La administración central pretende aprobar sin modificaciones el proyecto que suprime los beneficios tarifarios incorporados hace tres años. La medida afectará directamente a localidades bonaerenses, cordobesas y santafesinas, preservando únicamente a las áreas del sur del país y la zona cordillerana.
Javier Milei, presidente de la Nación, instruyó a su gabinete para forzar la aprobación legislativa de la reforma al Régimen de Zona Fría. El titular del Poder Ejecutivo busca eliminar la ampliación de los subsidios al consumo de gas residencial a partir del 6 de agosto de 2026 para reducir el gasto estatal.
La estrategia oficial apunta a que la Cámara de Senadores de la Nación sancione el texto proveniente de la Cámara Baja sin alteraciones. Diego Santilli, jefe de Gabinete, coordina las negociaciones parlamentarias junto a Martín Menem, referente legislativo oficialista, y la senadora Patricia Bullrich. Según el cronograma del Congreso, las autoridades intentarán avanzar con la medida tras superar la última sesión previa programada para el 16 de julio de 2026.
El origen del conflicto tarifario se remonta a la sanción normativa del año 2021, cuando el Congreso nacional extendió las bonificaciones en las boletas de gas hacia zonas sin temperaturas extremas. Las modificaciones incorporaron jurisdicciones templadas al sistema inicialmente diseñado para la región patagónica.
El Gobierno nacional argumenta formalmente que la medida implementada durante la administración anterior desvirtuó la focalización de la asistencia estatal. El sostenimiento del esquema vigente generó un incremento constante en las erogaciones del tesoro para cubrir la diferencia entre el costo de la energía y el precio final que abonan los usuarios residenciales.
El nuevo mapa de los subsidios residenciales
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo establece una segmentación geográfica estricta. Según el texto legislativo, se preservarán los descuentos originales para el consumo de gas natural y gas propano por redes exclusivamente en la región de la Patagonia, la zona de la Puna y el departamento de Malargüe, ubicado en la provincia de Mendoza.
La sanción definitiva de la iniciativa anulará las transferencias para todas las jurisdicciones anexadas al sistema de contención hace tres años. La exclusión del régimen impactará en el cuadro de tarifas de ciudades bonaerenses como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul y Olavarría, afectando también a la mayor porción del corredor de la Costa Atlántica. El recorte de fondos golpeará simultáneamente a los usuarios residenciales radicados en las provincias de Córdoba y Santa Fe. (Agencia OPI Santa Cruz)
