El día 11 de mayo OPI publicó una nota donde resaltaba los detalles de un hecho insólito llevado a cabo por la policía y la Jueza Quintana del Juzgado de Instrucción Nº 1, dado que sin ninguna comunicación escrita fehaciente, la Comisaría 3º, el día sábado a la 01:30hs de la madrugada, colocó una consigna frente al domicilio de la señora Isabel Sphur y la entrada a la Armería Artesanal Raimondi, lindantes pero separadas, impidiéndole entrar a ambos domicilios a Alberto Raimondi, hijo de Isabel y a su vez propietario de la armería. Ante esa acción el propio comerciante les ofreció a los efectivos hacerlos ingresar al negocio para que busquen y revisen lo que desearan, pero no lo aceptaron.
Con esta acción, la policía provincial mantuvo privada ilegítimamente de la libertad a una mujer de 80 años y le impidieron al hijo ingresar al domicilio para asistirla. Recién 16 horas después se flexibilizó la situación y solo podrían entrar y salir ambos, previo cacheo/palpado, pero con fuertes restricciones, que el lector podrá encontrar minuciosamente detalladas en el informe anterior.
Proceder sin conocimiento
El lunes 11 pasadas las 14 horas y una media hora después de publicarse la nota de OPI y difundirse el informe en Fm News, el Comisario de la 3º se comunicó telefónicamente con Alberto Raimondi, para preguntarle “si tenía problemas que ingresara la policía al local para revisar los videos mediante una orden judicial que llevaría la oficial” (¿?) a lo cual Raimondi le expresó que de ninguna manera tenía inconveniente. Alrededor de las 17 hs la policía arribó para la diligencia judicial y Raimondi les requirió el oficio, el cual le presentaron fechado ese mismo día 11 de mayo y firmado por la Dra Soledad Román Díaz de la Secretaría de Instrucción Nº 1 donde se ordenaba la inspección del sistema de video-vigilancia.
“Yo realmente me alegré que la policía hiciera el procedimiento de una vez porque eso significaría que terminaba la injusticia de tener a mi mamá retenida en su casa y atemorizada por la incertidumbre, lo cual empezó el día sábado”, le relató Raimondi a OPI.
“Pensando que querían llevarse los discos rígidos porque la oficial me dijo que buscaban los videos, les solicité que me dejaran una constancia escrita dado que la ANMAC (ex Renar) nos exige tener las imágenes del movimiento del local con dos meses de resguardo y si se las llevaban el soporte me iban a dejar sin posibilidad de responder ante una requisitoria del organismo de control de armas. Pero me dijeron que no los iban a llevar sino copiarlos y cuando ingresaron, en vez de copiarlos totalmente, solo copiaron lo registrado el día 9 de mayo, material que se llevaron en un pendrive”, prosiguió Raimondi haciendo una crónica de lo sucedido el día lunes dentro del local.
Uno de los primeros pedidos que le hizo la oficial de policía lo asombró a Raimondi, pues le solicitó “Los libros con los registros de entradas y salidas de armas”. El técnico armero al respecto señaló “Me resultó increíble que la policía desconozca que las armerías hace años que no llevamos registros físicos (libros) ya que por una ley de la ANMAC, todo se hace digitalmente, es decir, lo que antes se hacía en libros foliados, hoy se hace trabajando directamente sobre una base de datos que tiene la ANMAC y el REPAR y además de este desconocimiento básico, quedó demostrado que la policía y la jueza desconocen que ellos pueden acceder libremente a toda esa registración a través de estos dos organismo, quienes llevan, condensan y tabulan toda la información referida al movimiento de la armería, datos que no se pueden alterar por cuanto la administración de esa base de datos la tienen ANMAC y el REPAR a través del SIGIMAC -Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados, un sistema en línea creado para agilizar los trámites relacionados con el uso, la fabricación, importación, venta y registro de armas y otros materiales controlados, que concentra toda la información digitalizada, constituyendo una base de datos inalterable que transparenta y le da seguridad a todo lo relacionado con este delicado tema y a cuya información pueden acceder, tanto la policía como la justicia, de forma remota sin necesidad de tener el consentimiento del comerciante”, indicó.
“Yo les dije que ANMAC y REPAR tienen acceso a todos mis movimientos y les mostré en la computadora cuáles y cómo eran los sistemas de registro, ingreso y egreso de material a la armería; cómo desde la ANMAC autorizan o desautorizan trámites de acuerdo a la calificación del solicitante, cómo me pueden desautorizar la entrega de un arma si la persona que compra o guarda un arma en mi negocio está con el CLU vencido o se encuentra inhabilitado por alguna causa; es decir, es la ANMAC la que regula, controla y observa en tiempo real cualquier movimiento que se hace en la armería. El organismo sabe exactamente qué, cuánto y de qué calidad es el material que tengo en el negocio. Saben quiénes compran, venden, traen o retiran armas y municiones en el mismo momento en que se produce cada movimiento de stock y yo no puedo hacer nada, si previamente ellos desde esa misma base de dato, no me habilitan. Es decir, la policía o la justicia puede hacer todo ese trabajo en forma remota, on-line y yo ni me enteraría. Pero obviamente no conocen el sistema”, remarcó Raimondi quien indicó “Entonces me llamó la atención dos cosas: primero que la policía y la justicia desconozcan la metodología registral de las armas y municiones, porque al pedirme “los libros” es evidente que no saben cómo se ordena el tema de las armas y segundo que todo ese registro lo lleva el Estado, que son ellos mismos. Eso me asombró realmente. En lo que a mí concierne, yo les ofrecí que se llevaran todo lo que quisieran, porque nada de lo que hay allí está ilegalmente ingresado, de hecho podrían haberse llevado las copias de los dos discos, pero fue decisión de ellos no hacerlo y copiar lo del día 9”.
Procedimiento irregular
El comisario le pidió a Raimondi “si podía ir a la comisaría para hacer una declaración testimonial”, a lo cual el comerciante accedió. Una vez allí, acompañado de un abogado, la propia oficial le pidió que relatara lo ocurrido y tras hablar por algunos minutos y ver que no tomaba nota, el abogado intervino porque no le habían sido leídos sus obligaciones. Luego de conformado el protocolo, volvieron a solicitarle a Raimondi el relato sin precisar pregunta alguna, lo cual llevó al abogado a insistir con la pregunta puntual y allí le solicitaron que dijera “¿Cómo se había enterado de la causa?”.
“En este punto, obviamente le pregunté qué causa?, porque yo nunca fui notificado de ninguna causa – dijo Raimondi – ante lo cual la oficial se levantó y apareció otro oficial que siguió con el trámite”, relató. “Yo conté todo exactamente como me había ocurrido desde la 01.30 de la madrugada del sábado hasta el lunes, sin omitir los problemas que le generaron a mi madre y a mi familia con todo este manejo absurdo que hicieron en un claro abuso de autoridad”, remarcó el armero.
El comisario me había dicho extraoficialmente que la causa era la referida a la UTA, con lo cual yo no tengo y nunca tuve nada que ver. Sin embargo, estaban tratando de buscar datos que no me los exponían claramente y me daba la sensación de que pretendían “hacerme pisar el palito”, que yo dijera algo inconveniente y yo solo dije la verdad. Lo que desconocía, no lo podía relatar”, remarcó Raimondi.
Ya sobre el tema, el oficial le preguntó si conocía a Rubén Aguilera, Secretario General de la UTA Santa Cruz “Yo obviamente le dije que sí, a Rubén lo conozco desde hace varios años, es cliente mío y como tantos otros estamos en contacto cuando aparece un tema de interés común, pero realmente no lo veo desde hace 4 o 5 meses, no recuerdo exactamente la fecha pero no fue este año cuando nos vimos personalmente” y señaló que el oficial le preguntó si Aguilera lo había llamado telefónicamente y en relación a qué; “Le dije a la policía que en efecto Aguilera me había llamado para preguntar si podía guardar sus armas y le dije que sí, de hecho estoy habilitado por la ANMAC a la guarda de armas, porque poseo una bóveda inviolable y allí yo guardo armas de mis clientes, a quienes les cobro y también de algunos amigos, además de las armas propias y de la armería. Pero ningún arma entra allí si no está acompañada de su correspondiente documentación y el LU del cliente habilitado”, relató Raimondi, para aclarar que es una actividad lícita y que no se contrapone, de ninguna manera, con el negocio de venta y reparación de armas. Tras esto, en la testimonial se le preguntó si finalmente Aguilera llevó armas en custodia “Les dije que no; luego de aquella comunicación telefónica que mantuve con él, Aguilera no me llevó ningún arma para la guarda”, agregó Raimondi.
Un blanco ¿Elegido al azar?
Alberto Raimondi cree que detrás de todo este caso hay una manipulación, judicial, policial y mediática que utilizó como variable de ajuste a su familia, sin importarles las consecuencias traumáticas que generaron a su madre, a su hijo, su esposa y a él mismo, sometiéndolos a todos a un escarnio social, exponiéndolos públicamente como si fueran culpables de algo y reteniendo indebidamente a su señora madre de 80 años, privándola de la libertad sin estar incurso en ningún delito, no tener nada que ver con el negocio y sin que la policía presentara un solo papel por el que se les comunicara fehacientemente en base a qué hecho se tomaba una medida restrictiva sobre su familia.
“Fíjense que recién a las 14 o 15 horas del día lunes, la policía apareció con un oficio del Juzgado, fechado ese mismo día, quiere decir que sábado y domingo, la policía estuvo reteniendo a mi madre y hasta me mantuvo “demorado”, sin ninguna autorización judicial, a pesar de haberles ofrecido la misma madrugada del sábado hacerlos ingresar al negocio para que buscaran los que se les ocurriera”, explicó Raimondi y agregó “Esto es muy desmotivador y denigrante, además de peligroso para una persona mayor la cual no está acostumbrada a estos manoseos y abusos. El recuerdo de mi padre me pesa mucho y no voy a exponer a mi madre a otro tipo escarnio como éste”, remarcó el comerciante tras asegurar que la Armería Artesanal Raimondi no volverá a abrir sus puertas.
“Hay que hablar de la armería en tiempo pasado. El 15 de marzo cerré el negocio porque quiero a mi gente sana alrededor mío. Dimos cumplimiento estricto a la cuarentena y observamos al pie de la letra lo que indica la ley. Sin embargo, ellos (la policía y la justicia) nos hicieron violar la cuarentena, ellos nos llevaron a romper el cerco de salud que habíamos ordenado para que mi mamá, como persona de riesgo, estuviera asilada. Hoy todos estamos angustiados y hay un proceso que va por dentro, el cual no se puede cuantificar, como tampoco se puede medir los momentos horribles que vivió mi mamá de 80 años rodeada de policías que no le decían ni una palabra y por más de 12 horas la tuvieron ilegalmente retenida en su casa”, recordó el comerciante de calle Lisandro de la Torre quien añadió “Y esto puede ser concurrente con hechos sociales que hoy no se pueden mensurar pero veremos más adelante, más aún cuando tengo un hijo de 12 años y un apellido con historia en la provincia y más de 30 años de trayectoria comercial” y concluyó “Creo que no fui elegido al azar, no conozco la causa ni a los actores ni me interesa conocer un tema que me es absolutamente ajeno, pero aquí hay incapacidad o complicidad de uno o más sectores para atar cabos y armar algo que les ayude a encontrar responsables donde no los hay, como es mi caso. Y como yo no tengo nada que esconder ni debo rendirle cuentas a nadie porque siempre he hecho comercialmente las cosas bien, han avanzado sobre mi negocio produciéndome un enorme impacto moral y sobre mi familia otro impacto que la afecta de manera devastadora y dañina y eso es lo realmente importante para mí”, terminó diciendo Alberto Raimondi a OPI.
Operación de prensa
(Análisis de la noticia por Rubén Lasagno) – El diario La Opinión Austral publicó el día martes 12 de mayo de 2020 a las 5 de la mañana, pocas horas después de realizado el ingreso de la policía al local de la armería Raimondi, una nota que tituló “Video clave en el ataque a los empresarios: ¿quién está detrás?” y en la bajada señala “La jueza Marcela Quintana ordenó analizar las grabaciones de la cámara de seguridad de la armería Raimondi. Horas decisivas en el esclarecimiento del tiroteo a la casa de Alejandro Mendoza. Se sospecha que el arma larga utilizada está allí guardada”.
Así presentada la nota, si se le agrega la foto con el frente del comercio y un patrullero estacionado, lleva al lector indefectiblemente, a pensar (si o si) que el negocio de armas está directamente vinculado con la causa que involucra a empresarios del transporte (con fuertes vinculaciones con el poder provincial) la UTA y a personas armadas que habrían disparado sobre una propiedad en el barrio APAP de Río Gallegos, autores que hasta el momento los investigadores desconocen. El diario señala “Video clave“, una forma de poner al procedimiento en la armería como el broche de la investigación con la identificación del culpable. “Horas decisivas“, remarca a lo que de allí se obtenga como fundamental para la resolución de la causa y solo es cuestión de “tiempo” y “…está allí guardada” en el cierre de una acusación directa donde el autor da por hecho que en Armería Raimondi, está la prueba del delito. No son palabras puestas al azar, tiene el objetivo de aportar a un contexto que se quiere construir.
Y si al título y bajada le agregamos el párrafo siguiente que dice “Sabido es desde el domingo que las sospechas de los investigadores giran en torno a la armería artesanal Raimondi, ubicada en avenida Lisandro de la Torre. Se presume que el rifle con el que tirotearon la casa de Alejandro Mendoza provendría de allí. Desde ese día, se dispuso una consigna policial en el lugar”, se convalida la premisa fundamental anclada en el artículo del diario: la Armería Raimondi está involucrada en la balacera a la casa de un empresario.
El verbo en condicional que usa el diario se anula con la afirmación de ese párrafo “Sabido es desde el domingo, que las sospechas de los investigadores giran en torno de la armería artesanal Raimondi”, dando por hecho que la resolución de la causa está allí.
Lo que hasta acá ya demuestra ser una nota claramente tendenciosa, sentando sentencia de parcialidad manifiesta, se amplía cuando el diario redacta: “Asimismo, fuentes consultadas por este medio señalaron que desde el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de la Dra. Marcela Quintana, se requirió a través de un oficio judicial el secuestro de la cámara de seguridad de la armería. De forma voluntaria, su dueño se había negado a dar acceso a las autoridades a las grabaciones”, una total falacia, por cuanto no se secuestró ninguna cámara de seguridad, lo cual se complementa con otra mentira a renglón seguido, al indicar tendenciosamente que el dueño se negó en darle acceso a las grabaciones a las autoridades, cuando el propio Raimondi relató la forma en que sucedieron los hechos y su permanente voluntad a facilitarle a la policía todo tipo de material que pudiera constituir prueba y de hecho se llevaron 24 horas de grabación del día 9 cuando, por algún indicio que tienen los investigadores, allí estaría la clave del caso.Todo esto quedó expresado en la declaración testimonial del comerciante ante la policía.
“La cámara habría captado a los sospechosos que están detrás del atentado”, así señala el intertítulo del diario y abajo prosigue “La Policía ahora deberá trabajar con estas secuencias fílmicas. En esta línea investigativa, se presume que las personas que están detrás del tiroteo habrían ido a bordo de un vehículo a buscar y/o dejar el arma larga con la que días atrás se efectuaron 22 disparos hacia la casa de Alejandro Mendoza, uno de los empresarios que sufre de amenazas y teme por su vida y la de su familia”.
Sin embargo la falta de criterio del autor y del editor del diario, permiten que a renglón seguido escriban: “Se desconoce por el momento si las cámaras de la armería tienen material valioso que permita a los investigadores seguir profundizando en esta hipótesis. Todo hace pensar que sí. Son horas claves en el avance de la causa”, desde lo periodístico bastante flojito el trabajo “investigativo”, según señala la nota, porque en este informe los verbos en potencial no son la excepción sino la regla (algo que contradice en si mismo a una investigación seria) y en este párrafo dice desconocer lo que arriba afirmaba, es decir que el diario, en vez de hacer alarde de llevar a cabo “una investigación” cruzada por verbos en potencial (habría, sería, podría), en realidad se vale de los dichos parciales de una sola parte (los empresarios) y construye una historia sin sustento probatorio y solo sostenida por supuestos. En ese trayecto, colocando tapas “catastróficas” y editorializando con títulos destacados, el medio ensucia el buen nombre y honor de un comercio y una familia local, sin tener la mínima prueba de todo lo que expresa y veremos cómo lo resuelve periodísticamente, cuando la investigación desmienta cada afirmación que se hizo y demuela con la realidad, cada hipótesis que se planteó en sucesivas notas escritas con poco criterio profesional.
El remate
La Opinión Austral de hoy realiza una nota donde destaca que Raimondi no tiene nada que ver con los hechos ocurridos, contradiciendo cada uno de los conceptos vertidos en la nota anterior del mismo diario publicada el martes 12. Los que hacemos periodismo sabemos cómo se puede manejar el discurso, los términos y los títulos para incidir en la psique del lector. El diario pone el portada en letras grandes, negras y resaltadas, lo que sería una frase de Raimondi “Yo no tuve nada que ver”. Así leída, sin una explicación detallada del contexto, nos refiere a una persona que con las manos levantadas y mostrando las palmas se excusa ante los que lo culpan. Adentro, con una performance que no tuvo el diario en la nota anterior, tratan de diluir la culpa que le cargaron al empresario en el informe del día 12 y que en los párrafos anteriores analizamos.
Pero el instinto de conservación de LOA va más allá de la mera nota aclaratoria. Pretenden evitar un juicio por calumnias e injurias que la familia Raimondi pudiera efectuarles por las barbaridades que dijeron sin fundamento. Esta nota de hoy, les asegura (ante una eventual querella) justificarse diciendo que “le dieron la oportunidad de decir lo suyo“, “tuvieron su derecho a réplica” y en todo caso rectificaron (desde el diario) lo que habían anunciado en grandes letras, portadas ilustradas y títulos pomposos, culpando de manera directa y concreta al negocio de Raimondi como la clave de la resolución de la causa. La ilustración gráfica más elocuente que ayuda al lector a interpretar lo que ha hecho el diario, es aquella donde alguien te tira cuatro litros de pintura sintética negra sobre la cabeza y luego te da un algodón empapado en aguarrás para que te limpies. El tarro de pintura, es la nota de LOA del día 12. El algodoncito con aguarrás, la nota de hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)
Los de LOA siempre fueron unos sensacionalistas y mentirosos!! Lamento mucho el ataque de este medio periodístico a la Familia Raimondi que no se lo merece, una familia tradicional y correcta de Río Gallegos, ¿Cómo se atreven a tanto?
A ver. la justicia en santa cruz no existe entonces no busquemos que hagan nada bien.
Me parece que el comerciante tendria que ejercer su derecho y denunciar a toda esta runfla para que de una vez por todas truene el escarmiento pero como pasa en santa cruz ¿Lo hara?
bla bla blaaaaa sabemos que el diario K opera par el gobierno pero si no lo denuncian hay que comerse la galletita – gracias OPi por poner las cosas blanco sobre negro