Esta tarde comienza el debate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, una iniciativa que propone significativas reformas de desregulación económica y del Estado. La reunión contará con la participación de ministros y funcionarios de alto rango del Gobierno, quienes defenderán la propuesta.
El presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, ha convocado a una reunión conjunta con las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, y Asuntos Constitucionales, liderada por Nicolás Mayoraz. La primera jornada está programada para este martes a las 14 hs, y se espera una segunda jornada extensa el miércoles de 9 a 20 hs.
Durante la sesión de hoy, se realizarán exposiciones a cargo del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El jueves, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su equipo de secretarios de Estado, estarán presentes. Cada funcionario dispondrá de tres horas para exponer y responder preguntas.
Funcionarios destacados como Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Florencia Misrahi (AFIP) podrían comparecer el miércoles, según fuentes de la presidencia de Diputados.
Hasta las 20 hs del lunes, los legisladores tienen tiempo para enviar preguntas a los distintos funcionarios sobre los temas abordados en el extenso proyecto de ley ómnibus, que consta de 664 artículos y 183 páginas, además de anexos.
El Gobierno mantiene una postura firme de no negociar la letra de la ley ni dividir su contenido, mientras que la oposición, integrada por el PRO, la UCR y Hacemos Cambio Federal, se muestra dispuesta a colaborar, siempre y cuando se dejen de lado temas polémicos.
El proyecto, denominado “Bases y Puntos de Partida”, aborda cuestiones tributarias, de reforma electoral y penal, y también incluye diversos temas de índole diversa. El artículo primero establece su objetivo de “promover la iniciativa privada y el desarrollo de la industria y el comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes”.
Uno de los puntos más controversiales es la delegación legislativa al Poder Ejecutivo de facultades de emergencia pública en diversas áreas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable por dos años más, abarcando así todo el mandato del presidente Javier Milei. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
