Según publica La Nación La investigación, que se extiende sobre lavado de activos y extorsión, tiene en la mira a funcionarios kirchneristas del Ministerio del Interior, la Secretaria de Comercio y la Aduana.
Por: Hugo Alconada Mon
El gobierno de Estados Unidos investiga al gigante tecnológico Hewlett Packard por presuntos actos de corrupción cometidos en la Argentina durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, según reconstruyó LA NACION en base a testimonios y documentos oficiales durante las últimas semanas.
La investigación por presuntos sobornos, lavado de activos y extorsión tiene en la mira a funcionarios kirchneristas de varias dependencias públicas como el Ministerio del Interior y Transporte, la Secretaria de Comercio y la Dirección General de Aduanas, a un puñado de ejecutivos locales de HP, y al menos dos distribuidoras argentinas y otra firma uruguaya.
Iniciada en agosto de 2018, la pesquisa quedó bajo la órbita del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) por la presunta violación de la Ley contra las Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero (FCPA, en inglés), con ramificaciones que van de Washington, Palo Alto, Miami y Nueva York a Buenos Aires y Montevideo.
El resultado de la pesquisa es incierto, por ahora. Se encuentra en pleno desarrollo, pero HP se sumó ya a una larga lista de multinacionales investigadas en Estados Unidos por sus operaciones en la Argentina. Al menos una docena de ellas terminó por reconocer que pagó sobornos en el país durante los últimos veinte años; entre ellas, IBM, Siemens, LAN, Odebrecht y, la más reciente, Stericycle. Pero otras compañías, por el contrario, terminaron exoneradas de culpa, como Embraer y Pan American Energy.
En el caso de Hewlett Packard, no obstante, podría caer en una reincidencia. En 2014 arribó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la SEC por el que se comprometió a pagar al menos US$108 millones y someterse a un programa especial de seguimiento por sus irregularidades y delitos en Rusia, Polonia y México.
Ahora, los investigadores buscan determinar cómo actuaron sus ejecutivos locales desde que el gobierno de Fernández de Kirchner estableció las “declaraciones juradas anticipadas de importaciones” (DJAI), en febrero de 2012, y las ganancias que Hewlett Packard logró desde ese momento –por sí o a través de sus distribuidoras– con el Gobierno.
LA NACION consultó sobre la investigación a la filial argentina de la compañía. Cuatro días después llegó la respuesta de HP Inc., la compañía dedicada a los ordenadores personales y a las impresoras tras la división de Hewlett Packard en dos firmas a nivel global. “Como este asunto guarda relación con temas litigiosos, no comentamos sobre el mismo”, replicó.
Capítulo en Buenos Aires
La pesquisa se desarrolla en múltiples ciudades de Estados Unidos, pero registró también un capítulo en Buenos Aires a partir del último cuatrimestre del año pasado, cuando desde Washington, DC requirieron la colaboración de las autoridades argentinas para reunirse con ejecutivos locales de Hewlett Packard y otros argentinos.
Esa requisitoria pasó por el Ministerio de Justicia y llegó a la jueza federal María Romilda Servini en septiembre pasado, más un segundo tramo a fines de noviembre. Citó entonces a siete argentinos a comparecer “de manera voluntaria” junto a sus abogados, con todos los derechos y garantías previstas en la legislación argentina para los imputados.
La jueza Servini no fue, sin embargo, quien se encargó de interrogar a los siete “presuntos implicados” –así se los definió en un documento oficial cuya copia obtuvo LA NACION–, sino dos fiscales y dos agentes la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), acompañados por un funcionario de la embajada de Estados Unidos con sede en Buenos Aires.
La citación para el 20 y 21 de enero abarcó al exdirector comercial de Nación Seguros Sebastián Pérez Escobar; al exgerente de Sistemas y Tecnologías de Nación Servicios Lautaro Emilio González; y al experto en asuntos societarios Horacio Colimodio. También, a cuatro ejecutivos de HP: el socio gerente hasta su salida en 2016, Gonzalo Giazitzian; el exgerente de ventas Javier Alberto Mazzeo; y los también gerentes Sergio Venier y Carlos Huergo Cornejo, quien luego pasó a desempeñarse en la firma Dinatech.
LA NACION procuró contactar a los siete convocados, que no respondieron los llamados y consultas. De ellos, sólo uno se presentó a declarar de manera voluntaria ante los investigadores estadounidenses. Fue Lautaro González, quien respondió preguntas durante cinco horas, según reconstruyó LA NACION (de lo que se informa por separado).
Dinatech, en tanto, también se encuentra bajo la lupa, según reconstruyó LA NACION. Pertenece al empresario Eduardo Wassi, a quien desde el kirchnerismo apodan “Randazzito” desde hace años por su supuesta afinidad con el entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Randazzo siempre negó cualquier tipo de vínculo con Wassi, Dinatech o Hewlett Packard, lo que reafirmó ante la consulta de LA NACION. “HP nos vendió impresoras y cartuchos para algunas dependencias, pero no fueron grandes compras, y fueron por licitaciones públicas”, indicó. “En cuanto a Dinatech, el mayor vínculo era con la Anses, no con nuestro Ministerio”.
De ascenso fulgurante durante el kirchnerismo, Dinatech se erigió en una de las principales proveedoras de HP en la Argentina. Ganó contratos y licitaciones con distintas dependencias oficiales por al menos $134 millones entre 2010 y 2013, en tanto que su patrimonio aumentó 1024 veces en apenas diez años. Pasó de apenas $75.593 a superar los $77,4 millones, mientras que sus ganancias se multiplicaron 2645 veces, según reveló Perfil en 2014.
Randazzo y Wassi se conocieron mientras el primero fue ministro de Gobierno bonaerense de Felipe Solá, entre 2003 y 2007. Dinatech obtuvo la mayoría de sus contratos con el sector público por licitación, pero algunos fueron por adjudicación directa; y en casi todos fue clave una colaboradora de Randazzo llamada Lourdes Giménez.
LA NACION intentó conocer la posición de Wassi durante los últimos días, pero no respondió los mensajes ni llamados.
La Justicia argentina, cabe aclarar, ya investigó y sobreseyó a Randazzo y a Amado Boudou por el presunto favorecimiento a Dinatech cuando lideraban el Ministerio del Interior y la Anses. Lo firmó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en 2017, cuando también benefició a Lourdes Giménez y a Wassi. Es decir, meses antes de que se iniciara la pesquisa en Estados Unidos.
Encuentro en Miami
Los encuentros, en tanto, no sólo se sucedieron en Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION. Al menos un argentino fue abordado en Estados Unidos por esta misma investigación, poco después de arribar al aeropuerto internacional de Miami, en noviembre de 2020.
Contador, Esteban Isorna fue socio y gerente general de Etertin SA, una firma dedicada a la venta de insumos de informática que, al igual que Dinatech, fue distribuidora oficial de productos de Hewlett Packard. Por eso fueron a buscarlo.
“Agentes del FBI golpearon la puerta de mi habitación en el hotel de Miami. Me informaron que un fiscal federal quería conversar conmigo y como era el Día de Acción de Gracias [por el 26 de noviembre de 2020] coordinamos una reunión para dos o tres días después”, indicó Isorna a LA NACION. “Al final, la reunión fue con un fiscal que vino de Washington, DC, y un agente del FBI. Me hicieron muchas preguntas sobre las DJAI y Etertin, pero centrados en 2015, cuando ya me había ido de Etertin”.
Isorna recordó con precisión cuándo se reunió. “Acababa de morir Diego Maradona”, precisó. “Tenían muchísima información, pero algo desordenada, y pasé horas explicándoles cómo era el sistema de las DJAI y todo nuestro sector [por el tecnológico] en la Argentina. No puedo decir que fue una charla de café porque con un agente del FBI nunca lo es, pero lo que tenían no era conmigo. Más no le puedo informar porque me comprometí a no revelar sobre qué hablamos, aunque tampoco firmé ningún documento al respecto. Sólo le diré que desde entonces volví media docena de veces a Estados Unidos, sin problemas”.
La investigación, en tanto, va más allá de la Argentina. El entramado de presunta corrupción y lavado también registraría una punta en Montevideo. Allí funciona una sociedad comercial identificada como Diverol SA, que se presenta como una empresa abocada a la importación y distribución de informática que ofrece la “garantía HP Uruguay”.
LA NACION intentó comunicarse con Diverol, pero no respondió los llamados y correos electrónicos. (La Nación)
