(OPI TdF) – El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y la secretaria de Gobierno, Paula Cejas, fueron formalmente imputados en una causa penal que tramita el Juzgado Multifueros de esa ciudad fueguina, a partir de una ampliación del requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal. La Justicia resolvió notificar a ambos funcionarios de su condición procesal y garantizar el derecho a defensa en el marco de una investigación que involucra hechos de presunta gravedad institucional.
La causa se compone de dos líneas de investigación conectadas. La primera se originó tras la denuncia de un vecino que aseguró que funcionarios municipales ingresaron sin orden judicial a su vivienda ubicada en calle Santiago Rapatini, dentro del ejido urbano de Tolhuin. El propietario se encontraba ausente por razones de salud al momento del ingreso, que habría sido justificado por los involucrados como una medida para “resguardar la propiedad”. No obstante, la acción se habría realizado sin intervención judicial ni autorización legal, lo que podría configurar una violación de domicilio o abuso de autoridad por parte del personal municipal interviniente, supuestamente con conocimiento o aval de las máximas autoridades locales.
El segundo eje de la investigación se basa en la denuncia penal presentada por Andrea Verónica González Valle, exdirectora de Recursos Humanos del municipio, quien acusa a Harrington y Cejas de haber ejercido sobre ella hostigamiento laboral, presiones indebidas y persecución institucional. La exfuncionaria sostiene que fue desplazada arbitrariamente de sus funciones y sometida a una serie de decisiones administrativas sin sustento normativo que vulneraron principios de legalidad, transparencia e igualdad dentro de la administración pública local.
La imputación quedó formalizada el pasado 12 de junio, cuando la Justicia resolvió adherir al pedido del fiscal y ordenar la notificación de las personas involucradas. En esa resolución, también se dispuso el envío de una cédula digital a la Dirección de Seguridad de Zona Centro para que avance con las notificaciones correspondientes y se solicitó certificar si existen causas conexas en otros tribunales de la provincia de Tierra del Fuego.
Hasta el momento, el Ejecutivo municipal no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. Se espera que, en los próximos días, los imputados presenten sus descargos legales con el correspondiente patrocinio letrado. El tribunal deberá entonces definir las pruebas que se admitirán para avanzar con la etapa de instrucción penal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)