Actual candidata a Concejal (FPV) de Pablo Grasso, intenta poner un bozal a OPI mediante una CD mal fundamentada y con el único objeto de silenciar a la prensa

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala” escribió Albert Camus, filósofo, escritor y periodista argelino. Y la cita viene al caso porque, una vez más, algún trasnochado del oficialismo pretende intimidar a OPI Santa Cruz por el contenido periodístico, creyendo que con una Carta Documento y una amenaza legal de accionar judicialmente, este medio va a silenciarse, autorregularse o autocensurarse. Nada más alejado de nuestro espíritu. Quién así lo ha pretendido en su momento, solamente logró que redobláramos la apuesta y este caso no será la excepción.

Debido a nuestros informes, donde señalamos la  aplicación de una metodología autoritaria y arbitraria del Consejo Provincial de Educación, por cuanto a pedido de la Supervisora Letizia Guidetti iniciaron sumario y separaron del cargo a Directivos de la EPP 90 (Río Gallegos), el caso tomo estado público a través de OPI y no pasó desapercibido como tantos otros en la provincia.

A partir de allí por la arbitrariedad en la que incurrieron las autoridades de Educación y la acción antiética de la supervisora, quien realizó las notificaciones a los docentes horas antes de dejar el cargo, ya que fue resguardada en la Junta de Clasificación, un reducto político ofrecido a fin de que la funcionaria no pierda la beca del Estado, el tema fue abordado por el propio Vocal por los Docentes ante el CPE, Pedro Cormack, quien en una entrevista radial atacó puntualmente esta acción que consideró absolutamente persecutoria y política.

El intento de ponernos un bozal

En estos días OPI recibió una Carta Documento de la aludida ex supervisora Letizia Guidetti, la cual, como me diría un viejo profesor de Derecho Privado I hace muchos años en la Facultad “de solo leerla, duelen los ojos”.

Más allá de la confección absolutamente rudimentaria y técnicamente (desde el aspecto legal) sin cumplimentar las reglas básicas de un reclamo eficaz, objetivo y concreto, la Carta Documento recibida se constituye en una pieza con claro espíritu restrictivo, censurante y una amenaza explícita hacia la libertad de prensa de un medio escrito, sin contemplar los derechos constitucionales que nos asisten en virtud de transitar por un régimen democrático, entre cuyos beneficios está el de ejercer el periodismo con libertad.

Argumentando que se ha sentido afectada en su buen nombre y honor, la señora Guidetti nos intima “formalmente” que procedamos a “desmentir” nuestra propia información sobre amenaza de iniciar acciones legales, etc etc…

No es llamativo, porque al final aparece el núcleo del problema que intenta abordar en esta CD, el uso de un lenguaje fuertemente restrictivo y amenazante como “intimo”, “exijo”, “suprimir”, “cesar” e implicaciones en este tipo de conducta (léxico) que podría confundirse como la utilización del argot natural de los abogados, pero en realidad, subyace en el mismo el objetivo de amedrentar y silenciar al medio, pretendiendo impedir cualquier alusión a su persona.

Dice el principal párrafo del documento: “En consecuencia los intimo abstenerse de realizar en el futuro, afirmaciones como las incluidas en la nota referenciada suprimiendo y cesando la republicación de los contenidos que considero agraviantes para mi persona, fundando la misma en el Art. 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.

La exposición que no ayuda

Desde nuestra parte, en base a las pruebas con las cuales contamos y la forma en que ha sido presentado el caso (sin hablar del aspecto privado-personal), la señora Letizia Guidetti ha cometido serios errores de fondo y forma, que van, desde la simple deficiencia de estructura documental confeccionada (y de su autoría) con errores groseros que la obligaron a reimprimir los textos y (vergonzosamente) pedirle a los directivos apartados de sus funciones que “volvieran a notificarse”, hasta la forma en que fue concebida esa punición mediando la separación inmediata del cargo, lo que puede encuadrarse en la figura de persecusión laboral y hasta configuraría maltrato laboral, tipificado en leyes provinciales y nacionales, que contemplan estas situaciones, con amplio mérito por parte de la ex supervisora, para ser pasible de una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, lo cual, tal como pudo saber OPI, está en estudio por parte de las personas damnificadas.

Letizia Guidetti es candidata a Concejal en la plataforma de Pablo Grasso (Intendente y candidato) y aparece en la boleta encabezada por José “pepe” Chacón, tal como lo confirman medios gráficos de la ciudad. La presentación de la boleta de este último se conforma con los siguientes candidatos a concejales titulares del Sublema Unidad Popular: Letizia Guidetti, Andrés Aguil, Daniela Ledezma, Victor Quiñonez, Carina del Valle Palacio y como suplentes Pamela Herrera, Leonardo Aquino, Marianela Lucero y Miguel Cader.

Probablemente el nivel de exposición pública no le guste a la ex supervisora, pero no es matando al mensajero como podrá silenciar la información que tenemos corroborada y documentada en OPI Santa Cruz y son sus acciones, en todo caso, las que promueven notas como ésta, donde nos vemos obligados a responder claramente sobre términos oscuros, malintencionados, capciosos y con el solo objeto de lograr que nos autocensuremos, algo que no hicimos en 19 años y no haremos nunca desde este medio donde escribimos, opinamos, analizamos, investigamos e informamos con transparencia y firmando responsablemente.

Cabe recordarle a quienes pretenden intimidarnos, que nunca han logrado ese objetivo a lo largo de todos estos años y lo que ha apoyado y afirmado nuestra posición, es habernos encuadrado, permanentemente, dentro de las leyes y la Constitución, ejerciendo el derecho de informar bajo la responsabilidad que nos compete y respondiendo a los agravios y manifestaciones antidemocráticas de aquellos que dicen sentirse agraviados, sobre nuestro derecho a informar, haciéndolo público (siempre) por este mismo medio, exponiendo varias veces a quienes han intentado silenciarnos, con amenazas espurias y mal fundamentadas. Es decir, que le hemos “devuelto” sus amenazas con más información, más datos y más periodismo libre.

Para los que no saben qué dice la ley

De acuerdo a las consultas legales realizadas a nuestros asesores legales (Estudio Jurídico Lasagno & Asoc), de la carta documento surge que la remitente se siente agraviada por una publicación que narra un acto jurídico emanado de su condición de empleada pública en su carácter de supervisora, por lo que, conforme a la normativa vigente, mal puede amenazar a un medio periodístico de querellarlo penalmente en virtud de que en la reforma del Código Penal impulsada en el gobierno de la actual vicepresidenta con el artículo sustituido por el art. 1° de la Ley N° 26.551 B.O. 27/11/2009, respecto de los delitos de calumnias e injurias en la exposición argumental de la reforma, se dejó en claro que el espíritu de la nueva redacción o reforma, fue fortalecer la libertad de prensa teniendo por premisa que las cuestiones de interés público, como lo es el caso de la nota cuestionada donde se separa de un cargo a dos autoridades impuestas en sus funciones por sendos actos administrativos emanados del poder ejecutivo provincial, no deja lugar a dudas que estamos frente a un claro caso atípico penalmente por ser, precisamente, de interés público, indican las fuentes consultadas.

ARTICULO 109. CODIGO PENAL – La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.

ARTICULO 77. CODIGO PENAL- Para la inteligencia del texto de este código se tendrán presente las siguientes reglas:

Por los términos “funcionario público” y “empleado público”, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Solo unos ejemplos

Entre quienes intentaron silenciar, amedrentar e intimidar a OPI Santa Cruz hay personajes de peso a quienes, sin embargo, lejos de “obedecerles” y retroceder asustados por el poder político y/o financiero que en ese momento detentaban, los enfrentamos con la verdad y los hechos; entre ellos se encuentran:  

Mario Montoto, poderoso empresario K de CODESUR S.A (Corporación para la Defensa del Sur), cuyas oficinas están en Puerto Madero y que en la década pasada tuvo gran injerencia en la industria aeronaval y de seguridad, asociada con empresas internacionales como Paramount Group, de África especializada en suministrar sistemas aeroespaciales y de defensa. En el caso del submarino ARA San Juan, siniestrado con la pérdida de vida de todos sus tripulantes, la investigación reveló que Montoto se mezcló en la puja licitatoria con Tandanor y Marena, para cortar la nave y realizar los trabajos de media vida, uno de los puntos que en su momento estaban bajo investigación por el posible incendio de las baterías. Su responsabilidad estuvo apuntada en aquel informe.

Montoto hizo todo lo posible para que OPI bajara las notas y silenciara sus investigaciones. Obviamente nunca lo logró.

En el 2017 recibimos el llamado de un ex Ministro de Nicolás Maduro, quien nos amenazó con hacer una denuncia ante organizaciones de la prensa internacional, por cuanto en Google se sostenía una nota de OPI en la cual referíamos a él como parte de la dictadura chavista y este señor se quejaba porque hacía un año y medio había dejado sus funciones en el gobierno de Venezuela y cuando presentaba su curriculum en la actividad privada, aparecía nuestra nota en la cual referíamos a su persona vinculada al gobierno. Pretendía que nosotros le “limpiáramos” los malos antecedentes que tenía, por su pasado chavista. La respuesta fue que hiciera lo que le viniera en ganas, pero que nosotros no íbamos a desindexar la nota de los buscadores.

Claudio Vidal, actual gobernador electo de Santa Cruz, hace unos años, nos hizo llegar una Carta Documento conminándonos a que nos abstuviéramos de reeditar una nota donde se lo involucraba en un grave hecho delictivo en Caleta Olivia, ocurrido años anteriores y por el cual la Justicia lo sobreseyó. La respuesta no se hizo esperar de nuestra parte. También públicamente, como es nuestra costumbre, le marcamos a Vidal los errores groseros de confección de esa CD y el error primario que cometió al culparnos de algo que no habíamos hecho (reeditar una nota vieja), sino que el petrolero fue inducido a error por alguien que había leído una de nuestras viejas notas en las redes. Todo lo hicimos público.

Sergio Taselli, fue otro de los que se sintieron “agraviados” por los informes de OPI y allá por el 2015 nos llamó vía telefónica desde Colombia para “ponernos en conocimiento” de supuestos errores en la información, que estarían afectando “su buen nombre y honor” y nos “intimaba” a no hablar más de él y anular la información publicada. No nos escondimos, por el contrario lo hicimos público, ampliamos las denuncias y publicamos la documentación respaldatoria, que inicialmente no habíamos hecho.

En este caso, por más que la candidata a Concejal sea del sector político de Pablo Grasso y una dedicada kirchnerista que en Educación dejó su rastro indeleble y no muy buena impresión entre muchos de sus compañeros docentes, aquí seguiremos publicando lo que podamos tener corroborado y se ciña a la verdad, independientemente que sus patrones políticos le pidan bajar el perfil para no manchar la campaña en la que están empeñados y amenace nuestra libertad de expresión y de prensa, en beneficio propio y de su partido. (Agencia OPI Santa Cruz)