Por: Delfina Torres Cabreros
Dentro de la crisis general desatada por la pandemia de coronavirus y las medidas de confinamiento que buscan controlarla, el turismo aparece como uno de los sectores más golpeados de la economía. Tras 120 días de parálisis casi total, el Congreso estudia por estos días dos proyectos destinados aliviar al sector: uno impulsado por el Gobierno y otro presentado por legisladores de la oposición.
Esta semana, y luego de una reunión en la que los empresarios del sector pudieron introducirle los puntos que consideran “innegociables”, las grandes agencias online, como Despegar y Almundo, y múltiples entidades turísticas, decidieron alinearse detrás del proyecto oficial y piden un “trámite exprés” para sancionarlo lo antes posible.
El proyecto de ley del Gobierno propone, entre otras cosas, un régimen de preventa turística que implica que quienes hagan reservas hasta el 31 de diciembre de este año obtengan el 50% del valor de esa compra en crédito para usar en ese o en otro viaje, iniciativa que en el sector consideran clave para inyectar dinero en sus cajas en rojo. De hecho, el Gobierno espera que la iniciativa mueva alrededor de $32.000 millones.
La reunión que terminó de alinear a las partes y dejó en un segundo plano al proyecto impulsado por el diputado opositor Alfredo Cornejo, ocurrió el miércoles pasado y fue entre el ministro de Turismo, Matías Lammens, y el titular de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elias. El titular de la CAT acordó la introducción en el proyecto de cuatro de los seis puntos considerados “esenciales” por el sector y que apuntan a sostener a las empresas en lo inmediato, cuando más del 70% está pensando en avanzar hacia un cierre definitivo.
Según explicó Elias a LA NACION, uno de esos puntos es que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) otorgado por el Gobierno para ayudar a pagar salarios se extienda hasta diciembre para el sector de turismo, considerando que le llevará más tiempo que a otros volver a la actividad. De hecho, estiman que el turismo tardará al menos dos años en recomponer su demanda. Como segundo pedido, solicitaron que la ayuda se extienda a todas las empresas del sector y no solo a las pymes. “Si decimos que la crisis es del sector, no podemos discriminar por tamaño”, apuntó Elias.
Por otro lado, la cámara turística pidió que se privilegien las reprogramaciones de las reservas canceladas por sobre las devoluciones y, en el caso de que prime la segunda opción, que las agencias tengan un plazo de 21 días desde la recepción del pedido y puedan ejecutar el reembolso en tres cuotas.
Otro de los puntos discutidos fue el período de vigencia del crédito del 50% otorgado sobre las compras. Los empresarios consideran que si se otorga un plazo de solo seis meses para su uso, en un contexto de bolsillos golpeados, el plan terminaría por “favorecer solo a la Costa Atlántica” al promover las escapadas. Según apuntó Elias, acordaron extenderlo a un año.
Por otro lado, los puntos sobre los que la cámara no logró acordar con el ministro fueron la implementación de beneficios impositivos y fiscales y la prolongación del plazo de suspensiones que habilita el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es de 75 días. “Obviamente estamos en el día 120 y los días ya han sido cubiertos de sobre. Pedimos que mientras dure la emergencia, se extienda el límite temporal”, explicó Elias.
Por otro lado, la CAT y el ministro compartieron la apreciación sobre la necesidad de avanzar con un trámite exprés. “Si vamos a esperar que la ley vaya Diputados, se vote, vaya a Senadores, se publique en el Boletín Oficial y se reglamente vamos a llegar a febrero y el desastre ya va a estar hecho. Necesitamos un tratamiento como el del impuesto PAIS, que se trató en ocho días y se reglamentó en tres”, dijo Elias.
Luego de la reunión, distintas empresas y entidades sectoriales emitieron comunicados para respaldar el proyecto de Lammens, llevado al Congreso por el diputado Ramiro Fernández Patri. “Podemos destacar como una iniciativa muy acertada el programa de preventa contemplado en el proyecto de Ley de Recuperación del Turismo, porque colabora en la estimulación de la demanda, que es clave para que los distintos sectores del turismo puedan comenzar a activarse”, señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.
“Creemos que en la articulación público-privado está la clave para llevar adelante el desarrollo del sector turístico en forma sustentable que genere recursos para millones de argentinos en todas las provincias”, expresó Juan Pablo Lafosse, CEO de Almundo, que apoyó explícitamente el programa de preventa del Gobierno al igual que Faevyt, la federación que representa a las agencias de viajes y turismo de todo el país.
De todos modos, en la Cámara Argentina de Turismo aseguran que “no descartan” ninguna opción. Cuando todavía resta que los nuevos puntos se vean plasmados en el texto del proyecto, señalan que el apoyo del sector irá detrás de la propuesta “más superadora”. (La Nación)
