La imprevisión, el abandono y el desvío de personal y recurso de YCRT quedó en evidencia tras el descarrilamiento y el gobernador sacó los enanitos verdes del bolsillo

(Por: Rubén Lasagno) – El descarrilamiento del convoy de YCRT que OPI Santa Cruz informara ayer en exclusiva, poco tiempo después de que se produjera el incidente en cercanías del Km 181, no solo es producto de una desinversión sostenida, sino también de claras negligencias operativas directas y decisiones gerenciales sumamente cuestionables, tal como lo venimos sosteniendo en sucesivos informes donde todo hacía prever que era cuestión de tiempo para que algo así ocurriera.

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Los nuevos datos relevados por OPI entre las fuentes de YCRT consultadas luego del incidente que por suerte no se cobró ninguna víctima, refuerzan que el accidente de ayer fue la crónica de un desastre anunciado, combinando fallas mecánicas, abandono de la infraestructura y omisión de protocolos de seguridad.

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Sin duda desde hace mucho tiempo hay abandono de la vía y desvío de recursos.Se confirma fehacientemente que el ramal estuvo postergado y en los últimos años no recibió mantenimiento debido a que tanto los fondos como la cuadrilla entera fueron destinados al tren turístico de Fitz Roy y de eso hay pruebas que abundan en detalle de los recursos distraídos, la cantidad de personal que YCRT asignó a la tarrea, el pago de enormes viáticos (en cantidad y montos) lo cual hemos informado oportunamente, pero que ampliaremos con precisión en próximos informes.

Las imágenes del terraplén húmedo en el momento del descarrilamiento, indican una base inestable. De acuerdo a los relatos técnicos obtenidos de personal entendido en la materia, si un tramo de vía queda “en el aire”, la dinámica física de la formación hace que el enorme peso de los vagones empuje a la máquina hasta descarrilarla.

A esto se le suma una presunta falla en el convertidor, lo que habría provocado que la locomotora se acelerara sin control (“volara”). En nuestro informe del 23 de septiembre 2023 dijimos que a la máquina 005 (la siniestrada ayer) le habían arreglado el convertidor en los talleres F&V de Río Gallegos y en el momento de elaborar nuestro informe no han sido reparados aún. Se realizó un intento de prueba de funcionamiento, pero tal consta en nuestros archivos, la prueba resultó fallida y recalcamos, en nuestra nota de investigación, basada en el Informe técnico del material ferroviario al que tuvimos acceso, que se había informado la existencia de actuaciones judiciales vinculadas al Taller F&V y a convenios celebrados con la UTN.

Un convertidor es el componente crítico de la transmisión encargado de recibir la energía bruta que produce el motor principal y transformarla para entregarla a las ruedas con la fuerza y velocidad exactas que requiere la formación.

Dependiendo del tipo de tecnología de la locomotora (las de carga pesada suelen ser diésel-eléctricas o, en algunos casos, diésel-hidráulicas), el convertidor opera de distinta manera, pero su fin es el mismo: actuar como el “cerebro” o el intermediario físico de la tracción. Si esto falló en la máquina 005, la misma no pudo ser controlada en su velocidad final.

Otro de los hechos que ayer pudimos corroborar con las fuentes de la Fraternidad es la violación de protocolos. Ayer se omitió un paso de seguridad fundamental. Nadie recorrió el tramo previo a la salida ni se elaboró el “informe de vía”, un requisito técnico exigible antes de que cualquier tren de carga se ponga en movimiento.

Gestión y las contradicciones

El rol del interventor Pablo Gordillo queda (una vez más) en el centro de la escena, pasando de la responsabilidad administrativa a la presunta responsabilidad operativa directa.

Pese a la falta de informes de vía y al mal estado de la infraestructura, las fuentes de YCRT señalan que Gordillo dio la orden explícita de que la formación saliera “sí o sí”. El costo de esta decisión fue la destrucción total de la máquina, que ahora yace “inservible”, corriendo la misma suerte que la locomotora 004, 003 y 001.

El factor “Miami”

En su intento por justificar el hecho en medios radiales, el interventor atribuyó el suceso a la “mala suerte” y encendió alarmas sobre un supuesto pedido de indemnización por parte de una empresa en Miami con la que, paradójicamente, no existiría un contrato cerrado de venta de carbón ni de asociación comercial. Esto, de boca del propio Interventor, genera serias dudas sobre la transparencia comercial de YCRT en esa operación que también OPI Santa Cruz puso en duda con un extenso informe.

En un momento de crisis donde YCRT pierde material rodante invaluable por falta de mantenimiento, la celebración pública de Gordillo sobre la inminente inauguración del ramal turístico entre Fitz Roy y Jaramillo refuerza la percepción de una gestión desconectada de su propósito principal (la producción y transporte de carbón), lo que puede ser interpretado como una burla hacia la situación de la empresa y a la empresa misma lo cual cuenta con la omisión cuestionable de algunos sectores políticos, sindicales y/o el apoyo de otros, como ATE, donde el Secretario General Carlos Garzón, en sintonía con el Gobernador que encendió las sospechas de un “sabotaje o atentado” salió a ventilar palabras vacías de contenido y seriedad, pidiendo una investigación judicial sobre lo ocurrido. ¿Realmente el gobernador, Gordillo y los sindicatos, quieren que se investigue?.

El desplome de la teoría del sabotaje

La narrativa del “atentado”, impulsada, como dije, desde el gobierno provincial y basada en la aparición de un hierro en las vías, pierde todo sustento lógico frente a la física y el sentido común, planteando dos grandes interrogantes, que nos hicimos luego de consultar a entendidos en la materia ferroviaria.

En principio nos remarcaron la desproporción de fuerzas. Es mecánicamente insostenible que un hierro suelto pueda, por sí solo, desestabilizar y hacer descarrilar a una formación de miles de toneladas cargada de carbón, a menos que la vía ya estuviera en condiciones desastrosas.

Por otro lado la preservación de la “prueba“, registrada en declaraciones en medio provinciales, resulta inverosímil porque tras un accidente de semejante magnitud, donde una máquina colosal descarrila a velocidad y destroza el entorno, que el supuesto hierro haya permanecido intacto y posado sobre los rieles, no es solo insólito e incomprensible, sino que denota la intencionalidad de cambiar el eje de la investigación y diluir la responsabilidad de aquellos que tomaron decisiones equivocadas o encubren lo sucedido.

¿Encubrimiento oficial?

Las declaraciones apresuradas del gobernador Claudio Vidal sobre la realización de un atentado o sabotaje también es inverosímil desde todo punto de vista; tanto técnico y material como (y mucho menos) político.

La sumatoria de los elementos que he mencionado más arriba, indica que el descarrilamiento en el Km 181 expone una crisis terminal en la priorización de los recursos de YCRT. El desvío de fondos hacia proyectos turísticos menores ha dejado a la principal herramienta de transporte de la empresa en estado de abandono. Frente a la orden de operar

“sí o sí” sin los controles de seguridad mínimos obligatorios, el accidente era inevitable; solo cuestión de tiempo.

En este escenario, la insistencia en la teoría del sabotaje y las confusas menciones a indemnizaciones internacionales parecen ser cortinas de humo diseñadas para ocultar la negligencia operativa, la desinversión y la destrucción de patrimonio estatal invaluable bajo la actual intervención.

Los fantasmitas que agita Vidal

Declarar un sabotaje frente a un desastre que había sido advertido sistemáticamente  en distintos informes periodísticos en OPI Santa Cruz, responde a un manual clásico de supervivencia y control de daños político. En un escenario donde nosotros desde el periodismo, los trabajadores y el sentido común ya habían anticipado el colapso por desinversión, admitir la falla estructural equivale a una confesión de culpa.

Al instalar la teoría del atentado y sembrar la sospecha política, el gobernador y el Interventor persiguen varios objetivos estratégicos simultáneos, uno de ellos es la evasión de la responsabilidad penal y patrimonial

Si el descarrilamiento es producto de la falta de mantenimiento, la ausencia de informes de vía y la orden de salir “sí o sí” dada por el interventor (como sucedió), la figura legal apunta directamente a negligencia, estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con responsabilidad directa sobre Pablo Gordillo y, por extensión política, sobre el gobernador que lo impuso, apoya y sostiene.

Al catalogarlo como “sabotaje”, el Estado pasa de ser el victimario (por abandono y mala gestión) a ser la víctima de un delito. Esto pretende congelar cualquier acusación de mala praxis administrativa, traslada la investigación al fuero penal buscando a un “fantasma” y dilata los tiempos judiciales, que en el nuevo contexto de justicia propia, nunca llegará a nada claro ni específico, como otras tantas cuestiones ocurridas en YCRT.

El costo de tener razón”

Desde OPI veníamos marcando el deterioro del ramal. Si el gobierno admite que la vía cedió por falta de inversión, nos estáaría validando empíricamente y demostrando que la gestión obró con negligencia consciente (sabían que estaba mal y no hicieron nada).

La jugada poco magistral de “el hierro en la vía” sirve para desconectar el accidente de las advertencias previas. El mensaje subyacente que intenta instalar el gobernador es: “No descarriló por lo que decían los críticos (falta de mantenimiento), descarriló porque alguien nos atacó”. Esto busca restarle legitimidad a las denuncias por desinversión.

El factor Fitz Roy

El dato de que los recursos y la cuadrilla entera estaban en el tren turístico de Fitz Roy es letal para la narrativa de gestión. Demuestra una priorización frívola (turismo) por sobre la matriz productiva y la seguridad (el carbón).

Sobre todo esto está la jugada de mantener a la opinión pública debatiendo si el sabotaje fue obra de la oposición, de un sindicato o de “manos negras”, evita que el debate se centre en por qué se gastaron los escasos recursos de YCRT en pintar un tren turístico mientras la red troncal se caía a pedazos.

Justificar el fracaso comercial bajo “Fuerza mayor”

Las extrañas declaraciones de Gordillo sobre el contrato de Miami y los supuestos reclamos de indemnización quedan expuestos si la culpa es de la propia empresa por romper su locomotora. Ningún comprador internacional confía en un proveedor que destruye su propio transporte por negligencia.

Un “atentado terrorista o político” funciona comercial y legalmente como un acto de fuerza mayor. Esto le daría a la intervención de YCRT una excusa contractual perfecta para justificar por qué no pueden cumplir con las cuotas de carbón prometidas, tapando así su propia incapacidad operativa o logística.

El “Enemigo interno” y la cohesión política

En momentos de crisis de gestión, los gobiernos suelen necesitar un chivo expiatorio para unificar a su tropa. Hablar de un ataque político sugiere que hay sectores que “quieren que a Santa Cruz le vaya mal“.

Todo puede ser que funcione como una herramienta de persecución o purga. Bajo la excusa de buscar a los “saboteadores”, la intervención puede justificar despidos, traslados, caza de brujas dentro del yacimiento, o atacar a la oposición y a los sindicatos, blindando a Gordillo en su cargo bajo la épica de que está “resistiendo un embate desestabilizador“.

El gobernador necesita imperiosamente que la sociedad mire el “hierro” inventado para que no mire los durmientes podridos, la máquina sin revisar y los presupuestos desviados a Fitz Roy. Es una maniobra de prestidigitación política: hacer ruido en un lado para ocultar el desastre en el otro. Como el tero, digamos. (Agencia OPI Santa Cruz)