(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella vetó este lunes una ley que buscaba prohibir los cortes de servicios por falta de pago.
La Legislatura provincial había sancionado un proyecto que prohibía el corte de suministro eléctrico, agua potable y gas natural a usuarios residenciales por falta de pago, durante el período invernal.
Mediante el decreto provincial 881/26, Melella vetó la ley de Prohibición de Corte de Suministro de Energía Eléctrica, Agua Potable y Gas Natural que fue sancionada el 30 de abril.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto disponía “la prohibición del corte del suministro, el retiro de conexiones domiciliarias o de medidores de los servicios esenciales de energía eléctrica, gas natural y agua potable a usuarios residenciales por falta de pago, extendiéndose tal restricción entre el 1° de junio y el 30 de septiembre de cada año”.
La ley prohibía además “la retracción de los cuadros tarifarios de los servicios de energía eléctrica y agua potable a los valores vigentes al 1° de diciembre de 2025”, estableciendo incluso “un mecanismo de revisión legislativa previa para cualquier incremento futuro de tarifas”.
Desde el Poder Ejecutivo se solicitaron informes técnicos al Ministerio de Energía, a la Dirección Provincial de Energía, a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y todos coincidieron “sobre la volatilidad de las variables económicas, el financiamiento energético a nivel nacional y la fragilidad del suministro”.
Entre los argumentos, Melella señala que es potestad del Poder Ejecutivo y el medio “elegido deviene irrazonable”, al considerar que la ley “no solo invade esferas constitucionales reservadas al Poder Ejecutivo, sino que además resulta inequitativa”.
La ley “tampoco contempla el caso de conexiones irregulares, fraude, manipulación de medidores o uso indebido”, lo cual “compromete la ecuación económico-financiera y pone en riesgo la intervención de las prestatarias ante tales situaciones”.
A su vez, añade que el decreto “carece del rigor presupuestario exigido constitucionalmente”, ya que imponía “una prohibición estacional absoluta de corte de servicios públicos para todo el universo residencial” sin prever “fondos correctivos o mecanismos de compensación financiera necesarios para evitar el descalabro fiscal de los entes prestadores”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)