(Por: Rubén Lasagno) – Informe II – Continuando con la situación conflictiva que mantiene la provincia y el municipio de Río Gallegos por los aportes previsionales y de la Obra Social que el intendente Pablo Grasso nunca hizo y la CPS y CSS le reclaman y las deuda en Coparticipación que tendría el gobierno provincial, digamos que el municipio ha logrado ganar tiempo a través de la vía cautelar, pero el TSJ está bajo una presión creciente para definir si la deuda es exigible de inmediato a pesar del reclamo por la coparticipación.
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Pérez Soruco, titular de la Caja de Servicios Sociales explica la situación de la deuda municipal con la entidad a través de un video en las redes, donde detalla cómo la falta de aportes de municipios como Río Gallegos afecta directamente la cobertura médica de los empleados y la sostenibilidad de la obra social provincial. Claro, esto es parte de la historia, porque hay 14 municipios más en las mismas condiciones, sin ir muy lejos Caleta Olivia con una deuda similar, sin embargo como son alineados políticos del SER, parece que sus deudas no afectan el patrimonio de la Caja de la misma manera.
Situación Judicial
El conflicto no es solo contable, sino político y legal. El intendente (Pablo Grasso) y su equipo legal argumentan que la Provincia debe una “reparación histórica” por la falta de actualización de la coparticipación y sostienen que el municipio asume servicios y costos que corresponden a la provincia sin recibir los fondos adecuados.
La municipalidad de Río Gallegos interpuso una medida cautelar para evitar que la Provincia retenga fondos de coparticipación de forma directa para pagar estas deudas. La Justicia hizo lugar inicialmente a esta cautelar, pero a mediados de 2025 la Caja de Previsión Social, solicitó al Tribunal Superior de Justicia que resuelva la cuestión de fondo para poder cobrar. Recordemos que ambas Cajas (Previsión y Servicios Sociales) enfrentan el mismo reclamo ante Pablo Grasso.
Mientras la deuda crece, los jubilados municipales han realizado una protesta reclamando el pago del “Premio Jubilatorio”, un beneficio que el municipio adeuda a más de 50 ex-empleados. Fuera de eso, nada más.
De lo que se puede inferir de la situación judicial entre el Municipio de Río Gallegos y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz en 2024 y 2025 revela que, hasta el momento, los argumentos del municipio han tenido un éxito táctico (temporal), pero enfrentan una fuerte presión por la resolución de la cuestión de fondo.
Acá podríamos incluir el conflicto institucional que hay en el STJ que divide las agua y los integrantes originales del máximo Tribunal están afrentados con el gobernador Vidal, por lo tanto, no sería extraño que esas deudas sirvan para generar presiones políticas, llegado el caso.
Vamos a analizar el detalle de cuál argumento ha logrado resultados concretos y cuál está bajo cuestionamiento en la justicia provincial.
El argumento con mayor éxito
La Medida Cautelar (Derecho de Defensa) es el mayor logro legal del municipio capitalino dictada por la justicia local (Juez Marcelo Hugo Bersanelli) que impide que la Provincia realice retenciones directas de la coparticipación para cobrarse las deudas con la Caja de Previsión Social (CPS).
El municipio argumentó en la presentación, que las retenciones automáticas pondrían en riesgo el pago de salarios y la prestación de servicios básicos, lo cual fue aceptado como un “peligro en la demora“.
A julio de 2025, última referencia encontrada en el archivo, esta medida seguía vigente, permitiendo al municipio no transferir aportes sin sufrir descuentos en su goteo diario de fondos.
El argumento en disputa
El municipio de Río Gallegos sostiene que no paga porque la masa coparticipable está basada en índices de 1983 y no refleja la población actual de Río Gallegos estimada en más de 127.000 habitantes frente a los datos censales antiguos.
Este es el argumento “de fondo” esgrimido por Pablo Grasso y ha servido políticamente para justificar la falta de pago; el TSJ aún no ha emitido una sentencia definitiva que valide la deuda de la provincia hacia el municipio como compensación automática.
En julio de 2025, la CPS presentó un escrito ante el TSJ exigiendo celeridad para resolver el fondo de la causa, argumentando que la cautelar está desfinanciando el sistema previsional.
La Caja de Servicios Sociales (CSS) ha refutado el argumento de la “asfixia financiera” señalando que municipios más pequeños y con presupuestos más limitados sí, en cambio, cumplen con sus transferencias, lo que debilita la postura de Río Gallegos sobre la “imposibilidad” absoluta.
Por otro lado, la justicia ha mantenido firme el principio de que los aportes ya descontados a los trabajadores (aportes personales) son propiedad del sistema solidario y su “no transferencia” constituye una falta grave del municipio como agente de retención, una forma elegante de edulcorar el delito que se está cometiendo.
Según la documentación oficial del Gobierno de Santa Cruz y los informes semestrales de 2025 emitidos por los entes descentralizados consultados para realizar esta investigación, la deuda acumulada por los municipios con el sistema de seguridad social ha alcanzado cifras récord.
Deuda histórica
Repasemos someramente y como recordatorio del origen del problema, lo que deben los intendentes a las Cajas de la provincia desde hace muchos años y es el mal endémico que tiene el déficit provincial en materia previsional y de salud.
Caja de Previsión Social (CPS)
Al cierre del primer semestre de 2025, la deuda total de los municipios y comisiones de fomento con el sistema jubilatorio ascendía a $114.885.492.886.. La deuda histórica representa el grueso del monto y se debe a aportes personales y contribuciones patronales no transferidos durante décadas.
Con respecto a lo que denomina como Deuda corriente solo en el primer semestre de 2025, se sumaron $26.724 millones por falta de pago de los aportes del ejercicio actual; recordemos que este corte corresponde a la mitad del año en curso, por lo tanto la deuda correspondiente a todo el año es el doble o mayor al del primer semestre.
Entre los municipios más endeudados tenemos a Río Gallegos $36.681.824.990,00; Caleta Olivia $26.727.314.138,00; Pico Truncado $6.469.271.524,00 y Río Turbio $6.152.424.136,00.
Caja de Servicios Sociales (CSS)
En el caso de la obra social provincial, el gobierno ha comenzado a publicar informes individualizados por localidad para visibilizar la “retención indebida” de aportes que realizan los intendentes como el de Río Gallegos (a julio 2025) por $28.373 mil millones y 28 de Noviembre que reporta una deuda total de $3.963 millones al mes de agosto de 2025.
A su vez, según informes de la Federación de Trabajadores Municipales (FETRAM) y la CSS, localidades como Las Heras, Río Turbio, 28 de Noviembre y Puerto Santa Cruz han registrado períodos de “pago cero” durante gran parte de 2024 y 2025.
A diferencia de los grandes municipios, las comisiones de fomento (como Cañadón Seco o Jaramillo-Fitz Roy) han comenzado a regularizar sus pagos corrientes en 2025, aunque aún mantienen el lastre de la deuda histórica. (Agencia OPI Santa Cruz)
EN EL MEDIO DE ESTOS DOS HAY 300MIL PERSONAS QUE NO TIENEN NI ARTE NI PARTE Y SUFREN LAS CONSECUENCIAS
JUSTICIA YAAAA°!!!!
Sinvergüenza!!!
Este y el padre son dos culeados
Juicio político a Bersanelli y rajen a Grasso y sus secuaces,no les den plata porque se la roban