Kicillof suspende cajas de alimentos y detona una interna peronista

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La gestión bonaerense cortó el suministro mensual de raciones básicas para alumnos de escuelas públicas ante la caída de la recaudación. La decisión destapó fuertes pases de factura entre senadores y jefes comunales del conurbano.

La administración del gobernador Axel Kicillof interrumpió por 90 días las entregas del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un esquema que asistía a más de dos millones de familias bonaerenses. El recorte, aplicado desde este mes, resquebrajó la unidad del oficialismo provincial y disparó las quejas de los jefes territoriales que absorben el impacto inicial.

Hasta abril, el Estado distribuía mensualmente una caja con nueve productos básicos. El listado incluía arroz, harina, aceite, leche y conservas para nutrir a los hogares más expuestos a la crisis.

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El gobierno provincial justificó este freno temporal en la urgencia de reestructurar las finanzas públicas. El mantenimiento de estas entregas demandaba partidas mensuales de entre 28.000 y 30.000 millones de pesos. Los ingresos de la jurisdicción corren por detrás de esta curva de gastos.

Durante su ciclo regular, el sistema operaba con un aporte del 40 por ciento de los fondos provenientes del Estado nacional. La llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada cortó de cuajo esa transferencia de recursos coparticipables.

El desplome de la cuota federal generó un agujero financiero de 12.000 millones de pesos mensuales. La Provincia de Buenos Aires absorbió esa carga de manera exclusiva hasta decretar la paralización del programa.

Las críticas estallaron velozmente dentro del bloque peronista. El senador provincial Mario Ishii cruzó la directiva y calificó la maniobra como un “ajuste con la comida de los pobres”. Dirigentes alineados con el diputado nacional Máximo Kirchner acompañaron los reproches contra la gobernación.

Simultáneamente, los intendentes del conurbano advirtieron sobre el aumento de la conflictividad en los barrios. Varios jefes comunales direccionaron sus dardos hacia el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a quien responsabilizan de manera directa por la licuación de los fondos originales. (Agencia OPI Santa Cruz)

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