El Gobierno nacional avanza con la implementación de un nuevo esquema de subsidios energéticos, que comenzará a aplicarse antes de fin de año, tras el reciente acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo de esta medida es acelerar el ajuste del gasto público y avanzar hacia una mayor desregulación del sistema energético, en línea con los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei.
La estrategia contempla el reemplazo del actual sistema de segmentación por niveles de ingresos —que divide a los usuarios en tres categorías— por un esquema más acotado que otorgará subsidios únicamente a los hogares en situación de vulnerabilidad. De esta manera, aproximadamente tres millones de usuarios de clase media quedarán excluidos de los beneficios en la tarifa de electricidad y comenzarán a afrontar un costo mayor por el servicio.
La Secretaría de Energía, conducida por María Carmen Tettamanti, ya comenzó a aplicar una reducción progresiva en los descuentos que perciben los usuarios residenciales en sus facturas. Actualmente, los usuarios están clasificados en Nivel 1 (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios). Hasta diciembre, el sistema contaba con 9,5 millones de usuarios eléctricos subsidiados, de los cuales 6,3 millones pertenecían al Nivel 2 y 3,2 millones al Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas natural, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones: 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3, según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Con la nueva reestructuración, el Estado buscará reducir considerablemente el gasto en subsidios energéticos. De acuerdo con estimaciones del FMI, este gasto pasará del 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024 al 0,5% en 2025. Este recorte se alinea con las metas fiscales impuestas en el programa firmado con el organismo multilateral.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, las tarifas de electricidad han registrado un incremento del 264%, mientras que las de gas natural aumentaron un 622%, según cifras del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet. Esta actualización de precios forma parte de un proceso más amplio de normalización tarifaria, que busca reducir distorsiones y aumentar la eficiencia del sector.
En paralelo al rediseño del régimen de subsidios, el Gobierno se propuso avanzar con una reforma del mercado mayorista eléctrico antes de noviembre. Como parte de ese plan, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que autoriza a las empresas energéticas a celebrar contratos de forma directa, sin la intermediación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Esta medida apunta a restablecer un sistema de libre contratación y a fomentar la competencia dentro del mercado energético, además de aliviar la presión financiera sobre la cadena de pagos del sector. (Agencia OPI Santa Cruz)