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Golpe de efecto: la Argentina importará alimentos para bajar los precios

Según publica La Nación Massa jugará una carta imprevista para contener la suba de precios: el Mercado Central se convertirá en agente importador y podrá traer comida con arancel 0.

Por: María Julieta Rumi

Conocido el número de inflación de abril (8,4%), el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, señaló aumentos en bienes estacionales y mencionó particularmente a las verduras, que subieron un 20,5% en el mes después de haber traccionado también los precios en marzo.

De acuerdo con esto, desde el Gobierno decidieron que el Mercado Central reduzca el precio efectivo de venta al público de productos frescos (frutas, verduras, hortalizas, carnes) y productos secos no perecederos (alimentos de primera necesidad) al habilitarlo a importar alimentos con arancel cero.

La inflación del año 2022 fue de un 94,8% - Foto: NA

“Ante la detección de distorsiones en los precios de los alimentos por parte de la Secretaría de Comercio, por el abuso de empresas con posición dominante de mercado, el Mercado Central podrá importar en forma directa dichos productos con arancel cero, creando mayor oferta de productos sin costos de intermediación”, dijeron desde Economía y agregaron que dichos productos serán ofrecidos al público y a comercios minoristas de cercanía de manera directa.

En este sentido, pusieron como ejemplo que, ante la negativa de los mayoristas y las grandes empresas, se podría abastecer a los supermercados chinos y almacenes de cercanía con una canasta de productos definidos por la Secretaría de Comercio, importados por el Mercado Central “para romper con el abuso de precios que realizan esas empresas a la hora de abastecer estos puntos de venta de cercanía”. Esa canasta sería controlada por la Secretaría para que los comercios de cercanía cumplan con los precios máximos de venta.

Además, el Gobierno estableció que el Mercado Central podría generar fideicomisos público/privados para la compra de productos alimenticios. De esta forma, cada comercio de cercanía podría ser un cuotapartista, aportando fondos para la compra centralizada “generándose mejores precios de compra y eliminando la intermediación en la venta de dichos productos y los abusos de los distribuidores y las grandes empresas”. Los puesteros del Mercado Central que cumplan con los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio, habrá una suspensión del pago de canon por 90 días.

En diálogo con LA NACIÓN, el titular de la Aduana, Guillermo Michel -que estuvo ayer en la reunión en el Ministerio de Economía-, dijo que van a controlar que las frutas que se importen al tipo de cambio oficial se terminen vendiendo al oficial porque detectaron que en algunos casos los movimientos de precios acompañaron el alza del dólar blue.

“Esto se ve en las bananas o paltas, que son lo que más se importa, pero también lo vamos a hacer con automotrices, empresas de textiles, etc.”, apuntó.

Por otro lado, el Gobierno creará la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio, que estará integrada por un miembro de cada uno de estos distintos organismos: la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Agricultura, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana, el Banco Central, la Superintendencia de seguros, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Entre sus funciones estará monitorear operaciones de compra y venta de bienes y servicios en el comercio interno y externo, promover con equidad las operaciones comerciales, evitando posiciones dominantes; verificar la trazabilidad de los bienes objeto de comercio y la correcta tributación en cada etapa; y orientar al consumidor atendiendo las variables obtenidas en el proceso de seguimiento. Los titulares de las jurisdicciones intervinientes analizarán diariamente la información conectada y dispondrán las medidas necesarias.

“El objetivo de la Unidad es poner a disposición la información de todos para detectar inconsistencias. Si alguien importó la mercadería a valor oficial ¿A cuánto la vende? ¿Cuánto declara?”, agregó Michel.

Alivio fiscal para pymes e impulso al Ahora 12

El Gobierno sacará además planes de facilidades de pagos para cancelar obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril, que beneficiarían a 656.121 contribuyentes, de los cuales el 48,1% son micro y pequeñas empresas, el 11,5% son medianas Tramo I y el 31,2% son pequeños contribuyentes y monotributistas. El stock de deuda a regularizar es de $456.063 millones.

Estarán alcanzadas las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -incluidos sus intereses y multas- vencidas al 30 de abril y las multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones formulados hasta la misma fecha. Además, incluirá la deuda en discusión administrativa – judicial, como así también la incluida en planes caducos hasta la vigencia de la resolución general. No se permitirá la refinanciación de planes vigentes y no se incluirán los vencimientos de ganancias y bienes personales -de personas humanas y sociedades- de diciembre de 2022.

Más allá de esto, a partir de la semana próxima se bajará 9 puntos porcentuales el costo del financiamiento en 12 cuotas del Ahora 12 para promover el consumo de productos solo de origen nacional, que representan 5,8 millones de operaciones mensuales por un total de más de $250.000 millones.

Por último, se procederá a la suspensión de derechos antidumping en ramas de insumos difundidos con el objetivo de reducir el precio efectivo de las importaciones de ciertos insumos difundidos, fomentar la competencia en ramas altamente concentradas y disminuir los precios a lo largo de la cadena de valor.

En los próximos días, habrá una resolución ministerial suspendiendo la aplicación de derechos antidumping por “circunstancias atinentes a la política general de comercio exterior y al interés público”. (La Nación)

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