(Por: Rubén Lasagno) – Un informe jurídico de la Fundación Sur Santa Cruz desarma la dispensa “por única vez” otorgada mediante el Decreto N° 0915/2026 a una sociedad creada dos meses antes. La entidad reclama frenar la medida, publicar el expediente completo y aclarar si se vulneran las leyes nacionales de tierras rurales y seguridad de fronteras. Acá analizamos el mismo y extraemos el espíritu de este extenso escrito que demuele una clara intencionalidad del Gobernador Vidal de hacer negocios espurios con patrimonio provincial/nacional.
El documento e la Fundación Sur es un análisis jurídico e institucional sobre el Decreto Provincial N° 0915/2026 (dictado el 1 de septiembre de 2026 y publicado de forma sintetizada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre de 2026). Mediante este acto, el Poder Ejecutivo de Santa Cruz autorizó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional“, la venta de un inmueble en el Área Natural Protegida Península de Magallanes (Parcela Fracción G, Matrícula 186, Lago Argentino) por parte de la firma Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, para el desarrollo del proyecto turístico “Master Plan Ecocentro“.
Conceptualmente, la Fundación aclara que no se opone a las inversiones turísticas ni al derecho de propiedad, sino que cuestiona el mecanismo institucional elegido: otorgar un privilegio o dispensa individual (“a medida”) frente a una prohibición general vigente, el Decreto N° 0994/17, que impide la compra de tierras en áreas protegidas por parte de capitales extranjeros, haciéndolo además en condiciones de opacidad administrativa, sin publicar los fundamentos del acto ni transparentar los estudios ambientales o el cumplimiento de las leyes nacionales de tierras y fronteras.
El Decreto N° 0915/2026 no aprueba en sí el proyecto constructivo ni cambia la zonificación del Plan de Manejo, sino que exceptúa a esta operación de la prohibición establecida en el artículo 2° del Decreto N° 0994/17. Dicha norma regula la adquisición de tierras rurales por extranjeros y excluye expresamente a los predios ubicados en áreas protegidas. La dispensa permite que la firma adquirente, constituida en julio de 2026 y cuyo único accionista es una sociedad registrada en Dubái, compre tierras dentro de la reserva.
En el derecho administrativo argentino, el Poder Ejecutivo está obligado a respetar sus propios reglamentos generales mientras estén vigentes. Puede derogar o modificar una norma para todos, pero no puede mantener la prohibición general para toda la sociedad y suspenderla para un único caso particular. Hay una flagrante violación del principio de “inderogabilidad singular de los reglamentos”
La medida dictada por el gobierno, coloca en situación de desigualdad a cualquier otro propietario de la Península de Magallanes o de otras áreas protegidas provinciales que desee vender a capitales extranjeros, así como a otros inversores foráneos que pretendan comprar. Además, advierte que la cláusula del decreto que establece que esta decisión “no podrá ser invocada como antecedente” carece de eficacia jurídica real para neutralizar futuros reclamos de igualdad ante la justicia. Hay una clara afectación de la igualdad ante la ley.
Otra de las cosas observadas es la falta de transparencia y ocultamiento de la motivación de la iniciativa es que en el Boletín Oficial solo se publicó una síntesis del decreto. Aunque el texto remite a fundamentos técnicos, ambientales y económicos expuestos en los “considerandos”, estos no fueron publicados. Tampoco es público el expediente iniciado en 2023 bajo otra titularidad, dado que la compradora se creó en julio de 2026.
El documento de la Fundación remarca una flagrante omisión de la normativa nacional de Tierras Rurales y Seguridad de Fronteras. Una provincia, indica el texto, no puede dispensar por decreto el cumplimiento de leyes nacionales. El documento señala que el decreto omite mencionar la Ley Nacional N° 26.737 de Tierras Rurales cuya derogación por el DNU 70/2023 fue suspendida cautelarmente en la justicia, la cual prohíbe a extranjeros adquirir inmuebles ribereños de cuerpos de agua permanentes de envergadura, como el Lago Argentino. Asimismo, omite informar si se cumplió con la autorización nacional exigida por el régimen de zonas de seguridad de frontera (Decreto-Ley N° 15.385/44).
Otro de los puntos cuestionados es la opacidad ambiental y falta de participación ciudadana. El decreto afirma que el proyecto ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada, pero se desconoce públicamente su fecha, qué autoridad la emitió, su contenido y si existieron audiencias o consultas públicas obligatorias según la Ley General del Ambiente (N° 25.675), el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566) y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La Fundación solicita publicar íntegramente el decreto y el expediente administrativo, informar el cumplimiento de las leyes nacionales de tierras y fronteras, suspender los efectos del decreto hasta verificar estos extremos, convocar a una instancia de participación ciudadana en El Calafate y dar intervención a la Legislatura Provincial.
El escándalo que produjo Vidal
El documento de la Fundación Sur Santa Cruz interviene directamente sobre los ejes que desataron la fuerte polémica pública en torno a la decisión del gobernador Vidal, aportando un marco técnico y legal que desarticula los argumentos de defensa oficial y ordena los cuestionamientos.
Días antes de que se conociera el decreto, el Gobernador había anticipado públicamente el arribo de una inversión turística extranjera superior a los 90 millones de dólares con la promesa de generar unos 300 puestos de trabajo, pero sin identificar a la empresa ni la localización del proyecto. El escándalo estalla cuando, a través de una publicación resumida en el Boletín Oficial, trasciende que la medida implicaba habilitar por excepción la venta de tierras en un sector de altísima sensibilidad ambiental (la Península de Magallanes, frente al Parque Nacional Los Glaciares) a una sociedad creada apenas dos meses antes (julio de 2026) controlada desde Dubái. El documento expone que ni siquiera existe confirmación oficial de que aquellas cifras anunciadas correspondan efectivamente al “Master Plan Ecocentro” ni compromisos públicos sobre contratación local o impacto en los servicios de El Calafate.
En el debate público, una de las defensas habituales ante este tipo de decretos es sostener que solo se trata de una transferencia inmobiliaria y que se incluyó una cláusula para que sea “por única vez”. El documento desarma ambos puntos: explica que justamente por tratarse de una dispensa a la prohibición de extranjerización en áreas protegidas, el Ejecutivo incurre en arbitrariedad al crear una excepción individual sin reformar la regla general con debate público. Al mismo tiempo, demuestra que la cláusula de “no precedente” es jurídicamente endeble y abre la puerta a litigios futuros de otros propietarios o inversores extranjeros.
El análisis contextualiza el escándalo dentro de una deuda institucional de tres décadas. Aunque la Península es Área Natural Protegida desde 1993 (Ley N° 2316), la mayor parte de su tierra es privada y recién tuvo su Plan de Manejo en 2022 (Decreto N° 303/2022) tras una intimación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese escenario de fragilidad regulatoria, que el Ejecutivo recurra a excepciones singulares y mantenga ocultos tanto los considerandos del decreto como la Declaración de Impacto Ambiental agrava la desconfianza ciudadana e institucional.
Finalmente, el documento eleva la discusión más allá de la política provincial al advertir que el Gobernador podría estar convalidando de hecho una operación que choca con límites federales indisponibles para una provincia: la prohibición nacional de venta a extranjeros de tierras lindantes con grandes lagos y glaciares (Ley N° 26.737) y los controles de seguridad de frontera.
Dicen que si tiene cuatro patas, pelo, cola y hace “guau” es un perro. Acá está claro que alguien no está entendiendo que lo obvio es un gran negocio9 que hace alguien a costilla del patrimonio natural santacruceño y que algunos “argentinos de bien” están ayudando y vaya a saber por cuánto. (Agencia OPI Santa Cruz)