El 3 de mayo de 2012, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría la ley que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, formalizando su expropiación. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y defendida en el recinto por Axel Kicillof, había sido avalada semanas antes por el Senado con 63 votos afirmativos y solo tres en contra. Trece años después, el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordena al Estado argentino indemnizar con US$ 16.100 millones por esa operación, reavivó el debate sobre aquella votación parlamentaria y puso en foco la responsabilidad política compartida.
En la Cámara baja, el proyecto recibió 208 votos afirmativos y reflejó un respaldo transversal que incluyó no solo al oficialismo del Frente para la Victoria, sino también a sectores de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur, GEN, Nuevo Encuentro, y distintos bloques provinciales. Entre quienes votaron a favor estuvieron referentes kirchneristas como Agustín Rossi, Héctor Recalde, Andrés Larroque y Mayra Mendoza, pero también peronistas que luego se distanciaron del espacio, como Omar Perotti y Felipe Solá. Del lado opositor, acompañaron radicales como Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri y Ricardo Buryaile, además de dirigentes como Victoria Donda, Pino Solanas, Gerardo Morales y Luis Juez.
En el Senado, el respaldo incluyó a todo el bloque oficialista, y a figuras que luego formarían parte de gobiernos opositores. Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz, Luis Naidenoff y Gerardo Morales votaron afirmativamente. Solo tres senadores se opusieron: Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Liliana Negre de Alonso.
La lista completa de legisladores que votaron a favor de la expropiación da cuenta del consenso político que en ese momento existía alrededor de la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”, en un contexto en el que la política energética nacional era eje central del discurso oficial.
Sin embargo, el fallo adverso en los tribunales de Nueva York trajo consecuencias económicas significativas y abrió la puerta a reproches políticos cruzados. Desde el oficialismo actual, el Gobierno de Javier Milei reaccionó al dictamen de Preska atribuyéndolo exclusivamente a la decisión “irresponsable” del kirchnerismo, apuntando directamente contra Kicillof, quien había sido el principal artífice técnico y político de la nacionalización.
En ese marco, en redes sociales comenzaron a circular intervenciones de legisladores que en 2012 apoyaron la medida y hoy integran o respaldan al oficialismo libertario. Uno de los discursos más replicados fue el del entonces senador cordobés Luis Juez, hoy aliado de La Libertad Avanza, quien en su momento celebró la estatización como un acto de “revancha histórica”. “¿Quién se puede oponer a nacionalizar el autoabastecimiento de hidrocarburos?”, expresó en esa sesión del 19 de abril de 2012. “Ojalá mi viejo me esté mirando”, dijo conmovido.
Esa pieza oratoria resurgió como símbolo de las contradicciones políticas que expone el presente. Lo mismo ocurrió con otros legisladores que, habiendo votado a favor, hoy integran espacios que critican duramente la expropiación. (Agencia OPI Santa Cruz)