Según publica Clarín La Casa Rosada quiere que los gobernadores muestren más iniciativa y asuman parte del costo político. El ejemplo de Chaco, La Rioja y la postura rígida de Axel Kicillof.
Por: Ignacio Ortelli
En alerta, para frenar la segunda ola de coronavirus, el Gobierno busca “coparticipar” con las provincias medidas para bajar la curva de contagios, en pleno ascenso en las últimas semanas. Más allá de las medidas anunciadas el domingo, con eje puesto en el teletrabajo del empleo público, y las que eventualmente vaya a adoptar en las próximas horas tras la reunión con el consejo de expertos en materia sanitaria, la Casa Rosada quiere que los gobernadores muestren más iniciativa, refuercen los controles y se hagan cargo de eventuales restricciones horarias.
En los últimos días, el Gobierno trazó una serie de reuniones que dieron cuenta de la creciente preocupación por la cantidad de contagios y, en especial, por el riesgo que implica la llegada de nuevas cepas que tienen en jaque a la región. Más que medidas concretas, esos encuentros tuvieron como objetivo bajar un mensaje de alerta y concientizar sobre la gravedad de la situación sanitaria, pero este fin de semana, la administración de Alberto Fernández sorprendió al hacer anuncios que hasta el viernes no estaban previstos.
Sin embargo, entre el desgaste social que dejó una cuarentena por demás extensa durante 2020, la marcha lenta del plan de vacunación y el escaso margen que da la economía para tomar medidas macro que limiten las actividades, el Gobierno apela a reforzar el mensaje de responsabilidad individual y que sean los gobernadores los que eventualmente, tras analizar el sistema sanitario de sus provincias, adopten medidas restrictivas. Algo similar a lo que ocurrió en enero, cuando tras las Fiestas la curva de contagios se disparó y motivó límites a la nocturnidad.
“Para que se cumplan las medidas, tiene que haber consenso político y nadie puede hacerse el distraído sobre que la situación es preocupante”, sostienen en la Casa Rosada.
El mensaje por elevación involucra no sólo a opositores, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien este mediodía brindó una conferencia de prensa y negó que se evalúen restricciones, hasta gobernadores oficialistas que esquivan decisiones antipáticas para no asumir costos. “No es sólo la Ciudad, donde la actividad nocturna está desbordada: pasa en todas partes y cada uno se tiene que hacer cargo”, insisten.
En ese sentido, además de la recomendación para todos de que imiten la decisión de liberar del trabajo presencial a los estatales, en Balcarce 50 ponderan a los mandatarios que se adelantaron y en un año electoral “no especulan”. Hay dos, como el chaqueño Jorge Capitanich y el riojano Ricardo Quintela que hicieron anuncios este fin de semana que fueron más allá de lo dispuesto por Nación.
En el caso de Capitanich, dispuso “restricciones parciales por localidad, casos agrupados, horarios y actividades de alto impacto”, mientras que Quintela fue más duro y dio un paso similar al que deslizó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la semana pasada: dispuso la prohibición de la circulación en la vía pública entre la 1 y las 6 y limitó las reuniones sociales hasta 15 personas.
En esa línea, en el Gobierno destacan la postura rígida del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien en las próximas horas podría avanzar en restricciones para actividades recreativas en espacios cerrados, tal como admitió el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García.
En la previa a Semana Santa, según confiaron desde la gobernación, Kicillof analiza junto a los intendentes la posibilidad de establecer límites y restricciones horarias. Este martes habrá una cumbre clave en ese sentido, pero el mandatario y su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, intercambian mensajes y llamados con los alcaldes para consensuar medidas.
Por lo pronto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, prepara un informe para entregar al Presidente con el detalle de todos los argentinos que volvieron al país en las últimas horas. Será un “mapa” en el que cada gobernador deberá dar hacer su parte: la idea es que las fuerzas de seguridad locales controlen “casa por casa” el cumplimiento del aislamiento obligatorio y, al mismo tiempo, se aseguren que para ser dados de alta se realicen el test de PCR que estableció el Gobierno nacional. (Clarín)
