En una jornada legislativa cargada de tensiones políticas, la oposición logró este jueves 10 de julio avanzar en el Senado con el tratamiento de tres proyectos de fuerte impacto social que el oficialismo había intentado frenar: el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en Discapacidad. Con 42 votos afirmativos, 17 negativos y 3 abstenciones, senadores de la UCR, Unión por la Patria y bloques provinciales impusieron su mayoría para considerar válidos los dictámenes de comisión y habilitar el debate en el recinto.
El punto de conflicto estuvo centrado en la legalidad de los despachos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que habían sido cuestionados por el oficialismo libertario. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, sostuvo que esos proyectos no podían tratarse porque la comisión no había sido convocada formalmente por su titular, el senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche, y que, por lo tanto, se requería una mayoría agravada de dos tercios para incorporarlos al temario. Sin embargo, esa interpretación fue desestimada por la mayoría opositora, que argumentó que el pleno del cuerpo es quien tiene la última palabra para definir la validez de los dictámenes.
El jefe del bloque peronista, José Mayans, fue uno de los más enfáticos en rechazar el criterio del oficialismo. Señaló que no existe ninguna norma en el reglamento del Senado que condicione la validez de un dictamen a la firma del presidente de comisión y advirtió que intentar bloquear el debate sobre estos temas es una maniobra política que va en contra de las necesidades urgentes de la población.
Una vez superado el debate reglamentario, el Senado comenzó a tratar el proyecto que establece un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, acompañado de una suba del bono previsional que pasaría de 70.000 a 110.000 pesos. Se trata de una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y que forma parte de una serie de medidas con fuerte impacto fiscal. Según cálculos del Gobierno, su implementación representaría un gasto equivalente al 0,8% del PBI, motivo por el cual el presidente Javier Milei anticipó su rechazo y dejó abierta la posibilidad de recurrir al veto en caso de aprobación definitiva.
También quedó habilitado el tratamiento de la prórroga de la moratoria previsional, cuyo vencimiento en marzo dejó a miles de personas sin acceso a una vía de regularización para jubilarse, y la declaración de emergencia en materia de Discapacidad, un reclamo sostenido por organizaciones del sector ante la falta de recursos y cobertura adecuada. (Agencia OPI Santa Cruz)
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