Entidades mercantiles y gastronómicas acusaron a la empresa estatal de evadir controles de ARCA y ASIP, monopolizar licitaciones provinciales y operar de manera irregular la estación de servicio de La Esperanza durante la vigencia de la emergencia comercial.
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La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos presentaron una denuncia pública conjunta contra la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U.. Las entidades empresariales responsabilizaron al Ejecutivo provincial que encabeza el gobernador Claudio Vidal de utilizar recursos públicos para montar esquemas comerciales que generan competencia desleal contra el sector privado.
El reclamo gremial-empresario documentó que el Mercado Concentrador Patagónico comercializa productos traídos de otras provincias sin la emisión de ticket fiscal ni facturación reglamentaria. La presentación rubricada el 19 de agosto de 2026 ratificó las alertas formales elevadas el 18 de junio de 2026 —recibidas en Casa de Gobierno el 19 de junio de 2026— por la violación a la Ley de Procedimiento Tributario y los regímenes de fiscalización que administran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP).
Maniobras tributarias y expansión gastronómica estatal
El titular de la FESC, Guillermo E. Polke, junto al presidente de la CCIARG, Leandro Fadul, y el referente de la asociación gastronómica, Ricardo López, detallaron que el Mercado Concentrador registra un vaciamiento de puesteros originales y funciona como un punto de reventa informal. A este cuadro sumaron la apertura del bodegón estatal «Alma», localizado en el acceso al Polo Industrial y Comercial de la firma estatal en Río Gallegos.
López remarcó que el establecimiento gastronómico del Estado cuenta con cuadrillas de cocineros sostenidas por erogaciones presupuestarias públicas para captar una demanda que ya abastecen prestadores privados registrados en la zona. Los empresarios sostuvieron que mientras el comercio formal abona cánones, salarios con aportes y tributos bajo la Ley de Emergencia Comercial, el Estado sostiene estructuras directivas deficitarias que operan al margen de las cargas impositivas ordinarias.
Doble rol en contrataciones y la estación de La Esperanza
El documento de las tres cámaras advirtió que Santa Cruz Puede S.A.U. se encuentra inscripta en múltiples rubros como proveedora oficial y compite en licitaciones diseñadas por el propio gobierno santacruceño. La condición de empresa estatal le otorga ventajas de información frente a los oferentes particulares, configurando un esquema donde la administración pública interviene como juez y parte en las comparsas de precios.
Las entidades mercantiles exigieron a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y al Tribunal de Cuentas la apertura de expedientes sobre la adjudicación directa, sin licitación pública previa, de la estación de servicio de La Esperanza en favor de la firma estatal. Las cámaras reservaron el inicio de acciones judiciales ante la falta de rendiciones sobre el destino de los fondos asignados a la empresa. (Agencia OPI Santa Cruz)
