Gobierno apura ley de regularización de armas de fuego

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La Libertad Avanza busca firmar dictamen este miércoles en un plenario de comisiones para convertir en ley el proyecto de regularización de tenencia de armas. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, pretende prorrogar el programa de entrega voluntaria y destrucción de material bélico hasta finales de 2027.

Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior sellan el trámite legislativo para que el texto llegue al recinto en la primera semana de mayo. El oficialismo, encabezado por Gonzalo Guzmán Coraita y secundado por la radical Carolina Losada, citó al Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, para defender los alcances técnicos de un sistema que promete digitalizar el registro de usuarios.

El proyecto, enviado al Congreso el 15 de mayo de 2024 por el Presidente Javier Milei y la entonces ministra Patricia Bullrich, establece una serie de beneficios administrativos para quienes posean armamento sin declarar:

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  • Trámite virtual: Procedimiento de declaración ágil para regularizar la tenencia legítima.
  • Exención de idoneidad: Si la Credencial de Legítimo Usuario se renueva 90 días antes de vencer, no se exige revalidar el manejo de armas ante la ANMaC.
  • Amnistía temporal: Plazo de 360 días para presentarse ante el organismo sin consecuencias legales por la posesión no autorizada.

Juan Pablo Allan insistió en que el programa de entrega voluntaria se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. El mecanismo ofrece un incentivo económico mediante un cupón canjeable por efectivo para quienes decidan entregar sus armas de forma anónima. “El arma entregada se inutiliza de forma inmediata frente al usuario”, ratificó la ANMaC sobre el protocolo que finaliza con la fundición de las piezas en hornos de alta temperatura.

Bajo este esquema de “blanqueo”, el sistema filtrará los números de serie para detectar piezas con pedido de secuestro, las cuales quedarán a disposición de la Justicia. La normativa bajo análisis se limita estrictamente a la tenencia legítima y no modifica las restricciones vigentes para la portación, reservada exclusivamente para fuerzas de seguridad y personal privado autorizado. (Agencia OPI Santa Cruz)

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