La Cámara de Diputados debatirá mañana en comisión el dictamen del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para menores infractores. La iniciativa es impulsada por el Gobierno nacional con respaldo de los bloques del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y sectores de Encuentro Federal, mientras que es rechazada por Unión por la Patria, la izquierda y organizaciones de derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Dante Braida, también expresó su rechazo y sostuvo que “no nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó al plenario de comisiones para este martes a las 16, con el objetivo de emitir dictamen. Participarán también las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda, presididas por Manuel Quintar (La Libertad Avanza), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (La Libertad Avanza).
La estrategia del oficialismo es firmar mañana el despacho de mayoría y tratar el proyecto en el recinto antes de fines de mayo, según confirmaron fuentes parlamentarias. Aunque el Gobierno planteó originalmente bajar la edad de imputabilidad a 13 años en casos de delitos graves, el consenso actual entre los legisladores es reducirla a 14, como propone el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto establece que no se podrá imponer a los menores una pena de prisión perpetua, fijando un máximo de 20 años de cárcel, incluso en casos de delitos múltiples. Además, se contempla un régimen de resocialización con programas educativos, formación ciudadana, actividades deportivas y tratamientos médicos. La propuesta incluye la figura de un supervisor que acompañe el proceso de reinserción del menor.
También se habilita la posibilidad de revisar la condena una vez cumplidos dos tercios, permitiendo que el resto de la pena se cumpla en el domicilio. Las sanciones podrán aplicarse en cárceles, institutos especializados, centros abiertos o en el hogar del infractor. En casos de delitos menores, las medidas podrán incluir trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima y reparación del daño causado. (Agencia OPI Santa Cruz)
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