Por: Candela Ini
El empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, escuchará mañana el cuarto pedido de penas por su participación como presunto organizador de un esquema de lavado de dinero por casi 55 millones de dólares.
El fiscal Abel Córdoba continuó la exposición de su alegato en el juicio conocido como “la ruta del dinero” y anticipó que pedirá penas para 19 de los 27 acusados en este juicio. Las querellas de este proceso -la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y la AFIP- ya acusaron al empresario santacruceño por lavado de dinero.
En la audiencia de hoy, realizada vía Zoom y con los jueces del Tribunal Oral Federal 4, las partes y las querellas presentes de manera virtual, Córdoba señaló que Báez “canalizó dinero en una segunda etapa de atomización del mismo”, mediante “sociedades existentes y vehículos paralelos”. Así logró la “interrupción de cualquier tipo de trazabilidad y el ocultamiento del origen del dinero ilícito”, expuso Córdoba.
El fiscal ya adelantó en la primera audiencia de su exposición que no pedirá penas para los acusados Mario Acevedo Fernández, Santiago Carradori, Jorge Cerrota, Alejandro Ons Costa, Christian Delli Quadri, Juan Ignacio Pisano Costa, Eduardo Larrea y Sebastián Pérez Gadín.
La UIF y la OA ya expusieron sus alegatos en las audiencias anteriores y acusaron a la mayoría de los imputados en este juicio.La OA pidió condenar a ocho años y seis meses de prisión a Lázaro Báez, mientras que la UIF pidió nueve años de cárcel para el empresario kirchnerista.
Una diferencia entre las acusaciones de ambas querellas es la valoración que hicieron de los dichos de Leonardo Fariña como arrepentido, impugnado por la mayoría de los acusados en esta causa.
Mientras la OA destacó que sus “aportes han sido corroborados con otros medios probatorios” y pidió para Fariña una condena de tres años, la UIF pidió para el arrepentido una pena de cuatro años y medio.
Plata de la obra pública
El fiscal Córdoba yaconsideró probado que el dinero que Lázaro Báez puso en circulación proviene de los contratos de obra pública que se le otorgaron durante el período 2003-2015, así como también de la evasión impositiva.
Esos contratos son investigados en la causa conocida como Vialidad, donde a Báez se lo investiga junto a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras.
Mientras tanto, a pesar de una serie de fallos que lo dejaron cerca de la excarcelación, el empresario Báez, detenido hace más de cuatro años con prisión preventiva en el penal de Ezeiza, espera una definición judicial de la Cámara de Casación sobre el monto de la caución que se le fijó para la excarcelación y que él consideró “imposible de pagar”.
La audiencia para tratar ese planteo del empresario kirchnerista se hará efectiva la semana que viene. (La Nación)
