El Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, que permitía la venta de pólizas a organismos estatales con sobreprecios, tras detectar irregularidades en contrataciones de Nación Seguros que involucraban al expresidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria presidencial María Cantero. La derogación se oficializó este miércoles con la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial.
La medida restituye la normativa original de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, eliminando las modificaciones introducidas por los decretos anteriores. Los cambios actuales fueron impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargará de inspeccionar la documentación relacionada con las contrataciones de seguros.
El Decreto 747/2024 también deroga los Decretos N° 1187/12, 1189/12 y 1191/12, promulgados durante la presidencia de Cristina Kirchner, los cuales establecían la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros proveídas por el Estado. Ahora, las entidades estatales tendrán 30 días para proveer a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Desregulación la documentación requerida para revisar los fondos destinados a estos contratos.
El decreto también impone un plazo de un año para que los ministerios y organismos que aún mantengan pólizas vigentes bajo la normativa del DNU 823/21 puedan rescindir esos contratos. Durante este tiempo, se espera que se convoquen nuevos procesos de selección para garantizar la competencia y la transparencia en la provisión de bienes y servicios.
Además, la Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que surjan a partir de la entrada en vigencia del Decreto 747/2024. La eliminación de estos decretos busca corregir prácticas cuestionables y asegurar un manejo más transparente y competitivo en las contrataciones del Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)