Presidente de la Cámara, donde reconoce la renuncia personal y unilateral del propio diputado a sus fueros (solo a sus fueros) es suficiente y fundamental.

Por lo tanto, esta Resolución interna, no solo incumple y anula una decisión judicial sino que, constituye una clara alteración de la división de Poderes. Los diputados, finalmente, no lo aceptaron y fue desconocido. Como era de esperar, Fernando Españón ha sido encubierto (transitoriamente) por el gobierno provincial, sin embargo, habrá que ver las repercusiones posteriores que tendrá esta maniobra burda y excéntrica que han tomado en la desesperación por salvarle el pellejo a un partidario que cometió delitos y el costo político que esto le acarreará, tanto al presidente Fabián Leguizamón, como a los diputados del oficialismo y al propio Gobernador Claudio Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)