AMIA: tras décadas de impunidad, la Justicia aplicará el juicio en ausencia

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El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves avanzar con la realización de un juicio en ausencia en el marco de la causa por el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La medida alcanza a diez acusados, entre ellos exfuncionarios del régimen iraní y miembros del grupo Hezbollah, quienes continúan prófugos desde hace décadas y sobre quienes pesan alertas rojas de Interpol.

La decisión se adoptó a partir de un pedido formal de la Unidad Fiscal AMIA, que encabezan los fiscales Sebastián Basso, Roberto Salum y Miguel Yivoff, y se sustenta en la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, aprobada por el Congreso Nacional en 2025. Esta norma permite que los procesos penales continúen aun cuando los imputados no se presenten ante la Justicia, siempre que exista evidencia de que eluden deliberadamente cualquier tipo de comparecencia legal.

El atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y es considerado uno de los mayores ataques terroristas en la historia argentina. Desde entonces, la investigación judicial se ha visto envuelta en dilaciones, encubrimientos y maniobras políticas, sin lograr hasta el momento llevar a juicio a los responsables señalados por los investigadores.

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La implementación del juicio en ausencia representa un giro relevante en la causa, al permitir que el expediente avance luego de décadas de estancamiento, en las que los imputados permanecieron protegidos fuera del alcance de la Justicia argentina. Según el criterio del juez Rafecas, la nueva ley habilita una herramienta judicial que responde al reclamo de verdad y justicia de los familiares de las víctimas, sin resignar garantías legales ni principios procesales.

Con esta resolución, el juzgado federal convocará las próximas instancias para avanzar en la organización del juicio, que se desarrollará con representación legal de los acusados designada por el Estado, conforme establece el nuevo marco normativo. (Agencia OPI Santa Cruz)

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