Según publica Clarín El cuestionado funcionario vuelve al ministerio de Seguridad. Tiene pendientes varias causas judiciales.
Por: Lucía Salinas
“El presidente no me ofreció nada”, dijo Aníbal Fernández cuando el martes pasado fue a la Casa Rosada en medio de la ola de renuncias del kirchnerismo al gabinete. Días después integró el listado de los nuevos funcionarios de Alberto Fernández con los que esta semana relanzará su gobierno, uno debilitado por la derrota electoral y por el abierto enfrentamiento con Cristina Kirchner. Su nuevo ministro de Seguridad, arrastra procesamientos por corrupción y una errática gestión en YCRT, la empresa minera investigada por malversación de fondos y que llevó a prisión a Julio De Vido en 2017.
Aníbal Fernández fue jefe de Gabinete, Ministro de Seguridad y Justicia, Ministro del Interior del gobierno kirchnerista y senador. Y en 2015, candidato a gobernador en la Provincia, derrotado por María Eugenia Vidal. Con el presidente Alberto Fernández, asumió como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la empresa minera ubicada en Santa Cruz. Este lunes volverá al gabinete como Ministro de Seguridad.
Durante todos sus años en la gestión pública, principalmente aquellos bajo la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner, el nombre de Aníbal Fernández terminó en más de un expediente judicial. Acusado de corrupción, fue procesado y enviado a juicio oral en una causa, se encuentra imputado en otra y continúa siendo investigado.
La jueza María Servini en noviembre de 2018 dio por clausurada la investigación y envió a Fernández junto a Jorge Capitanich, a juicio oral por administración fraudulenta. La magistrada, dijo que Fernández como Gabriel Mariotto, ex coordinador general del Programa instrumentado en 2009, deben responder por “desvíos en los ingresos” a raíz de distintos convenios firmados, uno de ellos con la empresa de camiones Iveco, del 18 de abril de 2011 por $ 4 millones.
Al año siguiente el fallecido juez Claudio Bonadio encontró a Aníbal Fernández del delito de defraudación con un perjuicio contra el Estado de $ 600 millones por el programa de tratamiento de residuos para municipios. 44 intendentes fueron enviados a juicio oral por ese mal manejo de fondos públicos.
Sobre él pesaba otra causa donde se investigan subsidios por $ 56 millones para la construcción de canchas de césped sintético en cada una de las provincias del país, pero se archivó.
Pero dentro de su expediente judicial, este año la fiscal Gabriela Baigún, ante el Tribunal que debía realizar el juicio y previo al inicio del mismo, sobreseyó a los acusados en el plan Qunita. Aníbal Fernández integraba ese listado. Al no contar con impulso del Ministerio Público Fiscal, el caso se cayó.
Son estos los casos que acompañan al nuevo ministro de Seguridad de la Nación, que deja el cargo asignado como interventor en YCRT, donde los números no acompañan su gestión de más de año y medio. El dato más reciente es de carácter electoral. La empresa minera que se investigó en diversos expediente por malversación de fondos, se encuentra en la Cuenca Carbonífera, conformada por dos localidades: 28 de Noviembre y Río Turbio.
Ambos municipios son históricamente un importante bastión kirchnerista. Signada por la gestión de Aníbal Fernández, los últimos meses fueron de constantes conflictos gremiales que incluyeron listados de aquellos trabajadores que se plegaban a las medidas de fuerza. A ese escenario se sumó la irrupción del candidato petrolero, Claudio Vidal, que se convirtió en la tercera fuerza política en suelo santacruceño.
El espacio que lidera el secretario general del gremio petrolero, se llama Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER). Con el 40,65% se impuso en 28 de Noviembre dejando segundo al Frente de Todos. En Río Turbio el porcentaje fue mayor, Vidal obtuvo el 44,11% mientras que el candidato de Alicia Kirchner, el 32.05%.
El segundo indicador de YCRT es su improductividad. “Hoy la prioridad no es sacar carbón, sino vender energía y para eso hay que avanzar con la usina”, había dicho el funcionario a Clarín el mes pasado.
Con una planta de personal que supera los 2.000 puestos de trabajo, en abril del año pasado el Gobierno remitió a la empresa minera una asistencia de 1.190 millones de pesos. El 97% de los fondos se destina sólo a sueldos. La última Ley de Presupuesto de la gestión macrista, destinó a YCRT $ 2.600 millones. En aquel entonces, la anterior intervención -luego denunciada por Aníbal Fernández- ya había señalado que los gastos de la empresa eran superiores a lo producido.
En un recambio de la ecuación, Fernández quiso terminar la Usina Térmica que debe inyectar al interconectado nacional 240 MW. Junto con eso proyectan diez unidades de negocios como la venta de energía en frío. La obra fue licitada hace quince años y sigue inconclusa.
Antes de dejar la gestión, según la documentación oficial, Fernández licitó 1.273. 324.501 pesos. La cifra se divide en trece licitaciones públicas, que tienen como finalidad terminar la primera de las dos calderas de la Usina Térmica, la misma que en 2015 Cristina Kirchner inauguró en plena campaña electoral, pero a los dos días tuvo que ser apagada. Tiempo después desde la empresa admitieron que no debería haberse inaugurado y que eso fue lo que produjo que se averíe.
Todos los anuncios y contratos tuvieron como telón de fondo un permanente conflicto sindical. La última semana previo a dejar el cargo, una parte de los trabajadores nucleados en un ala de ATE se dirimían entre acatar la conciliación obligatoria mientras que otra fracción, sólo reclamaba la renuncia de Aníbal Fernández.
YCRT se encuentra intervenida desde 2004 cuando por el incendio en una de las principales minas, fallecieron 14 mineros. Desde entonces el gobierno kirchnerista viene prometiendo mejoras y obras millonarias. Los fondos destinados a la empresa carbonífera durante dicha gestión ascendieron a $ 26.000 millones. La justicia dijo que no se volcaron a los planes de mejora y puesta en valor de la compañía. Julio De Vido fue enviado a juicio oral por desvío de 256 millones de pesos.
A la espera de un nuevo interventor, los trabajadores de YCRT son parte de una empresa que ya no produce carbón, que continúa con la prometida usina sin concluir y que mantiene un sostenido reclamo salarial. (Clarín)
