El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes la imposición de un arancel del 25 por ciento a cualquier nación que compre petróleo y/o gas a Venezuela. En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump acusó al gobierno venezolano de enviar “decenas de miles” de criminales a territorio estadounidense, incluyendo asesinos y delincuentes violentos. Esta medida será efectiva a partir del 2 de abril de 2025 y se aplicará a cualquier comercio que se realice entre otros países y Venezuela, afectando especialmente las transacciones de petróleo y gas.
“Los Estados Unidos de América pondrán lo que se conoce como un arancel secundario al país de Venezuela, por numerosas razones, incluyendo el hecho de que Venezuela ha enviado a propósito y con engaños a Estados Unidos, encubiertos, a decenas de miles de criminales de alto nivel“, escribió Trump, subrayando que estos individuos son “asesinos y personas de naturaleza muy violenta“. Esta acusación no es nueva, ya que el presidente estadounidense ha culpado en varias ocasiones a países latinoamericanos, como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, de permitir que delincuentes lleguen a su territorio.
La medida forma parte de una serie de esfuerzos de la administración Trump para presionar a Venezuela y otras naciones de la región. Trump ha recurrido frecuentemente a la política de sanciones y a la aplicación más estricta de las leyes de inmigración como respuesta a lo que considera amenazas a la seguridad nacional. Esta medida también se alinea con el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno estadounidense, que recientemente decidió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a más de 200 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro en Venezuela ha negado estas acusaciones. Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, rechazó las afirmaciones de Trump y aseguró que ninguno de los venezolanos deportados a El Salvador era miembro de la mencionada banda criminal. Además, un juez federal de Estados Unidos, James Boasberg, emitió una orden bloqueando temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones, lo que añade una capa de complejidad legal a la implementación de la política. (Agencia OPI Santa Cruz)