Mientras en Chile siguen detenidos los contrabandistas, lavadores de dinero, traficante de armas y hasta trata de personas, en Argentina quedaron todos libres

(Por: Rubén Lasagno) – El jueves la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia integrada por los Dres. Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez decidió liberar a Marcelo Horacio Gasparini, Pablo José Toledo, Maximiliano Guillermo Toledo, Pedro Adolfo Toledo Oyarzun y Omar Estanislao Schulmaeister, todos imputados en la causa “Alianza Austral“, el mayor operativo binacional de contrabando, lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de armas, personas y moneda extranjera. 

“Juzgamos que Marcelo Horacio Gasparini, Pablo José Toledo, Maximiliano Guillermo Toledo, Pedro Adolfo Toledo Oyarzun y Omar Estanislao Schulmaeister van a aceptar de buena gana permanecer sin mayores inconvenientes en las localidades donde tienen arraigo, sin evadir el accionar de la justicia”, indicaron en el fallo, tal como lo refiere hoy La Opinión Austral, porque, señalaron los jueces, no creen que hay riesgo de entorpecer la investigación, señala.

Nótese el tiempo verbal que usan los magistrados “van a aceptar de buena gana permanecer sin mayores inconvenientes en las localidades donde tienen arraigo”, frase extraña para un fallo, donde se da por entendido y a criterio de los jueces, que estos tipos son buena gente, tienen palabra y no van a evadir la justicia. Sería bueno que si alguno de los liberados falta a la palabra, sean los propios jueces los que paguen con sus cargos, la interpretación personal que hacen de la conducta de los imputados que seguramente “van a aceptar de buena gana” ser liberados antes semejantes cargos.

La medida judicial es llamativa, porque teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la magnitud de la banda criminal, considerada una asociación ilícita con ramificaciones en gran parte del país, que proviene de larga data y han cometido crímenes gravemente tipificados en el Código Penal, pero y de acuerdo al Tribunal Federal de Comodoro le impusieron la prohibición de ausentarse del país y su lugar de residencia, que dediquen su tiempo a cultivar trabajo lícito y les pidieron evitar contacto con cualquiera de los cómplices en la causa, salvo – claro – si ellos sucede en el marco del desarrollo de ese “trabajo lícito” que los jueces le autorizan. Y para terminar le fijaron la prohibición de acercarse a las estancias y demás lugares utilizados como pasos no habilitados para el traspaso de mercancías de Argentina a Chile y viceversa.

La verdad es que los limitantes que le pusieron a los involucrados en semejantes delitos, es realmente una invitación a seguir delinquiendo y un canto a la impunidad.

Gasparini (41), los hermanos Pablo José (32) y Maximiliano Guillermo Toledo (34), Pedro Adolfo Toledo Oyarzun (36) están imputados por ser coautores de los delitos de asociación ilícita agravada por sus calidades de jefes de la organización, en concurso real con contrabando agravado reiterado y lavado de activos de origen ilícito agravado. En tanto que  Omar Estanislao Schulmaeister (68) es acusado de ser coautor de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con contrabando agravado y lavado de activos de origen ilícito agravado, aclara LOA.

Esta decisión de los jueces federales es muy parecida a cuando por causa de violencia de género, amenazas de muerte, hostigamiento e intentos de homicidio de un hombre hacia su esposa o ex pareja, los jueces establecen una “perimetral” y dejan libre al agresor. En la mayoría de los casos la mujer termina muerta, porque a pesar de que el juez “dé por concluído de su trabajo judicial”, la “perimetral” es una medidas abstracta, solo estampada en un papel que no sirve para nada y cumple solo con un requisito formal; en la realidad, esa mujer a partir de la decisión del juez, está en un peligro mayor, porque el agresor sabe que lo  denunció y va por ella, en general, para matarla. Y hasta ahora no he visto ni un juez, ni Fiscal hayan pagado por su mortal equivocación.

Los jueces federales del Tribunal de Comodoro Rivadavia hicieron, salvando las distancias, algo parecido. Les pusieron una serie de prohibiciones formales pero que si fueran vulneradas, dificilmente ellos se enterarían.

El colmo de estas “prohibiciones” de utilería impuesta por Leal Ibarra y Suárez, es la que les impide tomar contacto entre ellos, excepto claro, si se juntan para hacer negocios lícitos (¿?). Es decir que todos ellos pueden volver a juntarse en una sociedad anónima dedicada a la compra y venta de autos (por ejemplo) y allí la justicia no intervendría y les dejaría el campo llano para los negocios, si dan fe que no es una negocio ilegal. Obvio, los jueces hacen abstracción de los antecedentes recientes de estos delincuentes, que eran parte de una organización internacional, dedicada a los peores delitos que se conocen y otros, que seguramente, no han trascendido.

A diferencia de la Argentina, en Punta Arenas, Chile, los 14 imputados permanecen con prisión preventiva y dos de ellos apuntados como los mayores responsables de los delitos graves que se les imputan.

Una vez más, no podemos soñar con una argentina esperanzada en el porvenir, si la casta política (y hablo de la de MIlei incluçida), la judicial y los delincuentes asociados, no tienen punición. Donde la Justicia no existe, es lenta o parcial, los derechos de todos los ciudadanos honestos, se ven pisoteados. (Agencia OPI Santa Cruz)