(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Bajo el paraguas de una aparente austeridad y vocación de servicio, el gobernador de Chubut Ignacio Torres impulsa una iniciativa inviable que, de aplicarse, dejaría las ordenanzas municipales y los municipios, a merced de quienes puedan financiar a los legisladores e intendentes sin sueldo.
Es tan ridícula la propuesta del gobernador de esta provincia que si tuviera alguna posibilidad fáctica de aplicarse significaría que “el joven de idas nuevas” como alguna vez lo definieron sus equipos de campaña, plantea una política retrógrada, solo para ricos.
Torres propone entregarle los concejos deliberantes y los municipios al poder económico y transformarlo en un club de millonarios y terratenientes, porque si el Estado no paga ¿Quién los financiaría?; es decir, que el gobernadorbusca un atajo hacia la corrupción institucionalizada.
El modelo de “vocación” que impulsa Ignacio Torres es muy peligroso porque pondría a los concejale e intendentes a sueldo del lobby empresario dado que le otorgaría vía libre a las corporaciones, lo que en otras palabras instalaría el “voto calificado”, dicho en otras palabras: si no tenés plata con Torres no podrías gobernar. En definitiva lo que hace el gobernador de Chubut es aplicar la Plutocracia municipal (del griego ploutos (riqueza) y kratos (poder o gobierno), por cuanto pide excluir a la clase trabajadora de los recinto del CD y de las intendencias, en las ciudades de nuestra provincia. Un delirio ¿Que le pasa a uno de los gobernadores más jóvenes del país? ¿Ésta es “la nueva política que propone?. Lo que hace Torres, desde sus propias palabras, lo pone en un listado de candidatos tan cuestionables como Sergio Massa o su amigo Guillermo Moreno.
La propuesta de Torres me suena a una “demagogia ad honorem” tirada a la prensa como cortina de humo para esquivar los problemas de fondos que tiene en la provincia, marcar agenda y contribuir al debate sin sentido donde la tribuna está llena (todos los medios hablamos del tema) pero hay solo ideas vacías.
El análisis a lo ridículo
El análisis de la propuesta del gobernador Ignacio Torres requiere desarmar el planteo desde dos dimensiones: la técnico-jurídica (su viabilidad) y la político-discursiva (su verdadera intencionalidad) porque cuando lo abordo con seriedad veo que esta propuesta choca con la realidad institucional y presumo que esconde algo más detrás.
En base a las consultas que realicé con constitucionalistas amigos, desde el punto de vista del derecho constitucional, administrativo y de la ciencia política, el proyecto es estructuralmente inviable y altamente peligroso para el sistema representativo de Chubut al que parecía que Ignacio Torres defendía (hasta hoy).
Las municipalidades gozan de autonomía política, administrativa y económico-financiera (Art. 123 de la Constitución Nacional y correlativos en la Constitución de Chubut) por lo tanto el gobernador no tiene jurisdicción para imponerle a los Concejos Deliberantes si deben o no cobrar, ni cuánto. Requeriría que cada municipio modifique su Carta Orgánica, lo cual hace que la propuesta nazca muerta desde la competencia jurisdiccional. Mi pregunta es ¿Torres no es Licenciado en Administración de Empresa y político? o ¿No tiene un cuerpo de asesores legales antes de hablar de lo que no sabe o trata de ignorar?.
Si un cargo público demanda dedicación exclusiva o intensiva y no es remunerado, la consecuencia inmediata es que solo pueden ejercerlo quienes tienen la vida económica resuelta. Esto excluye automáticamente a la clase trabajadora, profesionales independientes sin red de seguridad y comerciantes de clase media. El Concejo Deliberante pasaría a ser un club de empresarios, terratenientes o jubilados de altos ingresos, como lo dijimos en nuestra crítica anterior.
Si el concejal no cobra del Estado por legislar sobre zonificación, impuestos locales o concesiones de servicios, por ejemplo, será susceptible de cobrar por vías informales. Un legislador local ad honorem es un blanco fácil para el lobby empresarial (inmobiliario, minero, comercial), que terminaría “esponsorizando” su nivel de vida a cambio de ordenanzas favorables.
La administración pública requiere idoneidad y dedicación. Apelar a la “vocación de servicio” en el tiempo libre de los concejales degrada la calidad institucional. Legislar y controlar al Ejecutivo municipal no debería ser un hobby de fin de semana.
Si la preocupación o el argumento de Torres es la corrupción existente, en todo caso que aumente los controles institucionales mediante leyes y si la Constitución ya los contempla, entonces que los ejerza los aplique e impulse las denuncias penales, lo cual invierte la carga de las pruebas y lo transforma al gobernador Torres como cómplice del propio desajuste y vía libre que tienen Concejos Deliberantes y municipios a través de su representantes.
Torres y el aprovechamiento del clima de época
Creo que Ignacio Torres está leyendo el hartazgo social hacia los privilegios de la política y el éxito discursivo de la retórica “anticasta“. La idea de que los políticos “trabajan poco y cobran mucho” es un cliché efectivo y en ese marco presentar la política únicamente como un sacerdocio desinteresado, es una absoluta falacia. De hecho yo le preguntaría a Torres si él es gobernador ad honorem? Ysi me dijera que si, sospecharía aún más.
Históricamente, la remuneración de los cargos legislativos (que nació en la democracia ateniense y se consolidó en el parlamentarismo moderno) fue precisamente la conquista que permitió a los ciudadanos comunes participar en política frente a los patricios. Ocultar esto bajo la palabra “vocación” es demagógico porque ofrece una solución destructiva a un problema real (el gasto político ineficiente) que en todo caso Torres no ejecuta con eficiencia mediante controles en esta provincia.
El verdadero objetivo de Torres
Si el proyecto es legalmente inviable y políticamente tóxico, ¿Por qué lo lanza un gobernador como Torres?. Al lanzar un debate tan estridente y divisivo, obliga a los medios (de hecho lo estamos haciendo), a la oposición y a la sociedad a discutir sobre el sueldo de los concejales en lugar de debatir sobre temas de fondo más urgentes, como los números reales del presupuesto provincial, la renegociación de deudas, el estado de la obra pública, la denuncia sobre la salida de YPF, la Ley 5001 que Torres no se anima a borrar de un plumazo como le piden sus amigos del sector minero o la política energética y extractiva en la región patagónica y en Chubut más precisamente.
Torres al advertir que le planteará la iniciativa a los “futuros candidatos a intendente de su espacio“, en realidad pretende marcar la cancha. Funciona como un filtro de lealtad y una herramienta para purgar o disciplinar a los armadores locales. Quien se oponga, quedará automáticamente estigmatizado como alguien que “quiere vivir del Estado”. Ridículo y llamativo de parte de un tipo joven de la política local y regional.
A mi criterio, este tipo de propuestas no están pensadas solo para el electorado de Chubut, sino para rebotar en los medios nacionales (como de hecho ocurrió). Torres busca posicionarse en el mapa del centro-derecha o del oficialismo nacional como un reformista austero y corre el riesgo de quedar como un ridículo de la política patagónica.
En definitiva lo de Ignacio Torres no se trata de un proyecto de ingeniería institucional serio, es un instrumento retórico de bajo costo y alto impacto mediático, diseñado para sintonizar con el enojo ciudadano mientras aquí en Chubut se esquiva el debate sobre los problemas estructurales de la provincia. (Agencia OPI Chubut)