El Gobierno limita el acceso de periodistas a Casa Rosada

El Gobierno nacional oficializó este viernes una nueva normativa que redefine los criterios de acreditación y acceso de periodistas a la Casa Rosada, con la implementación de restricciones que generaron un fuerte rechazo por parte de la oposición. A través de la Resolución 1319/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comunicación y Medios introdujo una serie de disposiciones que limitan el número de cronistas dentro del edificio presidencial, establecen un código de vestimenta formal y condicionan el ingreso a parámetros de evaluación relacionados con la audiencia del medio, la frecuencia de cobertura y la especialización temática.

La medida deroga la disposición 4/2024 de la gestión anterior y establece tres instrumentos centrales: los “Lineamientos generales y específicos para la acreditación“, el “Procedimiento para la solicitud de accesos y acreditación“, y un “Modelo de declaración jurada y matriz de evaluación objetiva“. Entre las novedades más relevantes, se fija un cupo de hasta 25 periodistas para la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” y 36 para la Sala de Conferencias. Actualmente, hay 88 cronistas acreditados, aunque se estima que unos 50 asisten habitualmente a la sede de gobierno.

La normativa también impone una evaluación con puntajes mínimos para otorgar acreditaciones, que podrán ser anuales o eventuales, y solicita documentación específica sobre el vínculo laboral del solicitante con el medio, trayectoria profesional y métricas verificables de audiencia. Además, se introduce un código de vestimenta obligatorio para participar en conferencias, el cual debe ser “formal”, en función de la “naturaleza institucional del acto y su trascendencia nacional e internacional”, según estipula la resolución.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Prensa, encabezada por Javier Lanari, quien tendrá potestad para dictar disposiciones aclaratorias.

Referentes de distintos espacios políticos cuestionaron con dureza la resolución, a la que calificaron como una amenaza directa a la libertad de prensa. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en pronunciarse, denunciando que la medida representa “un cerco al periodismo” y cuestionó la moderación previa de las preguntas, la restricción en la circulación dentro del edificio y los criterios de selección aún no detallados.

El diputado socialista Esteban Paulón también criticó la iniciativa, y advirtió que, pese al discurso oficial a favor de la desregulación, “el gobierno de Javier Milei regula al extremo la tarea del periodismo en la Rosada“. En el mismo sentido se expresó el legislador cordobés Oscar Agost Carreño, del PRO, quien aseguró que la resolución “no busca orden, busca silencio”.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora del PRO Laura Alonso recordó que “la libertad de prensa es el dique de contención” en una república democrática, y subrayó la importancia de defender ese principio.

Además de las críticas individuales, dirigentes de diversos bloques legislativos firmaron una declaración multipartidaria en defensa de la libertad de prensa y en repudio a lo que consideran una escalada de hostilidad del Gobierno contra periodistas y medios. La carta, redactada por el presidente del GEN Sergio Abrevaya, advierte sobre “el uso de la descalificación, el insulto y las denuncias” por parte del propio presidente Javier Milei y sus seguidores como mecanismo para “deslegitimar la palabra de los comunicadores”.

El documento fue respaldado por figuras de Unión por la Patria, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, Republicanos Unidos, Encuentro Federal y el GEN, entre ellos Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto, Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz, Martín Lousteau, Julio Cobos, Silvia Lospennato, Ricardo López Murphy y Facundo Manes. La izquierda y el oficialismo libertario no adhirieron al pronunciamiento. (Agencia OPI Santa Cruz)