El máximo tribunal de justicia rechazó los recursos de las defensas y ratificó la actualización del monto económico que los condenados deberán pagar solidariamente al Estado nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el decomiso de $684.990.350.139,86 sobre los bienes de Cristina Kirchner, expresidenta de la Nación, y Lázaro Báez, empresario de la construcción. La decisión judicial fue adoptada el 2 de julio de 2026 por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Los magistrados desestimaron los planteos de las defensas mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La medida habilita la ejecución económica contra los condenados por administración fraudulenta en la causa Vialidad, radicada originalmente en la provincia de Santa Cruz.
El Tribunal Oral Federal N° 2 estableció un decomiso inicial de $84.835.227.378,04 en la sentencia condenatoria. Según el expediente administrativo, el fallo dispuso que la suma fuera ajustada al adquirir firmeza.
El Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema calculó la actualización del monto junto con especialistas del Ministerio Público Fiscal y las defensas. El cálculo utilizó el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.
La defensa de la expresidenta, integrada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugnó la utilización del índice inflacionario. La representación legal de Lázaro Báez exigió que el decomiso tramitara ante el Tribunal Oral Federal N° 4, jurisdicción que lo condenó previamente por lavado de activos.
Antecedentes de la condena judicial
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en 51 licitaciones de obra pública. La sentencia absolvió a la exmandataria por el delito de asociación ilícita.
El fallo incluyó las condenas de José López, exsecretario de Obras Públicas, y Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas el 13 de noviembre de 2024.
La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios el 10 de junio de 2025, dejando firmes las sentencias condenatorias. Tras esa resolución, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó la detención de los involucrados y dispuso la actualización definitiva del decomiso. (Agencia OPI Santa Cruz)