En una sesión que se perfila como un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y las provincias, el Senado de la Nación buscará el próximo jueves rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley sobre el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La agenda, definida este martes en una reunión de Labor Parlamentaria, también incluye el tratamiento para convertir en ley tres iniciativas de alto impacto social: la Ley Nicolás, el Sistema de Alerta Sofía y el agravamiento de penas para siniestros viales.
El principal foco de tensión política de la sesión, convocada para las 11 de la mañana, será la insistencia con la ley de ATN, un proyecto impulsado por los gobernadores que en su tratamiento original obtuvo 56 votos afirmativos en la Cámara alta. A pesar de los intentos que pueda realizar el Ejecutivo para recomponer vínculos en las próximas horas, el oficialismo parece resignado a una derrota en el Senado y apunta sus fichas a la Cámara de Diputados, considerada un “territorio menos hostil” donde intentará negociar para desactivar la embestida de los mandatarios provinciales.
Junto al debate por los fondos federales, el temario incluye la sanción definitiva de la Ley Nicolás, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde diciembre de 2023 y tiene como objetivo principal evitar casos de mala praxis y diagnósticos médicos erróneos, a raíz del caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció por una meningitis no detectada a tiempo.
Asimismo, se buscará convertir en ley el Sistema de Alerta Sofía, a través de un dictamen que unifica dos proyectos del senador Juan Carlos Romero. La iniciativa crea un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas y formaliza el Programa Alerta Sofía, establecido en 2019, para la difusión urgente de casos de menores extraviados. El proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Búsqueda de Personas y establece que la alerta se activará dentro de las seis horas de realizada la denuncia en casos de extrema gravedad.
Finalmente, los senadores tratarán un proyecto que endurece las penas por siniestros viales. La propuesta eleva la condena por causar una muerte al volante de dos a cinco años de prisión. La pena se agrava a un rango de cuatro a ocho años de cárcel si el conductor hubiera consumido estupefacientes o alcohol, excedido en un 30% la velocidad máxima permitida o no estuviera habilitado para conducir. La sesión fue confirmada tras la reunión de Labor Parlamentaria presidida por el Presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala. (Agencia OPI Santa Cruz)