El anuncio de nuevas restricciones al trabajo de la prensa en la Casa Rosada generó una fuerte reacción entre referentes de la oposición, quienes acusaron al Gobierno de Javier Milei de avanzar sobre la libertad de expresión y limitar el ejercicio del periodismo. Las críticas surgieron tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1319/2025, emitida por la Secretaría de Comunicación y Medios, que establece un nuevo marco regulatorio para el ingreso y la actividad de los periodistas en la sede del Poder Ejecutivo.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente. A través de sus redes sociales, denunció que la medida “limita aún más el acceso y el ejercicio del periodismo en la Casa de Gobierno”, al tiempo que calificó como “drástica” la reducción del cupo de acreditados, que pasará a ser de 25 personas en la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” y de 36 en la Sala de Conferencias. Además, señaló la implementación de un código de vestimenta formal, la moderación previa de las preguntas y la advertencia de que circular por áreas no autorizadas será considerado una falta grave.
Ferraro también cuestionó la introducción de un “criterio de evaluación” aún no especificado, basado en métricas como audiencia del medio, frecuencia de cobertura y especialización temática. “Estas medidas limitan el derecho a preguntar libremente y condicionan el tratamiento editorial de los hechos”, escribió, y apuntó contra la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la diputada libertaria Emilia Orozco, a quien acusó de mantener la comisión “cerrada, bajo siete llaves, en una inacción nunca vista”.
Desde el Partido Socialista, el diputado Esteban Paulón también rechazó la normativa, al considerar que contradice el discurso liberal del Gobierno. “En medio del discurso desregulador, el gobierno de Javier regula al extremo la tarea del periodismo en la Rosada”, señaló. Según su interpretación, los nuevos requisitos, como trajes formales, declaraciones juradas y criterios selectivos para el ingreso, reflejan un intento por limitar la cobertura crítica: “Tienen pánico a la libertad de expresión”.
En Córdoba, el titular provincial del PRO, Oscar Agost Carreño, se sumó a las voces críticas al afirmar que el decreto “no busca orden, busca silencio”. “Un Gobierno que le teme a la prensa es un gobierno que le teme a la verdad”, expresó, y remarcó que “la libertad de prensa no se limita, se garantiza. Y se defiende siempre”.
La resolución oficial reemplaza la disposición 4/2024 y establece tres nuevos instrumentos administrativos: los “Lineamientos generales y específicos para la acreditación”, el “Procedimiento para la solicitud de accesos y acreditación” y un “Modelo de declaración jurada y matriz de evaluación objetiva”. Según el Ejecutivo, estas medidas buscan garantizar un “acceso plural” a la información pública, fortalecer la seguridad en Casa Rosada y establecer normas de comportamiento.
Sin embargo, la respuesta política e institucional se centra en las sospechas de que se busca restringir la cobertura periodística, especialmente en momentos en que el Ejecutivo mantiene una relación tensa con buena parte del ecosistema mediático. (Agencia OPI Santa Cruz)