El decreto 844/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, marca un nuevo avance en la desregulación aérea de Argentina al permitir que las compañías locales puedan incorporar flota y tripulación extranjera para vuelos de cabotaje, siempre bajo el nombre de la empresa nacional. Fuentes oficiales aclararon que esta medida no habilita a que aerolíneas extranjeras operen con sus propios aviones y tripulaciones en vuelos domésticos, lo que está regulado por convenios internacionales y la política de Cielos Abiertos.
El cambio principal radica en que, a partir de ahora, será la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la encargada de autorizar estas operaciones, en lugar de que el Poder Ejecutivo deba emitir decretos para cada caso, agilizando los trámites sin comprometer la seguridad operacional. Este proceso fue ejemplificado con la aerolínea JetSmart, que incorporará en octubre dos aviones con matrícula chilena sin necesidad de registrarlos en Argentina.
En otro aspecto, la ANAC está trabajando intensamente para resolver los 82 hallazgos identificados en la auditoría realizada por la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos en abril de este año. La no corrección de estos hallazgos podría llevar a que Argentina pierda su Categoría 1 en materia de seguridad aérea, lo que tendría serias repercusiones económicas y operativas, incluyendo la prohibición de vuelos directos a Estados Unidos y la pérdida de acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses.
La Categoría 1 es fundamental para mantener la capacidad de operar vuelos directos y participar en asociaciones estratégicas con aerolíneas de otros países. De perder esta clasificación, Argentina enfrentaría una auditoría de otras autoridades internacionales como la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea), lo que podría generar costos adicionales y limitar la llegada de inversiones al país.
Según fuentes oficiales, las autoridades están implementando medidas precisas para cumplir con las recomendaciones de la FAA, que incluyen la actualización del marco regulatorio y capacitaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)
