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La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de Cristina Kirchner para detener el juicio por la obra pública

El discurso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, durante la apertura de sesiones de la Asamblea de Eurolat - Foto: NA

Según publica Clarín Por unanimidad, los ministros del máximo tribunal votaron no tratar los pedidos de la vice que hubieran interrumpido las audiencias.

Por: Lucía Salinas

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos formulados por Cristina Kirchner para detener el juicio en su contra por la presunta corrupción en la obra pública. Se trata de doce recursos en total, todos relacionados al caso que tiene como principal acusada a la vicepresidenta por presunto direccionamiento de los contratos viales a favor de Lázaro Báez. El debate oral continuará con el cronograma fijado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que busca dar su veredicto antes de fin de año.

​Tal como anticipó Clarín, una docena de planteos fueron rechazados por los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, avalando así el juicio que inició en mayo de 2019 por la presunta corrupción en la obra pública.

La mayor cantidad de recursos extraordinarios rechazados este martes fue presentada por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Tres de ellos eran centrales, porque buscaban dejar sin efecto el debate oral y público que tendrá su veredicto antes de fin de año.

En uno de esos recursos, la vice había pedido una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias. Sobre este planteo la Corte denegó la queja “por falta de sentencia definitiva”, al entender que no existe la arbitrariedad planteada por Cristina Kirchner respecto a la prueba impulsada, es decir una pericia sobre cinco obras emblemáticas y no sobre las 51 como ella requería.

El Tribunal autorizó un peritaje sobre cinco casos testigos de obras asignadas Báez y que arrojó por parte de los peritos oficiales, sobreprecios de 170-200 millones de dólares, asimismo determinaron que el empresario K no contaba con capacidad técnica para ganar los contratos y que esas obras no se concluyeron. La perito por parte de la vicepresidenta dictaminó lo contrario en todos los puntos.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Con su planteo buscaba que se anule la prueba que expuso los sobreprecios. “Se desestima el agravio referido a la posible afectación del derecho de defensa de la imputada, destacando que el tribunal oral se limitó a ejercer las funciones que le son propias y que también rechazó pruebas ofrecidas por los acusadores”, indica el acuerdo de la Corte.

Sobre este punto los jueces hicieron una importante salvedad en respuesta al descargo de Cristina Kirchner: “Se descarta la existencia de “gravedad institucional”, señalando que no puede afectar “la buena marcha de las instituciones democráticas” el rechazo de un planteo que puede retomarse en instancias posteriores”.

En respuesta al descargo de la defensa, la Corte desestimó que la decisión del Tribunal de no realizar una pericia sobre todas las licitaciones “se vincula a una decisión de perjudicar a la ex Presidenta o convertir al debate en un remedo de juicio”.

Otro planteo de la vicepresidenta que llegó a la Corte apuntaba contra una demanda multimillonaria que el gobierno de Mauricio Macri inició en contra de la vice por 22.500 millones de pesos. Cristina insistía en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó- debe tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Contencioso Administrativo.

La Corte le respondió que el reclamo “carece de fundamentación suficiente”. Tampoco aquí ve “gravedad institucional” la Corte, pues “no se ha explicado de qué modo una resolución cuya consecuencia es la mera remisión de los planteos de la apelante para su tratamiento en sede civil y comercial federal revela una ‘flagrante violación de derechos, capaz de quebrar la buena marcha de las instituciones del sistema republicano’.

El máximo tribunal le respondió a la defensa de Cristina que “los actores judiciales”, realizaron su tarea y no como dijo ella que “lejos de velar por la vigencia de nuestra Constitución, se han plegado, con un inocultable interés político, a una desenfrenada e inédita embestida política, mediática y judicial”. Esto fue rechazado.

Otra de las quejas centrales de la vice, refería a la jurisdicción del caso. Es decir, tanto ella como Lázaro Báez exigieron que el caso se vaya a Santa Cruz. Junto con eso habían sostenido que había un doble juzgamiento, porque ya habían sido sobreseídos en el sur por un caso similar. La Corte denegó este planteo “por falta de fundamentación autónoma”.

Al analizar el caso, el máximo tribunal consideró que la vicepresidenta “no demostró haber refutado, en su recurso de casación, los argumentos esgrimidos por el tribunal oral para desestimar los planteos de falta de jurisdicción y cosa juzgada, ni tampoco efectuó una descripción prolija de los antecedentes de la causa relacionados con sus agravios”.

Se sostuvo en el acuerdo que la defensa de Cristina Kirchner “no fundó la invocada violación del juez natural” pero además que en el caso referido que se juzgó en Santa Cruz “sólo estaban involucrados funcionarios provinciales”. En otras palabras, los ministros de la Corte le dijeron que la ex Presidenta “no fue juzgada en sede provincial” y que su queja carece de fundamentación a la hora de demostrar las similitudes en la causa que tramitó en el sur y el juicio que afronta en Comodoro Py.

El caso

En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la vicepresidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.

En la acusación, que la defensa de la vice buscaba refutar con los recursos ante la Corte que fueron rechazados este martes, se sostuvo que desde el Gobierno kirchnerista y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”.

Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.

Pese a los recursos interpuestos para evitar la continuidad y finalización del juicio, la Corte Suprema rechazó los planteos.

Así, el debate oral continuará bajo el cronograma impuesto por el TOF 2, es decir, el 11 de julio iniciarán los alegatos. Los mismos iban a iniciar con la Oficina Anticorrupción (OA) pero hace una semana renunció oficialmente al juicio. La querella que queda es la Unidad de Información Financiera (UIF) y después será el turno del Ministerio Público Fiscal representado por Diego Luciani y Sergio Mola, quienes preparan una dura acusación contra la vicepresidenta. (Clarín)

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