Cuatro mandatarios de signos políticos dispares respaldaron en Misiones las medidas de la Presidencia de la Nación sobre las Islas Malvinas, que incorporan un decreto reglamentario punitivo y financiamiento extraordinario para la base en Tierra del Fuego.
El presidente de la Nación, Javier Milei, sumó el respaldo explícito de mandatarios provinciales opositores a su política exterior sobre las Islas Malvinas, durante las sesiones del foro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas celebrado en la provincia de Misiones el 4 de septiembre de 2026. El alineamiento de las provincias interrumpió la polarización habitual frente a la Casa Rosada, convalidando el endurecimiento de los controles comerciales y los planes de despliegue en el Atlántico Sur presentados en cadena nacional.
Los gobernadores Hugo Passalacqua, mandatario anfitrión de Misiones, y Raúl Jalil, titular del Poder Ejecutivo de Catamarca, encabezaron las declaraciones de adhesión ante los directivos de la banca y las finanzas. Jalil fundamentó su acompañamiento en su condición de conscripto durante el conflicto bélico de 1982, argumentando que las determinaciones sobre soberanía obligan a suspender divisiones partidarias y demandando que los distritos del interior respalden los proyectos normativos que unen a los argentinos.
A la misma postura convergieron los gobernadores Alfredo Cornejo, titular del Ejecutivo de Mendoza, y Gustavo Valdés, máxima autoridad de Corrientes. Cornejo impugnó la eficacia práctica de las resoluciones dictadas por la Organización de las Naciones Unidas frente al Reino Unido y ponderó la inclusión de activos energéticos estratégicos, como los yacimientos de gas y petróleo en la plataforma continental, como una herramienta de negociación directa que otorga solvencia territorial al Estado argentino.
Valdés justificó el respaldo institucional en la tradición de Corrientes, a la que definió como la jurisdicción que mayor contingente de tropas militares movilizó durante el conflicto de 1982. El mandatario correntino ratificó la vigencia ininterrumpida del programa provincial de asistencia y traslado de veteranos de guerra hacia el archipiélago malvinense, sosteniendo que el reclamo territorial demanda un bloque unificado que trascienda los desacuerdos habituales en materia de coparticipación fiscal.
Las medidas administrativas de Javier Milei y el financiamiento naval
El acompañamiento de los gobernadores se produjo tras el mensaje oficial en el que Milei anunció los instrumentos jurídicos diseñados para sancionar irregularidades comerciales en las islas. La Casa Rosada prepara la firma de un decreto reglamentario que fijará plazos administrativos perentorios a todas las agencias públicas nacionales para remitir informes de incumplimientos normativos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La disposición faculta a la Cancillería a estructurar sanciones directas contra corporaciones internacionales y proveedores logísticos que operen sin autorización argentina en el área en disputa.
El segundo componente del plan gubernamental corresponde a la promulgación de un Decreto de Necesidad y Urgencia orientado a reforzar los fondos del Ministerio de Defensa. Las partidas extraordinarias financiarán la construcción de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia, emplazamiento concebido para dotar a la Armada Argentina de capacidad logística permanente en el extremo austral, custodiar las rutas marítimas bioceánicas y respaldar las campañas científicas en el territorio antártico frente a la presencia foránea.
La obra portuaria e infraestructura naval en Tierra del Fuego retoma las gestiones iniciadas en el año 2022 por el exministro de Defensa, Jorge Taiana, quien impulsó la colocación del primer bloque del muelle militar. El presidente Milei resolvió reactivar el proyecto asignándole rango de polo logístico de enlace en el Atlántico Sur, canalizando partidas del tesoro nacional para transformar la presencia militar en una base con proyección directa sobre los espacios marítimos e insulares australes.
Los expedientes normativos ingresaron a su trámite final en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, donde los equipos jurídicos analizan los alcances de las penalidades económicas y las reasignaciones presupuestarias. Una vez completado este proceso administrativo, los textos serán publicados en el Boletín Oficial, poniendo en marcha las facultades punitivas de la Cancillería y el esquema de obras en el extremo sur. (Agencia OPI Santa Cruz)