Según publica Clarín Es Javier Carbajo. Argumentó que ya opinó sobre el tema en la causa de la Ruta del Dinero K.
Por: Daniel Santoro
Uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que debía revisar la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad se excusó este jueves en forma sorpresiva de intervenir, confirmaron fuentes judiciales. Argumentó que ya había opinado sobre el caso al resolver en el marco de la causa de la Ruta del Dinero K por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lázaro Báez.
Se trata del juez de la sala cuarta del máximo tribunal penal, Javier Carbajo, quien -al confirmar la condena a Báez en la causa por lavado de dinero- sostuvo que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el supuesto direccionamientos de la obra pública que se juzga en el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir, informaron fuentes judiciales.
Los otros dos jueces de esa sala son Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, a quienes la defensa de Cristina adelantó que recusará. Borinsky y Hornos ahora deben decidir si aceptan el apartamiento de su colega. Ahora si lo aceptan deberá sortearse un tercer juez.
Tal como adelantó Clarín el sábado, ahora se abre una instancia de “guerra” de recusaciones en las que la defensa de la ex presidenta quiere un sala de Casación con una integración totalmente distinta a la de hoy.
“Es mi obligación legal inhibirme de continuar interviniendo en el presente proceso CFP 5048/2016 para no comprometer, irremediablemente, el deber de imparcialidad que tengo como juez constitucional, atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo”, señaló Carbajo.
“Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones en aquella operatoria ilegal”, agregó Carbajo.
Es decir, Carbajo opinó que el delito precedente del lavado de 55 millones de dólares de Báez fue el delito precedente del direccionamiento de contratos públicos por 3.500 millones de dólares para la obra pública que los gobiernos de los Kirchner dieron a su socio.
El plazo para las recusaciones en esta instancia de la revisión de las condenas de la causa Vialidad vence el lunes. En fuentes judiciales trascendió que la semana próxima Borinsky y Hornos decidirá si aceptan la excusación de su colega.
En tribunales es muy raro que un jueza se excuse. La mayoría de los casos son recusaciones de las partes por temor de imparcialidad. Ahora esos dos jueces deberán revisar la jurisprudencia de Casación sobre esta sorpresiva autoexclusión. Seguramente, uno de los factores a tener en cuenta es que si rechazan la excusación, las partes apelarán la decisión con el viento a favor de la voluntad de Carbajo de autoapartarse.
Otro tema es la propia recusación contra Borinsky y Hornos. El kirchnerismo ya intentó el año pasado en correrlos con el argumento de las visitas públicas al ex presidenta Mauricio Macri que incluso incluyó una causa penal. En este expediente, ambos tienen sobreseimiento firme, es decir que no existió delito.
La semana pasada, la vicepresidenta pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que se anule la pena de seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos que se le impuso en el juicio por la causa Vialidad y que se disponga su absolución, tras argumentar que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.
En tanto, el fiscal Diego Luciani pidió que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que había sido descartada por la mayoría del Tribunal Oral Federal 2.
La petición de la expresidenta fue realizada por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes reclamaron “absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.
La expresidenta fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, más un decomiso de sus bienes y de otros imputados por 500 millones de dólares para devolver al Estado el dinero robado.
Los abogados dijeron en su presentación, que “la sentencia aquí recurrida consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”.
“Y a su vez, nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, destacaron.
La ex presidenta podrá presentarse esta año a elecciones a para cualquier cargo que quiera, pese a que ella habla de proscripción, porque la condena entrará a regir cuando quede eventualmente firme en Casación y luego en la Corte, lo que terminará de resolverse el año próximo. (Clarín)
