Las autoridades de Aerolíneas Argentinas y los gremios APLA, AAA y APA retomarán este lunes las conversaciones para definir el futuro de la empresa en medio de una tregua alcanzada para evitar nuevos conflictos. Si bien el desenlace de este encuentro es incierto, las partes parecen dispuestas a negociar, manteniendo la calma al menos por unos días y evitando mayores interrupciones en los vuelos.
El conflicto entre los sindicatos y el Gobierno responde a las demandas de recomposición salarial y el rechazo de los trabajadores a la posible privatización de la aerolínea estatal y de Intercargo, empresa de servicios de rampa. Los líderes sindicales enfrentan, además, una pérdida de apoyo popular en sus reclamos, y, en algunos casos, hasta divisiones internas sobre la estrategia de lucha. Ricardo Cirielli, referente de un sindicato afín al sector, expresó su desacuerdo con el plan de lucha de APLA, AAA y APA, señalando que el método podría estar favoreciendo los objetivos privatizadores del Gobierno.
Aunque el Gobierno insiste en avanzar con la privatización, la realidad muestra que todavía no tiene los elementos esenciales para llevarla a cabo: una ley aprobada en el Congreso y un comprador. Incluso en un hipotético escenario de venta sin costo, Aerolíneas Argentinas sería una carga económica significativa debido a su estructura y nivel de subsidios necesarios para su funcionamiento. Actualmente, sin los fondos estatales, la aerolínea no podría sostenerse y su eventual desaparición generaría un vacío de conectividad en el país que no podría cubrirse de manera rápida por otras compañías, especialmente de cara a la temporada de verano.
En cuanto a Intercargo, a diferencia de Aerolíneas Argentinas, es una empresa rentable que no depende de aportes del Estado para operar. Sin embargo, su eliminación traería consigo una disrupción en el servicio a las aerolíneas extranjeras que dependen de sus servicios de rampa, afectando significativamente el sector aeronáutico en Argentina.
Desde la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sostiene que la privatización no necesariamente implica el fin de Aerolíneas, siempre que la gestión privada sea adecuada y esté sujeta a controles eficientes. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre un modelo de empresa sustentable y el respeto a los derechos de los trabajadores.
Aunque el Gobierno reafirma que no puede seguir subsidiando a Aerolíneas indefinidamente, es posible que un proceso de transformación gradual permita llegar a un acuerdo que asegure la viabilidad de la empresa sin depender completamente de los aportes estatales. (Agencia OPI Santa Cruz)