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Tras 3 días de alegato, la defensa de Lázaro Báez pidió la absolución de su cliente

Lázaro Baéz abre la puerta del Mausoleo de la familia Kirchner a Cristina Fernández - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín Los abogados del empresario K criticaron a los fiscales que pidieron 12 años de prisión para su defendido y afirmaron que “no hubo privilegios” de parte de los gobiernos de los Kirchner.

Por: Lucía Salinas

“Sólo vimos en esta causa los kilómetros y kilómetros de ruta construidos” dijo el abogado de Lázaro Báez en los alegatos que concluyeron con un pedido de absolución, al considerar que “no hay una sola prueba que sustente la acusación”.

La fiscalía solicitó una pena de doce años para el dueño del Grupo Austral por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador y el de administración fraudulenta.

En el alegato, no hubo una sola referencia a los veinte acuerdos comerciales por más de $ 40 millones entre Austral Construcciones y otras firmas del empresario y la familia Kirchner.

La justicia federal en este expediente, señaló que sin Lázaro Báez no habría existido la maniobra bajo investigación. Los fiscales del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral -esto es 51 contratos por $ 46.000 millones-, se refirieron a un accionar delictivo por parte del ex socio comercial de los Kirchner.

En el pedido de condena de doce años de cárcel el Ministerio Público Fiscal ponderó como agravante “la creación del armado societario para receptar los contratos viales, como también el lucro personal que se expone en su incremento patrimonial”, dijo el fiscal Luciani.

Así se refirió a dos números que son parte del expediente: el incremento en un 12.000% de la fortuna de Lázaro Báez a quien el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) le adjudicó 1.412 bienes muebles e inmuebles por 205 millones de dólares a valores de 2016.

El otro número es 46.000% y refiere al incremento del patrimonio de Austral Construcciones a quien la justicia comercial le comenzó a rematar en el marco de la quiebra, el extenso listado de bienes para cumplir con la distribución entre los acreedores, entre los que se encuentra la AFIP con un reclamo cercano a los $ 2.000 millones.

“Sistemáticamente realizó todas las acciones para que sus empresas se hicieran de licitaciones ilegales y obtuvieran los pagos”, dijo el fiscal Luciani al pedir doce años de cárcel y habló de “codicia desmedida” que expuso el incremento de bienes de Báez.

En cambio, el abogado Juan Villanueva se opuso a todos estos puntos, al señalar que “la codicia a la que refieren no es elemento que pueda valorarse en un pedido de de condena”.

Por otro lado, la fiscalía señaló que “se valoraba negativamente su falta de arrepentimiento en estos años”, en relación a la falta de reconocimiento de los hechos imputados.

Pero al respecto, la defensa realizó una interpretación que fue más allá. Se refirió a los años que Lázaro Báez estando preso en el Penal de Ezeiza “fue extorsionado reiteradamente por la AFI (macrista) para que incriminara a Cristina Kirchner, o amenazaron con ir por sus hijos y vaya que cumplieron”.

En la instancia de alegatos la fiscalía ponderó negativamente el “rol activo como partícipe primario en el fraude”, respecto a Báez y le adjudicaron haber tenido un “aporte ineludible, participó de la maniobra durante doce años, puso a disposición un conglomerado para la adquisición de contratos, generó nuevos artificios para obtener fondos ilegales y dirigirlos en una segunda etapa en beneficios de sus consortes de causa (el matrimonio Kirchner)”.

El descargo de la defensa durante tres audiencias, se sustentó en el rechazo a los delitos atribuidos. ” Acá no existieron pruebas que le den respaldo a las falsas y fantasiosas acusaciones de la fiscalía, lo que sí existieron fueron kilómetros y kilómetros de rutas hechas”, dijo.

Bajo esta línea de argumentos, la defensa acusó a los fiscales de sumar pruebas y acusaciones que no eran parte del juicio en la instancia de alegatos, y señalando que con el pedido de condena “procedieron por fuera del derecho, violando toda garantía del debido proceso”, por no permitir “un verdadero derecho a defensa” y “por no investigar, por omitir pruebas para avanzar en una falsa acusación”. 

En este punto señaló que, según su criterio y análisis de la prueba, “no existió ninguna administración fraudulenta ni ningún perjuicio al Estado y sería entonces imposible que Lázaro haya sido el organizador de una asociación ilícita siendo que no tenía injerencia en nada vinculado a los contratos confeccionados ni presupuestos asignados”.

Fue entonces cuando reiteró un concepto: “Lo que sí se demostró fueron los kilómetros y kilómetros de rutas hechas y existe una deuda desde el Estado hacia las empresas de Lázaro Báez desde noviembre, diciembre de 2015 y meses siguientes por 271 millones de pesos”.

Vialidad Nacional bajo la gestión anterior inició 16 juicios en la justicia ordinaria de Santa Cruz para cobrar las pólizas correspondientes a un conjunto de obras que consideraron, fueron abandonadas por Lázaro Báez. La cifra asciende a unos 300 millones de pesos. La justicia determinó que el Grupo Austral dejó 24 rutas sin concluir en diciembre de 2015, muchas de las mismas habían sido adjudicadas en 2007.

En el tramo final de su alegato, rechazó la utilización de los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas José López donde sólo se refirió a algunos de ellos y no hizo referencia a lo que la fiscalía denominó el “plan limpiar todo”, en relación a un supuesto esquema para desactivar Austral Construcciones previo al cambio de gobierno. En este sentido, requirió que el Tribunal anule esa prueba.

Finalmente, sin hacer referencia a los negocios entre los Kirchner y Báez concretados con Austral Construcciones mientras ganaba sistemáticamente obra pública vial y con eso fondos garantizaba el pago de contratos de locación por 40 millones de pesos entre 2009 y 2015, la defensa insistió en la inocencia del empresario. 

“Lázaro no tenía privilegios, no recibía un trato preferencial ni recibía pagos anticipados, quisieron mostrar como anormal cosas que ocurrían en otras provincias”, señaló el abogado.

Así rechazó que Báez haya contado con privilegios para los pagos anticipados de las obras, que “no hay sido anormal” que compita contra sí mismo en varias rutas, desterró  el planteo de la cartelización de la obra pública y el direccionamiento de las licitaciones favor del Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.

“Vengo a pedir al Tribunal justicia y la absolución de las falsas acusaciones contra Lázaro Báez”, concluyó el abogado Villanueva. (Clarín)

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