Nueve entidades productivas exigen la sanción de la Ley de Salvataje Nacional frente al aumento sostenido de las tarifas eléctricas y la contracción de la demanda.
Las organizaciones empresariales presentaron en la Cámara de Senadores un proyecto de salvataje destinado al entramado productivo nacional. La iniciativa parlamentaria exige la declaración formal de la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las MiPyMEs.
El texto legal, registrado en las mesas de entrada bajo el expediente S. 611/26, plantea una intervención legislativa directa ante el deterioro de los márgenes de rentabilidad. Los representantes de la industria delinean un paquete de medidas para evitar la desaparición de las unidades de negocios.
De acuerdo a la documentación parlamentaria, las acciones exigidas incluyen:
- Reducir los costos energéticos.
- Aliviar la carga fiscal actual.
- Facilitar el financiamiento corporativo.
- Regularizar las deudas tributarias.
- Evitar concursos preventivos, quiebras o cierres definitivos.
Nueve legisladores respaldan la iniciativa en los pasillos de la cámara alta. Las firmas de Martín Soria, Sergio Uñac, Jorge Capitanich, Cristina López, Florencia López, Carlos Linares, Alicia Kirchner, José Mayans y Fernando Salino acompañan el pedido. La inclusión de los representantes patagónicos Kirchner y Linares blanquea el impacto de la crisis operativa en las provincias del sur.
Los senadores redactaron el articulado tras auditar la situación con las mesas directivas del sector. Las negociaciones incluyeron a los referentes de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Pro Tejer y la Confederación Federal PyME Argentina.
El bloque corporativo también integra a los directivos del Centro de Industriales Panaderos del Norte (CIPAN) y la Unión Industrial de Berazategui. La lista de entidades adherentes incorpora a la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero, la Cámara Argentina de la Industria del Calzado y la Cámara de Industriales Fundidores.
Los dirigentes denuncian ante los bloques legislativos la parálisis aguda del sector manufacturero y comercial. El diagnóstico empresario expone los siguientes datos de la crisis:
- Caída del consumo interno.
- Aumento de las tarifas de servicios.
- Presión impositiva insostenible.
- Falta de crédito bancario.
- Apertura importadora.
- Pérdida de rentabilidad general.
- Aceleración de los concursos preventivos.
- Incremento de los pedidos de quiebra y cierre de establecimientos.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expuso la necesidad de tratar esta emergencia como una prioridad nacional ineludible. El dirigente reclama una reacción legislativa frente al desmantelamiento fabril.
“Cada fábrica que cierra no es solo una empresa menos“, declaró Rosato al defender el expediente S. 611/26.
“Son trabajadores que pierden su empleo, proveedores que dejan de vender, comercios que venden menos y comunidades enteras que se ven afectadas“, detalló el titular de IPA.
“Por eso necesitamos que la política escuche a quienes producen“, sentenció Rosato. (Agencia OPI Santa Cruz)