El terreno que le donó el Intendente Pablo Grasso a su esposa y un socio para hacer un restaurante, fue parte de un proyecto turístico de YCRT y no es propiedad del municipio

Todo empezó con la denuncia pública que hizo la semana pasada el Ministro de Trabajo de la provincia Julio Gutierrez, sobre la adjudicación de un predio en la ría local por parte de la municipalidad a una sociedad de dos personas, que pretenden hacer allí un emprendimiento privado, más precisamente un restaurante-parrila denominado “El Búho Grill”.

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Nada sería extraño si, tal lo denunciado por el funcionario provincial, a partir de irregularidades en la obra, se descubriera que dicho predio fue solicitado bajo la propuesta de levantar allí un “Polo gastronómico” y mucho más sospechoso resultó, cuando de la documentación solicitada por el MInisterio, se encontró que el terreno fue adjudicado por el intendente Pablo Grasso a una sociedad formada por el señor Andrés Gustavo Mamaní y Silvina Valeria Segurondo, esposa del intendente.

Grasso el conquistador

No es la primera vez que el Intendente Pablo Grasso trata de utilizar tierras fiscales ubicadas en la ría local para algún emprendimiento municipal o privado, como éste último.

En el mes de junio del 2020 Pablo Grasso trató de levantar una construcción en la ría local (Barrio Jardín) para instalar allí el Centro de Monitoreo Municipal, cuestión que debió abortar por decisión de los vecinos, quienes desautorizaron el proyecto y obligaron al intendente a desistir de la construcción en ese lugar.

Pero Grasso, no desistió de la idea. Pocos días después el intendente puso los ojos en un predio ubicado, también sobre la ría local, pero en la otra punta de la ciudad.

En esta oportunidad, concejales de la oposición elevaron un pedido de informes al Ejecutivo municipal, exigiéndole que se abstenga de levantar el edificio en un sector de la ciudad que de acuerdo a la reglamentación vigente, prohíbe expresamente la construcción de cualquier construcción en un terreno declarado como Reserva  Urbana y Patrimonio  Arquitectónico  Histórico, por cuanto debe necesariamente contar con la habilitación correspondiente previa realización de Audiencia Pública, la presentación de los estudios  de impacto ambiental, condiciones de suelo, siendo en este caso también necesaria la autorización de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE),  la cual no estaba en poder de los concejales quienes declararon “ …y ello en razón del que el terreno aún pertenece al Estado Nacional”, le expresaron a Grasso en un documento firmado, los tres ediles no oficialistas Pedro Muñoz (CC ARI) Leonardo Roquel y Daniela Damico (UCR).

Todos pidieron, Grasso no escucha

El 20 de agosto del 2020 y en base a las presentaciones realizadas ante la justicia por parte de los concejales mencionados y en relación a la nueva ubicación Centro de Monitoreo de Río Gallegos, el titular del Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 2 doctor Francisco Marinkovic, paralizó la obra que comenzó a construir el intendente Pablo Grasso, porque el Municipio no respondió a un pedido de informes respecto al estudio de suelo, impacto ambiental y emplazamiento exacto del mismo, ya que, además, indicaban desde el CD, que estaba ubicado en un lugar considerado de patrimonio histórico y cultural de la ciudad, de la provincia y de la nación.

A raíz de todo el ruido mediático que causó esa construcción no se sabe si estaba autorizada por alguien en especial o era iniciativa personal del intendente de Río Gallegos, el 22 de junio del 2020, personal de YCRT Punta Loyola, representados por Luis González, elevaron nota al Interventor de la empresa en ese momento, Aníbal Fernández, a quien le solicitaron expresamente interceda para evitar que el intendente Pablo Grasso utilice el predio para otro fin que no sea para el cual YCRT lo había asignado.

Allí se recuerda que el 29 de julio de 2014  se firmó un convenio por la Reestructuración estructural y portante del Muelle El Turbio firmado entre el Ministerio de Planificación (en ese momento), el municipio, YCRT, la Universidad y la provincia para la restauración histórica del ramal, la estación, el muelle y la incorporación del sistema ferroviario a un proyecto turístico.

A raíz de ello, en esa oportunidad, se le solicitaba al Interventor Aníbal Fernández que intercediera ante el intendente Pablo Grasso para que suspenda la edificación del centro de Monitoreo, en lugar donde estaba asignado al Tren Histórico.

Este espacio que desde el año 2014 estaba en discusión y asignado como patrimonio Histórico y Cultural de Río Gallegos, es el que Pablo Grasso le cedió a su esposa y a su socio, para la construcción de un restaurant/parrilla, enmascarando la asignación del mismo tras la excusa de construir allí un “Polo Gastronómico”, el cual fuera denunciado públicamente por el Ministro de Trabajo de la provincia, sin que conste, hasta el momento, si realmente el funcionario ha llevado la documentación al Juzgado para realizar la presentación judicial que corresponda, según sus propios dichos. (Agencia OPI Santa Cruz)