(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella celebró este miércoles la decisión del Ministerio de Defensa de la Nación para cancelar y suspender de manera definitiva la instalación del radar que la empresa LeoLabs Argentina S.R.L, de capitales británicos, emplazó en cercanías de Tolhuin.
El documento de 22 páginas da cierre definitivo a la operación del sensor porque pone en riesgo el interés soberano atento la disputa con Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
En la confección del informe participaron oficinas especializadas en tecnología radar y sensores pertenecientes a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensalas y el INVAP, este último tiene una larga experiencia dada su actividad de producción de radares de largo alcance de uso militar.
En una nota el ministro de Defensa, Jorge Taiana ratificó las apreciaciones del Jefe de Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, quien calificó de inviable la instalación del radar de la empresa LeoLabs por constituir una “seria amenaza a la seguridad nacional” y para evitar la afectación de los intereses soberanos se ordenó la cancelación definitiva del proyecto.
Melella sostuvo tras la cancelación del proyecto que “celebramos el involucramiento del Ministerio de Defensa. Debemos destacar este compromiso y lo que entendemos será la cancelación final de este proyecto”.
El radar se instaló en la estancia El Relincho, a unos 6 kilómetros del casco céntrico de Tolhuin, y estuvo en modo prueba de manera remota durante el mes de julio.
“Es necesario revisar de manera urgente nuestras normas nacionales y provinciales, como así el accionar de los funcionarios involucrados que han permitido que esta situación prospere”, criticó el gobernador fueguino.
Melella pidió a los legisladores nacionales que “tienen la oportunidad histórica de derogar una vergonzosa ley que protege a las inversiones británicas en nuestro país desde 1992”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
