Una reciente decisión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desató una ola de protestas ciudadanas en diversas ciudades del país y generó reacciones de preocupación en el ámbito internacional, incluyendo al G7 y la Unión Europea. La medida en cuestión es la promulgación de una ley que modifica de manera sustancial el funcionamiento de los principales organismos anticorrupción del país, en particular la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP).
El nuevo marco legal, firmado por Zelenski, elimina la independencia de la NABU, un organismo clave en el sistema de control institucional ucraniano y respaldado históricamente por Estados Unidos y socios europeos. La normativa establece que la SAP quedará completamente subordinada al fiscal general, quien a partir de ahora tendrá la facultad de supervisar las investigaciones en curso, ordenar el traslado de casos a la NABU y emitir directrices directas al organismo.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Según reportes de medios internacionales, miles de personas se manifestaron en ciudades como Kiev, Leópolis (Lvov), Odesa y Dnipró, entre otras. En la capital, más de mil personas se congregaron frente a la sede de la presidencia para expresar su rechazo a la ley. “Vergüenza”, “veta la ley” y “Zelenski es un demonio” fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, en lo que algunos analistas describen como una de las protestas más significativas contra el mandatario desde el inicio de la guerra con Rusia en febrero de 2022.
La reacción internacional también fue contundente. Los embajadores del G7 —grupo integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— junto con representantes de la Unión Europea, difundieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por la erosión de la independencia institucional en Ucrania. “Todos compartimos el compromiso de apoyar la transparencia, la independencia de las instituciones y la buena gobernanza, y valoramos nuestras alianzas en Ucrania para combatir juntos la corrupción”, afirmaron.
Desde Bruselas, la Comisión Europea también expresó inquietud por los posibles efectos de la reforma en el camino de reformas institucionales de Ucrania. El portavoz comunitario Guillaume Mercier subrayó que las instituciones afectadas son esenciales para mantener la confianza pública y garantizar un combate efectivo contra la corrupción, uno de los compromisos asumidos por Kiev en el proceso de acercamiento a la Unión Europea.
La ley firmada por Zelenski abre un nuevo frente de tensión, tanto en el plano interno como en las relaciones del gobierno ucraniano con sus principales aliados occidentales, en un momento particularmente delicado en medio del conflicto armado con Rusia y la necesidad de sostener el respaldo político, económico y militar de la comunidad internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)