La medida patrimonial dictada en los tribunales cordilleranos acumula reclamos civiles previos por más de ciento veintiún millones de pesos vinculados a la falta de obras de infraestructura en el balneario de Las Grutas.
El juez Cristian Tau Anzoátegui, titular de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de Bariloche, ordenó trabar un embargo preventivo por 29.970 dólares contra el patrimonio de Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Río Negro. La disposición civil responde a una demanda promovida por un particular ante el incumplimiento contractual en la adjudicación de parcelas y la carencia de obras de infraestructura comprometidas en el loteo Tajamar, situado en la localidad de Las Grutas.
La resolución del juez Tau Anzoátegui resguarda las eventuales acreencias de los demandantes ante la falta de entrega formal del inmueble comercializado y los tendidos de servicios elementales en la costa rionegrina. El pronunciamiento procesal dictado el 3 de septiembre de 2026 actúa como tutela patrimonial provisoria dentro del fuero ordinario provincial, circunscribiendo los bienes de Villaverde sin emitir una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia.
El expediente radicado en los tribunales de San Carlos de Bariloche tramita los reclamos de compradores frente a la desarrolladora del proyecto urbanístico Tajamar. Las actuaciones judiciales señalan que la legisladora comercializó las fracciones de tierra sin concluir las redes de agua, alumbrado y saneamiento estipuladas en los contratos suscritos con los adquirentes en Las Grutas.
Esta disposición restrictiva no representa un hecho aislado en el historial procesal de la representante de La Libertad Avanza. La Unidad Jurisdiccional N° 5 de Bariloche registró una seguidilla ininterrumpida de gravámenes preventivos dictados por jueces locales desde el período fiscal anterior debido a irregularidades operativas del mismo desarrollo habitacional.
El historial de medidas cautelares sobre la dieta de Lorena Villaverde
Los registros del Poder Judicial de Río Negro acreditan que en el transcurso de 2025 los magistrados trabaron embargos previos contra Villaverde por una cifra estimada en 50 millones de pesos. Dicho monto consolidó las primeras ejecuciones precautorias vinculadas a las operaciones de compraventa inmobiliaria ejecutadas en el ejido municipal de San Antonio Oeste.
Las retenciones judiciales alcanzaron directamente los ingresos de la funcionaria en diciembre de 2025, cuando la justicia rionegrina libró oficios a la Cámara de Diputados de la Nación para incautar 40,5 millones de pesos sobre su dieta parlamentaria y el sueldo anual complementario. La determinación afectó las liquidaciones oficiales que emite la secretaría administrativa de la Cámara baja para responder a las deudas derivadas de las cesiones de boletos de compraventa.
El curso de los litigios sumó una nueva resolución en marzo de 2026, momento en que los estrados judiciales decretaron otra medida patrimonial contra la diputada por 31 millones de pesos. La suma acumulada de las medidas cautelares dispuestas en moneda nacional supera los ciento veintiún millones de pesos, a los que ahora se adiciona el gravamen en moneda extranjera fijado por el juez Tau Anzoátegui.
Frente a la determinación de la justicia rionegrina, Villaverde declaró ante medios de prensa que tomó conocimiento de la incautación mediante las publicaciones periodísticas y desconoció las acusaciones atribuidas a su actividad comercial privada. La legisladora remarcó la inexistencia de fallos firmes o condenas de fondo en el fuero civil y argumentó que las demoras en las obras de infraestructura de Tajamar respondieron a las secuelas de la pandemia sobre la actividad de la construcción.
La defensa técnica de Villaverde mantiene los descargos orientados a certificar que los trabajos en el predio de Las Grutas continúan en ejecución para cumplir con las especificaciones técnicas iniciales. El trámite procesal en la Unidad Jurisdiccional N° 5 de Bariloche continuará con la sustanciación de las pruebas periciales contables y de ingeniería civil, mientras rige la inhibición de fondos hasta la conclusión del litigio ordinario. (Agencia OPI Santa Cruz)