A escasos días de que venza el plazo judicial, ninguno de los condenados en la Causa Vialidad, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, ha devuelto los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado. El próximo 13 de agosto es la fecha límite establecida para que se depositen los fondos en una cuenta especial del Banco Nación. Hasta el momento, ni Cristina Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el ex secretario de Obras Públicas José López han realizado pago alguno.
Si no se concreta el pago para la fecha límite, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia introduce una nueva posibilidad: que parte de estos inmuebles se destinen a uso institucional. La resolución de los ministros del máximo tribunal permite que “este Tribunal puede afectar o asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados” para su uso directo o para ser cedidos al Consejo de la Magistratura. Esto podría significar que algunas propiedades se conviertan en oficinas judiciales, depósitos o espacios para programas públicos, en lugar de ser subastadas de inmediato.
En el caso de la expresidenta, que fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país, como activos a subastar. La situación legal de estos bienes es compleja, ya que muchos están a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y están embargados en la causa Hotesur – Los Sauces. Los fiscales sostienen que la causa Vialidad, al tener sentencia firme, tiene prioridad para ejecutar la subasta. Incluso se trabaja en un segundo listado de propiedades.
La acordada de la Corte también contempla la opción de ceder temporalmente los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para destinarlos a programas de utilidad social, como educación, salud o asistencia a víctimas. La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.° 2, concluyó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron fraudulentamente contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que generó un millonario perjuicio al Estado. Ahora, la pulseada judicial se centra en el destino final de esos bienes. (Agencia OPI Santa Cruz)
Falta MARCOS MULLER que le saquen todo lo que tiene es de la corrupción.